A más de un año de que estallara el conflicto entre la concesionaria española OHLA y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) por la Red Biobío, la construcción de los cuatro hospitales que integran el proyecto sigue sin lograr despegar.
Y es que, pese a que ambas partes alcanzaron un acuerdo a fines del año pasado para evitar el término anticipado de la concesión y dar continuidad a las obras -avaluadas en US$ 325 millones-, éste aún no ha sido formalizado. La situación mantiene pendiente la activación del financiamiento necesario para ejecutar la mayor parte de las faenas, dificultando que los proyectos retomen un ritmo normal de construcción.
El entendimiento, alcanzado en noviembre de 2025, establecía que los diseños y prestaciones de los hospitales de Santa Bárbara, Nacimiento, Coronel y Lota se mantendrían sin modificaciones. A cambio, se acordó extender los plazos de entrega de los recintos hasta 2030.
Sin embargo, el acuerdo sigue sin transformarse en un decreto vigente. Actualmente es revisado por las nuevas autoridades del MOP y del Ministerio de Salud, además de organismos como la Dirección de Presupuestos (Dipres) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Posteriormente deberá completar su tramitación administrativa y obtener la respectiva toma de razón.
Según fuentes conocedoras de las conversaciones, al proceso todavía le restan al menos tres meses adicionales y no se descarta que el año concluya sin que el acuerdo quede completamente visado.
Mientras ello no ocurra, los hospitales continúan avanzando a un ritmo muy inferior al contemplado originalmente. Según el último informe de la Dirección General de Concesiones (DGC), al cierre de abril el Hospital de Santa Bárbara registraba un avance de 18%; el de Nacimiento, de 17%; el de Coronel, de 4,68%; y el de Lota, de 4,7%.
569 camas entrarán en operación con la red
Las cifras contrastan con el cronograma original, que estipulaba que al cierre de 2025 las obras debían exhibir avances cercanos al 60% y el primero de los hospitales debía iniciar su puesta en servicio provisoria durante este año, mientras que los demás tenían contemplada esa etapa para 2027.
Así, la entrada en operación de una red hospitalaria que contempla 569 camas y 16 pabellones quirúrgicos continúa acumulando retrasos.
Consultados al respecto, ni el MOP ni OHLA emitieron comentarios.
El mercado
Algunas fuentes de la industria advirtieron que, incluso si el acuerdo logra destrabarse, la concesionaria podría enfrentar un segundo desafío: conseguir el financiamiento para las obras.
Según estas voces, la historia reciente de la concesión podría dificultar el interés de potenciales financiadores. A ello se suma la situación que enfrentó la filial OHLI y su proceso de liquidación forzosa, factor que, aseguraron las fuentes, podría generar mayores exigencias por parte del mercado.
Sin embargo, cercanos a OHLA sostuvieron que el escenario sería distinto. Explicaron que el proceso de financiamiento de otra de sus concesiones hospitalarias, el Instituto Nacional del Cáncer, ha avanzado de manera favorable durante los últimos meses.
US$325 millones es la inversión total de la obra
De hecho, afirmaron que ya existen diversas entidades interesadas en participar de esa operación y que el cierre financiero podría concretarse próximamente.
Por ello, señalaron que si el MOP termina aprobando el acuerdo y se modifican las condiciones contractuales, no debería resultar complejo obtener los recursos para la Red Biobío. A su juicio, el avance observado en el financiamiento del Instituto Nacional del Cáncer demostraría que la empresa cuenta con respaldo por parte del mercado.
La historia
Cabe recordar que el origen del conflicto radica en que la concesionaria no logró cumplir los avances mínimos exigidos por el contrato durante la etapa de construcción.
Según las bases de licitación, los cuatro hospitales debían alcanzar un 15% de ejecución entre fines de 2024 e inicios de 2025, meta que no se concretó. Tampoco se cumplió el segundo hito, que contemplaba un avance de 35% en plazos que variaban entre los primeros meses y agosto de 2025, dependiendo de cada recinto.
Frente a este escenario, el MOP optó por judicializar el conflicto y solicitó a la Comisión Arbitral que declarara un incumplimiento grave por parte de la concesionaria, buscando incluso poner término anticipado al contrato al considerar que los retrasos eran imputables a la empresa.
En respuesta, OHLA presentó una contrademanda por UF 1.465.290 -equivalentes a unos US$ 65 millones-, acusando incumplimientos por parte del Estado. Ambas acciones quedaron suspendidas tras el acuerdo alcanzado entre las partes en noviembre del año pasado.
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