Una compensación que alcanza las UF 921 mil -unos US$ 40 millones- es la que está solicitando la sociedad concesionaria Ruta del Loa, ligada a Isa Vías, al Ministerio de Obras Públicas (MOP). ¿La razón? El conflicto que mantuvo la empresa con las comunidades indígenas colindantes a la carretera, el cual terminó paralizando las obras durante cuatro años.
La historia se remonta a algunos ejercicios atrás, cuando la concesionaria tuvo que comenzar construyendo un lugar determinado de la carretera -específicamente el Sector B-, el cual contempla la construcción de un viaducto sobre el río Loa en el sector de Yalquincha.
Así, según se desprende del escrito de discrepancia ingresado al Panel Técnico de Concesiones, la sociedad ingresó en julio de 2019 el Estudio de Impacto Ambiental al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, proceso que concluyó con la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable en octubre de 2020.
Durante esa evaluación, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) concluyó que las obras no generaban una afectación directa a las comunidades que hiciera necesaria una consulta indígena.
Sin embargo, una vez iniciada la ejecución del proyecto, comenzaron los primeros problemas con las comunidades atacameñas Kamac Mayu Hijos de Yalquincha y Yalquincha Lickan Ichai Paatcha. De acuerdo con la presentación de la empresa, el primer episodio ocurrió en octubre de 2021, cuando un equipo fue amenazado por un habitante del sector que se identificó como representante de la comunidad, obligando a suspender las labores.
Apenas dos días después, continúa el relato, representantes de la comunidad bloquearon el acceso al valle mediante barricadas y vehículos, impidiendo el ingreso de trabajadores de Ferrovial -contratista principal de la obra-. Durante noviembre de ese mismo año también se registraron nuevas agresiones contra equipos de topografía y monitoreo ambiental.
Frente a estos hechos, la sociedad aseguró haber solicitado en reiteradas oportunidades al Inspector Fiscal que coordinara la presencia de Fuerzas de Orden para resguardar la seguridad de los trabajadores y permitir el desarrollo normal de las faenas; lo que “ nunca ocurrió”.
Así, el conflicto alcanzó su punto más crítico en abril de 2022, cuando una trabajadora fue agredida físicamente por un residente del valle. La trabajadora "realizaba un monitoreo de aguas superficiales del Río Loa, fue agredida físicamente por un residente del valle. El agresor lanzó un portón metálico hacia ella, provocándole una contusión erosiva en el brazo izquierdo", narró la firma.
Tras ese episodio, Ferrovial decidió detener las actividades en el sector; lo que llevó a la concesionaria a solicitar formalmente al MOP la suspensión de las obras hasta que existieran condiciones mínimas de seguridad para sus trabajadores.
La arista judicial
Mientras el conflicto se desarrollaba en terreno, las comunidades también impulsaron una ofensiva judicial para dejar sin efecto la RCA del proyecto.
Tras una serie de reclamaciones administrativas rechazadas por el SEA, en noviembre de 2022 presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, argumentando que la iniciativa debía haber considerado una consulta indígena.
A fines de ese año, el tribunal acogió la acción y ordenó retrotraer el proceso de evaluación ambiental para realizar dicha consulta, decisión que, en la práctica, dejaba sin efecto la RCA que habilitaba la ejecución de las obras.
En ese contexto, y aunque los trabajos permanecían paralizados desde abril de 2022 producto del conflicto con las comunidades, el MOP formalizó la suspensión del Sector B en agosto de 2023.
Sin embargo, el conflicto judicial continuó. El SEA apeló la sentencia y, en enero de 2024, la Corte Suprema acogió el recurso y revocó íntegramente el fallo. El máximo tribunal concluyó que el proyecto no generaba una afectación directa sobre las comunidades que hiciera obligatoria una consulta indígena, por lo que la RCA se mantuvo plenamente vigente.
Con todo, la resolución de la Corte Suprema no implicó la reanudación inmediata de las obras. La propia resolución mediante la cual el MOP había suspendido el contrato establecía que, una vez zanjada la controversia judicial, debía dictarse un nuevo acto administrativo para definir los nuevos plazos, hitos de avance, eventuales obras adicionales y las compensaciones que correspondieran.
Según sostuvo la empresa, ese acto debía emitirse dentro de los 90 días siguientes a la sentencia definitiva. Sin embargo, el decreto que ordenó reanudar las obras recién fue publicado el 13 de abril de 2026, más de dos años después del fallo de la Corte Suprema.
Los perjuicios reclamados
Durante esos años, la sociedad sostuvo múltiples reuniones con el MOP para acordar la reprogramación de los plazos de construcción, adecuar los hitos contractuales y definir las compensaciones económicas derivadas de la paralización. Sin embargo, aseguró que nunca existió un reconocimiento de esos perjuicios y que incluso la autoridad les comunicó que no modificaría los plazos comprometidos originalmente.
“Según se nos informó, la negativa al reconocimiento de las compensaciones que proceden y la demora en la reanudación del proyecto se habría debido principalmente a problemas presupuestarios”, se deprende de la discrepancia.
Frente a ese escenario, la empresa escaló el caso al Panel, argumentando que la suspensión alteró completamente la planificación del contrato, ya que los sectores A y B habían sido concebidos para ejecutarse simultáneamente.
Ello, declaró la sociedad, obligó a mantener equipos de gestión, personal e infraestructura durante un período "considerablemente mayor" al previsto originalmente, además de conservar maquinaria especializada disponible para una eventual reanudación de las obras.
A ello se suman pérdidas asociadas al almacenamiento prolongado de acero destinado al viaducto de Yalquincha, los costos de mantener en condición de espera la planta de asfalto y otros equipos, además de sobrecostos derivados del transporte de materiales y de la administración del proyecto.
"Lo anterior no deja más alternativa a esta parte que recurrir al Honorable Panel Técnico de Concesiones para que, mediante su análisis de esta discrepancia, recomiende al MOP actuar con apego a la regulación que rige este contrato y tomar medidas para dar viabilidad a la ejecución de la obra", enfatizó la concesionaria.
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