La colombiana ISA está contra las cuerdas y corre contra el tiempo para tratar de poner en operación con el menor retraso posible la línea de transmisión eléctrica Cardones-Polpaico. Con 753 kilómetros de extensión y US$ 1.000 millones de inversión, esta obra atraviesa cuatro regiones (desde Atacama a la Metropolitana) y es la mayor de su tipo ejecutada nunca en el país.
Además de su envergadura este tendido tiene un rol estratégico, pues no sólo descongestionará el transporte de energía en el Sistema Interconectado Central (SIC), lo que permitirá aumentar la producción de ERNC en el Norte Chico, lo que implica una baja de costos y de emisiones, sino que también es vital para viabilizar la interconexión de esta red y la del Norte Grande (SING).
En la industria ya es un secreto a voces que el tendido presenta un retraso hasta ahora menor, de dos a cuatro meses, que impedirá cumplir la meta de tenerlo en operación en diciembre de 2017, como comprometió la presidenta Michelle Bachelet al inicio de su actual mandato. Esto implica adelantar un año los sesenta meses que la empresa tenía originalmente para concretar la iniciativa.
Sin embargo, la empresa, que declinó comentar al respecto, inicia hoy un mes crítico para tratar de evitar que este desfase sea mucho mayor, pero el desafío es grande porque tiene menos de 30 días para destrabar una serie de tramitaciones ante servicios públicos, como las concesiones eléctricas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que fijan las servidumbres de terreno para instalar las torres y cuya tramitación en cada caso puede tomar más de 500 días.
A ello se suman las más de 150 carpetas de permisos ambientales sectoriales (posteriores a la aprobación ambiental) que están pendientes hace casi un año ante la Conaf y que también son requisito para poder avanzar en la construcción.
Carlos Finat, director ejecutivo de Acera, gremio que agrupa a los desarrolladores de ERNC, reconoce que la preocupación en la industria es transversal por lo estrecho de los plazos y asegura que "es un hecho objetivo que si la línea no se pone en marcha todo el país pierde, porque al no aprovechar todo el potencial de las energías renovables se está perdiendo el beneficio de reducir emisiones y bajar los costos, mientras no se haya instalado la última torre".
La estimación del sector es que las restricciones para inyectar toda la capacidad de ERNC disponible en la parte norte del SIC implican pérdidas anuales de US$ 30 a US$ 60 millones.
Nueva amenaza
Ahora, la empresa enfrenta una tercera amenaza: el riesgo de tener que repetir el trámite ambiental de una parte de tendido, en virtud de un duro informe que Conaf le remitió al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en el marco de la consulta de pertinencia que Interchile presentó a principios de octubre para determinar si el cambio del trazado en tres zonas requiere ser evaluado o basta con el permiso que ya tienen, dado que en todos los casos, el traslado no supera los 100 metros.
Una de las zonas donde la empresa está dispuesta a cambiar la ubicación de las torres es Zapallar donde buscan evitar cruzar por un aeródromo que sería propiedad del empresario Juan Sutil.
La Corporación Forestal, cuyos técnicos han sido especialmente críticos frente a otros importantes proyectos del sector energético, respondió en un oficio que no podía pronunciarse respecto del tema porque la información que Interchile proporcionó en la pertinencia era insuficiente y alejada del estándar del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto inicial.
Conocedores de estos temas interpretan la postura de Conaf frente al requerimiento formulado el 2 de noviembre con un plazo de respuesta diez días hábiles y que el SEA recibió recién el 24 de ese mes, como una condicionante al servicio para que al menos le pida antecedentes adicionales a la empresa, lo que vuelve a reducir el margen de acción en materia de plazos, los que para la colombiana ya no alcanzan.
Las fuentes indican que lo anterior incluso podría dar pie a que el SEA resuelva que el cambio de trazado debe ser tramitado ambientalmente, lo que dejaría a la empresa en el peor de los escenarios, porque implicaría al menos un año más de procesos.
Acelerar los procesos
El superintendente de Electricidad y Combustibles (SEC), Luis Ávila, admite la posibilidad de retraso en la línea, pero esto se debe –dice- esencialmente a errores cometidos por la empresa en la fase inicial de la solicitud de concesión, donde se requiere entre otras cosas identificar a los propietarios de los terrenos, lo que obligatoriamente prolonga la tramitación por parte de la SEC, algo que la industria relativizan, pues explican que si bien se pueden cometer errores, el organismo puede tardar hasta seis meses en pedir la rectificación para retomar el proceso.
En virtud de una modificación legal realizada en el gobierno de Sebastián Piñera, que buscaba acelerar estos trámites, Interchile optó por fraccionar la solicitud de concesiones para avanzar en las pocas zonas donde no tenían problemas. Esta práctica implicó que la empresa pasó de trece solicitudes iniciales a más de 55, de las cuales aún tendrían pendientes del orden de 20.
Una dificultad es que este importante número de expedientes, que son resueltos por un equipo de 18 personas, en un momento convivió con aquellas presentadas por otros proyectos de magnitud, como la línea de interconexión SIC- SING, la que según indicó el titular de la SEC ya finalizó el proceso.
Ávila comenta que en las concesiones no está la presión principal para Interchile, ya que tienen el 91% de la franja liberada en un proceso que –comentan conocedores- considera acuerdos amistosos con los dueños de las propiedades por la que pasa la línea, convenios que la empresa de todas formas tramitó como concesión para tener certeza jurídica y transparentar la operación, ya que en este procedimiento el precio a pagar es fijado por una comisión tasadora.
Hasta ahora la empresa ha avanzado en la instalación de las subestaciones que son parte de la línea y también constituyeron varios frentes de trabajo para levantar torres en todos los puntos que han logrado liberar, lo que ha presionado el presupuesto hasta el punto en que el sobrecosto se volvió una posibilidad real.
El problema, comentan las fuentes, es que las zonas disponibles ya se están acabando y pese a que la empresa ya importó todos los insumos que requiere, no tiene donde seguir trabajando y por requerimiento técnico mientras no instalen la última de las torres no pueden colgar los 24 cables que soportarán estas estructuras y ahí ese 9% de terrenos donde todavía no pueden acceder se vuelven valiosos.
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