El proyecto de ley de protección tarifaria eléctrica quedó este miércoles en condiciones de convertirse en ley, luego de que la Cámara de Diputados ratificara las enmiendas introducidas por el Senado a la iniciativa -conocida como "Ordenemos las cuentas"-, que busca saldar la deuda acumulada con las distribuidoras producto de los retrasos en los procesos tarifarios y ampliar el subsidio eléctrico hasta 2027.
El mensaje se hace cargo de un pasivo que a la fecha supera los US$ 900 millones con las empresas distribuidoras. "La SEC está obligada a cobrar en 48 cuotas y con intereses. Por eso, la pregunta es si la deuda se paga de la forma más cara y desigual, o de una forma ordenada, proporcional y con protección social", planteó durante la votación en Sala la ministra de Energía, Ximena Rincón.
La secretaria de Estado detalló el mecanismo de reembolso: "Los clientes reembolsarán en cuotas pequeñas, con cargos de $ 5 por kWh, que parte recién el 2028 y se extiende hasta el 2035. Hoy, todas las boletas cargan $ 22 por kWh por la deuda con las generadoras, y ese cargo baja a $ 9 en 2028 y ese año le sumaremos $ 5 pesos al mes".
Además del esquema de pago gradual, la iniciativa extiende el subsidio eléctrico para 2027, permite la renegociación de contratos y entrega mayor transparencia en transmisión. Entre sus objetivos declarados están mitigar el impacto de las alzas eléctricas, otorgar estabilidad y certeza regulatoria al sistema, mejorar la calidad y resiliencia del suministro, y fortalecer el control del sector.
Protocolo de acuerdo
El proyecto fue informado por la presidenta de la Comisión de Energía y Minería, senadora Yasna Provoste, quien recordó que la instancia realizó más de 16 audiencias durante la tramitación.
La parlamentaria detalló que en el marco de la discusión se alcanzó un protocolo de acuerdo para trabajar una serie de materias complementarias, entre ellas: modernización en distribución e inversiones para mejorar la calidad del servicio; una hoja de ruta para los procesos tarifarios; mayor transparencia y verificabilidad de los mecanismos; soluciones estructurales para la eficiencia del sistema; y, para las personas electrodependientes, explorar adecuaciones que permitan un descuento al consumo real de sus equipos.
Entre las enmiendas aprobadas en particular destaca un artículo transitorio que establece que, ante cortes o incumplimientos del servicio, las compensaciones no serán financiadas por los clientes.
Debate marcado por el temporal
Las intervenciones en Sala estuvieron cruzadas por los estragos del sistema frontal que afecta al país y los cortes de suministro en las zonas bajo estado de catástrofe. Los senadores dejaron constancia de la situación de diversas regiones y llamaron a asegurar el suministro y las compensaciones a los usuarios afectados.
Entre los argumentos a favor, se sostuvo que el proyecto "no sube la cuenta, sino que ordena una deuda heredada, que solo esta ley permite pagar de manera gradual y equitativa", y que la deuda "se cobra con o sin ley": sin la normativa, el cobro sería de una sola vez, con intereses y sin subsidio.
No obstante, pese al respaldo mayoritario, se plantearon cuestionamientos en orden a que la iniciativa "le cobra lo mismo a todos, sin distinción" y que "millones de familias (...) terminarán pagándole a grandes empresas", sin diferenciar entre clientes ni realidades regionales. También se expresaron dudas sobre las modificaciones de contratos y la relación asimétrica con los clientes.
En la sesión intervinieron, entre otros, los senadores Iván Moreira (UDI), Renzo Trisotti (Republicano), Fabiola Campillai (Indep), Matías Walker (Demócratas), Karol Cariola (PC), Beatriz Sánchez (FA), Karim Bianchi (Indep.), Alfonso de Urresti (PS), Iván Flores (DC), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Gustavo Sanhueza (UDI), Alejandro Kusanovic (Republicano), Paulina Vodanovic (PS) y Arturo Squella (Republicano).
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Valeria Ibarra
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