La Fiscalía Oriente se apresta a solicitar la segunda ronda de formalizaciones dentro del llamado Caso Penta. Sólo falta un trámite para definir el siguiente grupo de formalizados, cuentan cercanos a la investigación.
"La Fiscalía está afinando una nueva solicitud que debería ser presentada en el curso de esta semana", dijo el fiscal de Alta Complejidad Carlos Gajardo tras participar de lo que sería la audiencia de preparación del juicio oral del Caso FUT (ver nota secundaria).
El fiscal declinó comentar quiénes compondrían el segundo grupo de formalizados, indicando que "se comunicará oportunamente al tribunal, que es el primero que debe estar en conocimiento y a los imputados (...) no vamos a hacer ningún comentario antes de hacer la solicitud formal, pero sí advertimos que estamos prontos a hacer una segunda solicitud".
Cercanos al caso dicen que a quienes se pedirá formalizar será el grupo compuesto por Hugo Bravo, ex ejecutivo del grupo Penta; a Marcos Castro, gerente de contabilidad del holding; y a Iván Álvarez, ex funcionario del Servicio de Impuestos Internos.
Bravo sería formalizado por delito tributario; Castro por presentar declaraciones de impuestos ideológicamente falsos y también por soborno, algo de lo que también se acusaría a Bravo. Finalmente Álvarez, sería formalizado además de delito tributario, por lavado de activos y cohecho.
La solicitud de formalización se pedirá hacia fines de esta semana, probablemente el viernes, y estará supeditada a una declaración adicional que tomará el fiscal Gajardo en los próximos días, esta vez a una persona que hasta ahora no había aparecido en el caso, pero que pudiera ser incluida en este grupo.
En tanto, paralelamente se prepara un tercer grupo de formalizados, donde estarían los políticos involucrados hasta ahora (Ena Von Baer, Iván Moreira, Pablo Zalaquett, Jovino Novoa, Pablo Wagner, entre otros).
Diligencias en SQM
Respecto de la arista Wagner-SQM, entendidos aseguran que el próximo paso de la fiscalía sería la revisión de las boletas que son parte del material incautado en el allanamiento del viernes pasado en las oficinas de Soquimich.
En este punto, el trabajo sería determinar si existen otros políticos que habrían recibido dineros con boletas ideológicamente falsas, además de los dos mencionados hasta ahora -Wagner y Zalaquett-; luego, quién recibió las boletas, que en la arista Penta fueron Dora Pérez y Marcos Castro. En el caso de las esposas de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y Hugo Bravo, en el caso de los políticos.
Una vez que esta persona sea identificada, sería llamada a declarar ante la fiscalía, para conocer quién dio la orden de pago -que en la arista Penta, habrían sido Lavín y Délano-.
Respecto de nuevas diligencias, como llamar a declarar a Ena Von Baer o Iván Moreira, el fiscal Gajardo señaló que "la fiscalía no ha tomado ninguna decisión. Cuando se decreten diligencias se efectuarán", dijo.
Superintendente Carlos Pavez: SVS y Penta: "El riesgo reputacional existe"
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) hizo ayer una evaluación muy similar a la que realizó la SBIF la semana pasada ante la comisión investigadora del caso Penta sobre la situación financiera y solvencia del grupo y los potenciales efectos en el sistema financiero. Ello en medio del escándalo en el que están implicados los dos fundadores y controladores del grupo, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano.
"El riesgo reputacional efectivamente existe y eso es lo que motiva a que nosotros hayamos intensificado las actividades de monitoreo y fiscalización sobre las entidades del grupo", afirmó el superintendente, aunque advirtió que hasta el momento "no hemos observado ningún tipo de incumplimiento en los indicadores requeridos, tanto a nivel legal como normativo, particularmente a las distintas entidades pertenecientes al grupo Penta", dijo Pavez.
Se suspende audiencia
En tanto, durante la mañana de ayer estaba programado que se realizara la audiencia de preparación del juicio oral de la arista del fraude al FUT, que originó el Caso Penta. Sin embargo, la misma fue suspendida por el tribunal pues algunas defensas plantearon que no habían tenido acceso a ciertos documentos, debido a que el Ministerio Público no los había hecho llegar.
El juez decretó entonces reagendar la audiencia para el próximo 23 de febrero, dando, además, siete días para que la fiscalía digitalice los documentos que faltan.
En la misma cita, las defensas de los ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, Iván Álvarez y Juan Carlos Prieto, pidieron que se levantaran medidas cautelares que penden sobre ellos, lo que fue rechazado por el tribunal.
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