Tras la reciente aprobación del proyecto de ley de reforma al Código de Aguas, que debería ser promulgado antes de la primera quincena de febrero, los ojos de los expertos están puestos en la evolución del debate sobre esta materia en la Convención Constitucional y el contenido de las propuestas lanzadas desde los diferentes sectores que la integran.
Y en este tema que figura entre los ejes de la futura Constitución, el balance de los contenidos que se están poniendo en discusión va desde los planteamientos formulados por los propios convencionales -cuyo plazo de presentación venció el jueves pasado- y que en general están en sintonía con los lineamientos del nuevo Código, hasta cambios profundos formulados principalmente a través del proceso de iniciativas populares en curso y que apuntan a una transformación a fondo del marco normativo e institucional, incluida la derogación de la ley que se acaba de aprobar. De ahí que la expectación de la industria y de los expertos está puesta en el desarrollo de la discusión en los próximos meses y el efecto de sus resultados en el modelo que regirá los derechos y la gestión del agua, así como sus implicancias en cuanto a la certeza jurídica.
Las ideas y sus gestores
Una de las propuestas más destacadas al interior de la convención -que cuenta con más de 40 apoyos-, corresponde a la presentada por los autodenominados “Constituyentes por el agua”, entre los que destacan Manuela Royo, Carolina Vilches y Daniel Stingo. La iniciativa, cuyos términos son similares a los del nuevo Código, consagra el “derecho humano al agua y su acceso”, proponiendo que el Estado vele por el establecimiento de mecanismos que aseguren que este recurso sea “físicamente accesible y asequible económicamente”.
La centro-izquierda tampoco se queda atrás. El 7 de enero un grupo de convencionales exconcertacionistas e independientes (entre los que figuran Patricio Fernández, Fuad Chahín y Felipe Harboe), presentó una idea que “declara al agua como un bien de uso público, y garantiza el acceso a ella”. El proyecto busca asegurar “el interés público y ambiental”, y establece que “los usos de las aguas obligan a sus titulares a desarrollar las actividades necesarias para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento”.
A su vez, desde el sector de constituyentes ligados a la derecha destacan dos iniciativas en esta materia. Impulsada por Constanza Hube, Teresa Marinovic y Arturo Zúñiga, la primera de esas propuestas considera “necesario mantener el reconocimiento y protección del derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua”, según indica el documento. Esto, debido a “la seguridad jurídica que ello otorga”.
Junto con declarar a las aguas como “bienes nacionales de uso público y consagra el derecho humano al agua y al saneamiento”, el otro proyecto de este sector -elaborado por Jorge Arancibia y Cecilia Ubilla, entre otros- se enfoca en proyectos de desalinización de agua de mar buscando promover “la inversión y el desarrollo de interés nacional’’. También establece que la Dirección General de Aguas (DGA) “velará por la supervigilancia del correcto uso y manejo del recurso hídrico”.
En paralelo, desde la ciudadanía distintas sensibilidades y organizaciones también ha alzado la voz respecto del tema. Entre las más de 20 iniciativas populares, destaca “Por el agua, los derechos de la naturaleza y los glaciares”, presentada por el Movimiento por el Agua y los Territorios MAT, y la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, entre otros, que ya supera las 17.600 firmas.
Propone derogar el Código de Aguas, redistribuir los usos vía “Licencias de Uso incomerciables, temporales y revocables’’, y generar un sistema de gestión comunitaria de los recursos “a través de mecanismos de participación popular”.
Cercanía al nuevo marco
Sobre los textos ya puestos sobre la mesa, entre los expertos existe consenso respecto de que gran parte de las iniciativas efectivamente van en línea con el Código de Aguas, en el sentido de que buscan establecer “el derecho de aprovechamiento de las aguas para consumo humano, el saneamiento y la protección de los servicios ecosistémicos, y la intervención del Estado en la asignación y reasignación de los derechos de aprovechamiento y la disponibilidad del recurso”, indica Nicolás Calderón, gerente Senior de Cambio Climático y Sostenibilidad de EY.
De hecho, tal como plantea Juan José Martín Bravo, convencional y coordinador de la Comisión de Medio Ambiente, "lo importante, y como yo creo que la mayor parte de las personas que por lo menos en la comisión estamos conversando respecto de cómo entender el agua, es que se entienda primero desde la base de que es un derecho humano y un derecho a la naturaleza, y que sí se van a permitir mecanismos de uso económico. Pero muchos nos inclinamos porque sean mecanismos de uso, y no derechos de uso".
En esta línea, Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, expresó sus deseos de que “en la Constitución todo uso de bienes públicos, más allá de actividades de subsistencia por sectores que quieran tener fines de lucro, tengan que entregar una renta a la sociedad por el uso de bienes públicos”.
Por su parte, Juan Pablo Díaz Fuenzalida, académico de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Chile, advierte la importancia de que dicha modificación legal sea estudiada con tiempo, para “obtener normas que sirvan en lo medular a la normativa constitucional”.
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