Sorpresa, revuelo y un extenso debate generó la resolución N° 69, que el martes de la semana pasada emitió el Servicio de Impuestos Internos (SII).
En ella, la autoridad resolvió abrir la puerta y habilitar una vía para que operadores de servicios de casas de apuestas, casinos y juegos de azar en línea, sin domicilio en Chile, comiencen a “cumplir con sus obligaciones tributarias” y paguen el IVA Digital.
La medida no pasó desapercibida dentro de la industria, puesto que se enmarca en medio de dos contextos paralelos. Por un lado, la actual tramitación de la ley que busca regular este tipo de plataformas en Chile, que hoy se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado; y, por otro, el mandato de la Corte Suprema (de 2025) en el que instruyó a las principales empresas de telecomunicaciones bloquear estos sitios producto, precisamente, por declarar su ilegalidad en el país.
De hecho, tras ser oficiada a fines de mayo, se espera que prontamente la Subsecretaría de Telecomunicaciones indique la vía para realizar el bloqueo.
Consultada, la presidenta de Asociación de Casinos, Cecilia Valdés, apuntó a que la señal del SII es “profundamente contradictoria”, pues permitir que las plataformas paguen impuestos “puede ser leído como una validación indirecta”.
A su juicio, “el orden importa: primero se regula, se autoriza y se fiscaliza; después se recauda. Hacerlo al revés debilita la coherencia del Estado”.
Desde el continente europeo, el director ejecutivo de Innovation and Standards del Betting and Gambling Council de Reino Unido (entidad que hoy representa al 90% de toda la industria de juego allá, incluidos casinos físicos y online), Wes Himes, cuestionó la medida en conversación con DF, puesto que –a su juicio– no hoy sería compatible cobrar un impuesto como el IVA a las plataformas en línea bajo un marco legal que aún no las reconoce como lícitas en el país.
La movida del SII, a juicio del experto inglés, “simplemente deja una enorme interrogante jurídica”.

Jorge Trujillo, director del SII; Cecilia Valdés, presidenta Asociación de Casinos y Wes Himes, director ejecutivo Standards and Innovation de Betting and Gambling Council. Fotos: Verónica Ortíz y Aton
Incertidumbre legal
Para Himes, la resolución de la autoridad chilena deja abierta una pregunta en particular.
Dado que hoy los operadores no están legalmente regulados en Chile, “¿significa que, si un operador paga el impuesto, el Estado efectivamente lo protegerá? Además, si hay operadores que pagan el impuesto, presumiblemente habrá operadores que no lo hagan, ¿y bajo qué fundamentos o por qué medios podría el Estado perseguirlos? Esa incertidumbre jurídica genera problemas en muchos aspectos”, apuntó.
Para el británico, sería difícil operar en un sistema así. “Porque incluso, si un operador paga el impuesto, este no tiene ninguna protección legal como tal, porque no hay nada allí que diga que son legales (...) y obviamente los operadores necesitan certeza de que son legalmente reconocidos en el país y, por lo tanto, tienen una obligación de pagar el impuesto, ya sea el VAT (el equivalente al IVA, en inglés) o por el juego”, señaló.
Por eso, hizo énfasis en la importancia de que cualquier tributación en la materia venga acompañada del reconocimiento de la legalidad del operador.
De hecho, Himes afirmó que esa la ruta “normal” a nivel internacional: “La mayoría de las jurisdicciones establece un régimen de licencias que permite a un operador postular y obtenerla; y, en el momento en que esa licencia entra en vigencia, entonces se le aplica el impuesto”.
Estas regulaciones, eso sí, según su experiencia, deben venir acompañadas de un enfoque de parte del Estado para garantizar que el mercado legal pueda competir efectivamente contra el ilegal.
Consultado por las aprensiones generadas por el uso de estas plataformas de parte de menores de edad, el inglés fue tajante: “El juego en línea está ocurriendo en Chile ahora mismo. Por lo tanto, todo esto hoy se desarrolla técnicamente con operadores ilegales”. Regular estos operadores, en consecuencia, significaría poder someterlos al escrutinio y la supervisión del Estado y, según eso, crear normativas.
SII: “No está alentando ni fomentando la actividad”
Ante la comisión de Economía del Senado, este martes el director del SII, Jorge Trujillo, defendió la medida y afirmó que “no nos corresponde pronunciarnos acerca de la licitud o ilicitud de las actividades que son desarrolladas, en cuanto nos debemos limitar a la actuación de aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de tributación fiscal”.
En esta línea, reiteró que la resolución “no está alentando ni fomentando la actividad”, sino que más bien gravando actividades que son “efectivamente realizadas”, pues hoy están detrás de auspicios en televisión abierta y de entidades o actividades deportivas.
Según apuntó, desde el SII también tendrían conocimiento –a través de reportes– de que existen “operaciones de pago que se han realizado a través de distintos medios bancarios, que en ese caso no han tenido en cuenta la orden de la Corte Suprema”.