El plan se puso en marcha el 27 de marzo, cuando la Dirección de Presupuestos (Dipres) ofició a todas las compañías públicas pertenecientes al Sistema de Empresas Públicas (SEP), además de Metro, Codelco, EFE, ENAP, Enami, TVN y Banco Estado, para que entregaran información respecto a sus modelos de negocios, situación financiera, gastos, riesgos y contingencias, objetivos económicos y cómo miden la creación de valor para el Estado, entre otros.
El martes 2 de julio -tras una reunión que sostuvo el gobierno con los gerentes generales y directores de 28 empresas estatales, según publicó Señal DF-, el Ministerio de Hacienda concretó y emitió un oficio en el que, en su posición de accionista, solicita a estas firmas remitir antecedentes que permitan “disponer de un diagnóstico operacional, financiero y estratégico actualizado de la empresa, así como sus principales metas al año 2031”.
A más tardar, agrega la misiva firmada por el ministro Jorge Quiroz, esa información debe ser enviada el 30 de agosto.
Los antecedentes deben incluir “la visión del directorio” respecto del desarrollo hacia el año 2035, incluyendo materias relacionadas con inversiones, productividad, sostenibilidad financiera y proyección de resultados, gestión de riesgos y gobierno corporativo, conforme a formatos que fijó la Dipres.
El oficio fue enviado a Codelco, ENAP, Enami, TVN, Banco Estado, Metro, Asmar, Famae, Enaer, EFE, Correos de Chile, todas las empresas portuarias, Econssa, Zofri, Polla Chilena de Beneficencia, Cotrisa, Sasipa (Isla de Pascua), Casa de Moneda y el Fondo de Infraestructura.
La nueva política de dueño
Este proceso obedece a un cambio de enfoque que el gobierno está buscando internalizar dentro del Estado, que apunta a actuar como un accionista que exige a sus compañías maximizar la creación de valor para sus dueños.
Si bien las empresas públicas, por supuesto, ya entregaban -y publicaban- su información financiera, el oficio de Quiroz explica que este requerimiento “constituye una herramienta de planificación complementaria a las exigencias legales, reglamentarias, estatutarias o de planificación anual o plurianual aplicables a cada empresa, y busca consolidar información bajo criterios comunes para efectos de análisis estratégico, seguimiento institucional y fortalecimiento de la Política de dueño del Estado”.
De hecho, en esta misma circular, Hacienda dio más detalles de su visión. La cartera explicó que está implementando una nueva etapa en la política del Estado en su calidad de dueño de estas empresas, que se orienta “a fortalecer las capacidades de seguimiento estratégico, control de riesgos, disciplina financiera y evaluación de desempeño, con el fin de alinear la gestión de las empresas públicas a los estándares modernos de gobierno corporativo y creación de valor público”.
El oficio cita directamente a la OCDE, aludiendo a las directrices del organismo respecto a las empresas públicas, que señala que el Estado debe “actuar como un propietario informado y activo, garantizando que la gobernanza de las empresas públicas se lleve a cabo de manera transparente y responsable, con un alto grado de profesionalismo y eficacia”.
Así, el gobierno enlaza esto con una de sus principales motivaciones en el plano económico, que es apuntar hacia una mayor eficiencia del Estado, aludiendo al escenario de estrechez fiscal.
Todo lo anterior, agregó, “supone avanzar hacia una visión de dueño más activa y exigente, que promueva una adecuada asignación de recursos, una mayor eficiencia operacional y una gestión consistente con la sostenibilidad de largo plazo de cada empresa, al tiempo que implica reforzar las actuaciones de los directorios en la conducción estratégica, el resguardo patrimonial y la generación de resultados acordes con los desafíos que enfrenta el país”.
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