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REGÍSTRATE AQUÍEntre múltiples materias, la norma establece que los derechos aprobados o reconocidos anteriormente seguirán vigentes, pero podrán extinguirse por no uso.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Martes 22 de noviembre de 2016 a las 18:53 hrs.
Luego de una extensa jornada de debate, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que reforma el Código de Aguas. Entre múltiples materias, la norma establece que los derechos aprobados o reconocidos anteriormente seguirán vigentes, pero podrán extinguirse por no uso.
Según información de Camara.cl, la iniciativa fue ampliamente analizada en tres comisiones: Recursos Hídricos, Agricultura y Hacienda, antes de presentarse en la Sala de la Cámara.
Sus líneas centrales son: reforzar el carácter de bien nacional de uso público del agua; reconocer las diversas funciones que el vital elemento pueda cumplir; permitir al Estado resguardar que en todas las fuentes naturales exista un caudal suficiente y limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento; y establecer, sin perjuicio de los actuales derechos de aprovechamiento, un nuevo tipo de permiso para el uso del agua, denominado concesión, intransferible e intransmisible, que se orienta a las funciones esenciales y prioritarias del recurso.
Los derechos de aprovechamiento, que se otorgan en función del interés público, podrán ser limitados en su ejercicio. Se define un límite de 30 años para el goce de la concesión, aunque ello será conforme a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero, por lo que la autoridad puede definir un plazo menor.
La propuesta también expresa que no se podrán constituir derechos de aprovechamiento en glaciares y que, en el caso de los territorios indígenas, el Estado velará por la integridad entre tierra y agua, y protegerá las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas, de acuerdo a las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
El ente persecutor presentó un informe ante el TDLC que cuestiona los pilares del sistema de contratación de obras del ministerio: la prohibición de inscripción de empresas relacionadas, las reglas de subcontratación y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos.
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