La comisión investigadora por el eventual sobreprecio cobrado por Metrogas votó sus conclusiones y puso fin al debate. Si bien durante la discusión de las propuestas hubo consensos, la definición de las responsabilidades marcó las diferencias.
Mientras algunos diputados apuntaron directamente al ministro de Energía de la época, Máximo Pacheco, otros lo defendieron. Fue así que, según fuentes, para lograr evacuar un texto en la instancia se llegó al acuerdo de lanzar los dardos al polémico artículo transitorio y no explícitamente a la exautoridad.
Según el documento aprobado por la instancia, durante la tramitación de la Ley N° 20.999 Metrogas decidió dividir sus funciones (creando en la práctica una empresa espejo) de comercialización y distribución, la que se materializó en el período que transcurrió entre su despacho en primer trámite en la Cámara Baja y antes de su despacho de la comisión de Minería y Energía del Senado.
En ese momento, advierten, el Ministerio incorporó una indicación que permite a Agesa y Metrogas evitar la licitación internacional y mantener su contrato, siempre que la Comisión Nacional de Energía (CNE) verifique que cumple con los estándares, “cuestión que en definitiva ocurrió”.
Para los diputados, gracias a esta indicación, aprobada por el Congreso, “se permitió a Metrogas en los hechos mantener vigente su contrato de suministro (inicialmente pactado por Metrogas y cedido a Agesa una vez que se subdividió la empresa), el que posteriormente, según consta en el informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), habría permitido cobros abusivos a sus clientes por cifras cercanas a los US$ 350 millones”.
Aseguran que “la CNE debió advertir con mayor énfasis que el actuar de Metrogas había sido indebido, aprovechándose de una norma legal imperfecta, cuando se excedió el límite máximo de rentabilidad”. De igual modo, indican que los asesores del Ministerio debieron haber trabajado en más hipótesis frente al cumplimiento o incumplimiento de la norma.
Sin embargo, recalcan, “sin la existencia del mismo artículo duodécimo transitorio no hubiese sido posible la existencia del contrato ni que la CNE contara con las atribuciones para poder realizar el análisis de eficiencia del contrato entre Metrogas y Agesa”.
Asimismo, se sostiene que la CNE, si bien cumplió inicialmente el rol de chequeo del máximo de rentabilidad entre partes relacionadas, “omitió señalar las posibles consecuencias que finalmente tuvo, respecto a la celebración de dichos contratos
Recomendaciones
Frente al alza de los precios por parte de Metrogas, los diputados concluyen que parece “poco plausible” la argumentación de la empresa, por lo que recomiendan que la CNE realice un “exhaustivo análisis de este contrato”.
Entre otras acciones, se recomienda la tramitación de un proyecto de ley que obligue a las empresas (incluidas las relacionadas) a la realización de licitaciones nacionales o internacionales que eviten toda posibilidad de una posible transferencia de utilidades entre empresas relacionadas, como lo estableció el estudio de la FNE. Y, al Ministerio de Energía, “contemplar claramente en los proyectos de ley los supuestos en caso de incumplimiento de los actores del mercado que, sin duda, afectan los derechos de los consumidores y la libre competencia”.
Reacciones
Tras la votación, consultado, el diputado Ruber Oyarzo, aseguró que los principales actores que tienen responsabilidad en la situación investigada es Metrogas que "lamentablemente usó el artículo transitorio para beneficio propio, creando esta empresa fantasma". También, recalcó que" hay responsabilidad del Ministerio de Energía, de la Comisión y, además, tenemos que tener claro que este artículo transitorio fue y pasó por ambas Cámaras. Si bien el artículo transitorio era con otra función, lamentablemente pasó todos los filtros de fiscalización".
Mientras, su par Juan Antonio Coloma, apuntó a que el exministro Pacheco presentó una indicación que le permitió a Agesa y Metrogas -dos empresas que tienen los mismos controladores- "saltarse la licitación internacional y mantener el contrato que en ese entonces al momento de la dictación de la ley tenían vigentes". "Fue la presentación de esa indicación por parte del exministro Pacheco la que en la práctica posibilitó eso, ya que el proyecto de ley que se estaba tramitando en el año 2016 no permitía dicha posibilidad", enfatizó.
Asimismo, Coloma sostuvo que "hubo una falencia importante de la CNE, ya que debía fiscalizar el contrato y no hubo suficiente proactividad".
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