Que pasará mucho tiempo antes de que las empresas avícolas se atrevan a formar un nuevo gremio, es una idea que el jueves cruzó por la mente de muchos, tras conocerse el fallo del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) que, como parte de la sanción por colusión entre tres empresas de esta industria, ordenó la disolución de la organización que las representaba.
Sin embargo, con el paso de los días surgió una nueva idea: que independiente del mercado del pollo, el efecto rebote de este caso en otras compañías será mucho más importante que en el propio mercado avícola.
A partir de esta decisión inédita de la autoridad de ordenar el fin de la Asociación de Productores Avícolas (APA) , aunque en los ‘70 la Comisión Resolutiva marcó un precedente al ordenar el cese de una organización del sector molinero, la mirada se tornó hacia los gremios.
“Hay que saber distinguir entre asociaciones gremiales, porque algunas son realmente muy profesionales. Las del rubro agropecuario pueden tener ciertas características, como estar muy asociadas a empresas familiares, de campo, que las podría hacer muy distintas”, explica el abogado Pedro Pellegrini, socio de Guerrero Olivos.
A juicio del ex fiscal económico Pedro Mattar “todas las asociaciones gremiales tienen que estar preocupadas”, ya que, a su modo de ver, habría que entrar a legislar sobre qué es lo que pueden tratar y lo que no, aquellas que permiten la reunión de todos los competidores.
“La naturaleza de estas asociaciones gremiales está clara, pero sus objetivos, hasta dónde pueden llegar; qué cosas pueden plantear sus asociados en el seno de la organización, y cuáles son sus límites y derechos no está dicho. Hay un vacío”, apunta Mattar.
Insuficiencias
Aunque la primera postura pública de gremios como la Sofofa fue no pronunciarse respecto de la situación de la APA, con el paso de las horas, otras entidades como la Confederación de la Producción y del Comercio, y la Asociación de Bancos, fueron más firmes y condenaron estos hechos.
A nivel privado en algunos gremios plantean que en general no habría mucho que temer, porque las organizaciones han tratado de avanzar en implementar las directrices de buenas prácticas dictadas por el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, quien a lo largo de su gestión ha evidenciado un especial interés respecto de las eventuales conductas colusivas en el seno de los gremios empresariales.
En estos círculos se menciona que tanto las empresas como las organizaciones que las representan, han ejecutado auditorías y han contratado a abogados externos para adaptarse a este ordenamiento, aunque en varios casos, la inclusión de figuras como directores independientes o “controller” no ha sido fácil, dicen.
“En las asociaciones gremiales no bastará con acoger las recomendaciones que le haga la FNE (...) se deben profesionalizar”, dice Pellegrini y añade que esto implica redefinir su funcionamiento, por ejemplo, en el manejo de sus actas y otros registros, así como sumar a abogados independientes.
Otros especialistas dicen que las empresas deberían sacar de los directorios de sus gremios a sus ejecutivos y hacerse representar por profesionales externos, “que velen por el interés de la asociación y no por una empresa”, apuntan.
Sectores regulados
Pedro Pellegrini dice que las asociaciones gremiales que representan a operadores de servicios regulados deben ser doblemente custodiadas.
“Todas las asociaciones que lleguen directamente al consumidor atraen un mayor interés político, y por ende, un mayor poder investigativo. Esas deberían tener más cuidado”, dice el socio de Guerrero Olivos.
“Habría que preguntarse: ¿Las asociaciones gremiales tienen valor en una sociedad como la nuestra y en una economía de libre mercado? Si lo tienen o producen algún bien para los asociados que no las hagan incurrir en situaciones ilícitas, bueno, no las eliminemos, pero busquemos una forma en que sus miembros no caigan en situaciones infraccionales.
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