En un año marcado por grandes transformaciones en la estructura societaria del grupo -que llegó a su punto máximo en agosto pasado al materializar la división de Chilquinta Energía en cinco sociedades que permitirán el desarrollo de las líneas de negocios y cumplir la ley corta de distribución-, la empresa Chilquinta siguió atenta al devenir de la regulación local.
Si bien la china State Grid, dueña de Chilquinta, advertía en 2020 el impacto de la ley de servicios básicos que impedía el corte por no pago, se agregó un nuevo elemento en el análisis. Así lo dejó entrever el presidente del directorio de Chilquinta Distribución, Yumeng Zhao, quien en su carta a los accionistas en la memoria anual concentró su atención en el proceso de tarificación de la distribución eléctrica que ha tenido un complejo caminar.
“Este ineficiente proceso regulatorio impide avanzar en otorgar un mejor servicio a los clientes y desincentiva la incorporación de nuevas tecnologías”.
Yumeng Zhao, presidente del directorio de Chilquinta Distribución.
Zhao recalcó que el sector de la distribución eléctrica es -por ejemplo- muy intensivo en inversiones de infraestructura eléctrica en tecnología, agregando que es un sector con procedimientos y procesos avanzados y complejos, que permiten mantener la seguridad, continuidad y calidad de servicio.
Pero el directivo alertó: “Esta condición, lamentablemente no ha sido recogida en el proceso tarifario correspondiente al cuadrienio noviembre 2020– 2024, es así como los estudios para el cálculo de los componentes del Valor Agregado de Distribución han mostrado una teorización extrema, que no refleja ni permite desarrollar el sector. A lo anterior se suma la tardanza en la entrega de la señal tarifaria, la cual lleva un retraso de casi dos años”.
En este escenario, Yumeng Zhao enfatizó que “este ineficiente proceso regulatorio impide avanzar en otorgar un mejor servicio a los clientes, desincentiva la incorporación de nuevas tecnologías en la industria, lo que aleja las expectativas de convertir al mercado chileno en uno más competitivo y acorde a las exigencias que la ciudadanía tiene en la actualidad”.
Impactos económicos
Sobre la ley de servicios básicos, Zhao indicó esta vez que los efectos económicos que ha originado la pandemia han representado una carga financiera “extremadamente relevante para la empresa”. Según explicó, pemitió que familias apremiadas por la imposibilidad de pagar las cuentas no lo hicieran sin tener efectos negativos. Pero, dijo, “este beneficio ha sido mal utilizado por un grupo de clientes con altos consumos, quienes también se han acogido al beneficio, originando deudas relevantes con el consecuente efecto en la liquidez de la compañía”.
Aun cuando sostiene que han estado disponibles para ayudar a sus clientes, aclaró que el segmento de la distribución -que representa una proporción menor de la cadena de suministro- “ha debido asumir injustificadamente la componente del costo de generación y transmisión de las cuentas a los usuarios finales, por lo que no resulta equitativo que se pretenda que, adicionalmente, las empresas distribuidoras asuman, sin compensación alguna, una parte de la morosidad”.
Auge de campamentos
Yumeng Zhao también reiteró la situación que se vive en los asentamientos irregulares que se han profundizado con la pandemia, proliferando -según dijo- “en nuestra zona de concesión campamentos ilegales que, en algunos casos, permanecen conectados de manera irregular a las redes de distribución eléctrica”.
Esto, detalló, no sólo afecta la confiabilidad del sistema en desmedro de la calidad de servicio de sus clientes, sino que también aumenta el riesgo de ocasionar incendios.
“Esta realidad identificada como un problema estructural, tampoco es reconocido en el modelamiento tarifario, pretendiendo que la empresa distribuidora asuma el costo de los hurtos de energía, casi en su totalidad”, sostuvo.
A pesar del trabajo coordinado que dijeron realizar con distintos actores para hallar soluciones dentro del marco legal, sigue existiendo -plantea- “una vasta carga financiera derivada de la absorción de los consumos generados por los habitantes que viven en esta condición”. “Las soluciones definitivas a esta problemática, que aqueja a miles de familias en Chile, deben ser atendidas por el Estado mediante políticas públicas que aseguren las condiciones y estabilidad del mercado de la distribución de energía eléctrica del país”, dijo.
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