Dos recursos de reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago amenazan con judicializar el megaproyecto inmobiliario Maratué, ligado a la familia Lería Luksic, que considera construir, en un horizonte de 45 años, un máximo de 14.180 viviendas en Puchuncaví, con una inversión de US$ 2.000 millones.
Luego de que el Comité de Ministros respaldara la iniciativa, opositores recurrieron al juzgado ambiental cuestionando la obra. Hasta el cierre de esta edición, el tribunal mantenía las reclamaciones en análisis de admisibilidad.
Frente a las acciones judiciales, Claudia Lería, directora ejecutiva de Maratué, afirmó que el proyecto se emplaza en un terreno con condición urbana definida por la planificación vigente y que, en sus palabras, ha cumplido con todas las exigencias de las autoridades.“Respetamos el derecho de terceros a recurrir a los tribunales y defenderemos el proyecto en esa instancia. Seguiremos trabajando con una mirada de largo plazo, convencidos de que es posible compatibilizar desarrollo y conservación para el futuro de Puchuncaví”, sostuvo.
El proceso
Una de las acciones ante el Tribunal Ambiental es liderada por Ricardo Frez Figueroa, coordinador ejecutivo de la ONG Defensa Ambiental, en representación de 23 personas naturales. Otra es de Alejandra Donoso, en representación de Katta Alonso, activista ambiental y fundadora de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia Quintero-Puchuncaví.
Las reclamaciones se presentaron luego de que, el pasado 13 de abril, el Comité de Ministros ratificara la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable otorgada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso en octubre de 2024, y rechazara las reclamaciones presentadas contra el proyecto.
“Respetamos el derecho de terceros a recurrir a los tribunales y defenderemos el proyecto en esa instancia”, dijo Claudia Lería, directora ejecutiva de Maratué.
Esta es la segunda RCA obtenida por el proyecto: la primera fue emitida en 2019 de manera unánime, pero en 2021 el Comité de Ministros decidió retrotraer su evaluación en cuatro puntos de los 19 analizados.
A partir de ello, entre 2022 y 2024 la iniciativa se abocó a responder los requerimientos del Comité de Ministros a través de las autoridades regionales e incorporó al estudio Foster + Partners, junto a la oficina BL Arquitectos, para el diseño y master plan final del proyecto.
Los cuestionamientos
En su recurso de reclamación, la abogada Alejandra Donoso dijo que, durante el Proceso de Participación Ciudadana (PAC), su representada Katta Alonso presentó una serie de observaciones, una de ellas relativa al abastecimiento de agua y tratamiento de aguas servidas del proyecto. “El agua es un requerimiento esencial cuya falta de certeza técnica impide una adecuada evaluación ambiental sobre un territorio especialmente vulnerable hidrológicamente, configurando una carencia de información relevante y esencial que debería haber motivado el rechazo del EIA (Estudio de Impacto Ambiental)”, sostuvo.
Luego, apuntó a la respuesta del Comité de Ministros, pues _a su juicio_ su observación no fue “debidamente” considerada en la resolución recurrida.
“El Comité de Ministros incurre en una clara incongruencia con el principio preventivo, por cuanto la observación advertía explícitamente sobre la falta de información relevante y esencial. Al negarse a reevaluar el abastecimiento hídrico bajo el pretexto de que ya fue abordado correctamente, el Comité de Ministros permite que un proyecto de 14.180 viviendas se emplace en una zona de escasez hídrica crítica sin un análisis actualizado de la disponibilidad del recurso, lo que constituye una infracción a la debida consideración de las observaciones sobre la calidad de vida y servicios básicos”, dijo la abogada, quien añadió: “La resolución reclamada desconoce antecedentes relevantes aportados por quienes habitan el territorio y han experimentado directamente las consecuencias de décadas de degradación ambiental, privando a la autoridad de información esencial para adoptar una decisión debidamente fundada”.
Más categórico fue el abogado Frez Figueroa, quien solicitó al tribunal rechazar el proyecto reclamado.
“Podemos concluir que el proceso de evaluación ambiental del proyecto ‘Desarrollo Urbano Habitacional Maratué de Puchuncaví’ ha incurrido en una serie de ilegalidades e irregularidades técnicas que no permiten establecer que las observaciones planteadas por la ciudadanía han sido debidamente abordadas y respondidas por la autoridad ambiental a lo largo de la evaluación ambiental. Más aún considerando la actuación ilegal del Comité de Ministros en la resolución recurrida, al validar en su plenitud los argumentos esgrimidos por el titular, y en base a los cuales se sustenta la aprobación del proyecto”, sostuvo el jurista.
Desde Maratué destacan que el proyecto se desarrolla sobre 1.015 hectáreas, con un fuerte énfasis en primera vivienda, que representa cerca del 70% de la oferta proyectada.
Asimismo, han insistido en que la obra considera más de 2.100 viviendas subsidiadas, acogidas a programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, destinadas principalmente a familias de la comuna y su entorno, y que más del 50% de la superficie total será destinado a áreas verdes, corredores ecológicos y espacios de conservación, incluyendo 125 hectáreas para la protección de bosque esclerófilo y hábitats de fauna local, además de dos humedales urbanos.
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