Este martes los gerentes generales y directores de 28 empresas estatales se reunirán con la Dirección de Presupuestos (Dipres) en el estadio de la Corfo, donde conocerán los detalles de la revisión de los planes de inversión que llevará adelante la entidad, en el marco de la estrategia de manejo integral de activos del fisco, dada a conocer por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en DF al Cierre, el pasado 12 de junio.
El director de la Dipres, José Pablo Gómez, presentará la nueva política de dueño para las empresas públicas, algunos lineamientos y hallazgos preliminares encontrados tras recibir las respuestas a un oficio enviado a las estatales, recién aterrizado el gobierno.
El mensaje central será que la estrechez fiscal obliga a las empresas públicas no solo a cumplir su mandato sectorial, sino también a resguardar la sostenibilidad financiera, la creación de valor, la productividad y la gestión temprana de riesgo.
Por tanto, en esa reunión se dará a conocer el nuevo enfoque, los avances a la fecha, la definición de criterios comunes y ejemplos de hallazgos. Pero, por sobre todo, se les explicará qué se espera de los directorios.
En cuanto a las inversiones se les planteará que es necesario que exista claridad si tienen financiamiento o producen carga fiscal, si están sustentadas con ingresos recurrentes, “esto porque son los directores los llamados a hacer las preguntas correctas y hacer los filtros”, indicó una fuente de Dipres.
El oficio que inicia todo
El trabajo, según pudo conocer Señal DF, se inició el 27 de marzo con el oficio que envió la Dipres al Comité Sistema de Empresas (SEP) - Correos de Chile, las 10 empresas portuarias del Estado, Casa de Moneda, Zofri, Polla Chilena de Beneficencia, Econssa, Sasipa, Cotrisa- y a Foinsa, Asmar, Famae y Enaer, en el que se les pidió a los gerentes y/o directores que entregaran, como mínimo, información financiera, de deuda, su modelo de negocios y operaciones, gobernanza, dotación y gasto en personal, además de antecedentes sobre riesgos y contingencias, correspondiente a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025.
En el caso de Metro, Codelco, EFE, Enap, Enami, TVN y BancoEstado, estas recibieron comunicaciones individualizadas, dadas las características de su regulación y su no pertenencia al SEP, pero en la misma línea de lo requerido a las demás empresas.
El oficio contenía, asimismo, un cuestionario con 19 preguntas entre las que se buscaba responder cuál es el objetivo económico principal de la empresa y cómo se mide la creación de valor para el Estado como propietario, y si existen mandatos de política pública que la compañía deba cumplir que no respondan a criterios estrictamente comerciales, entre otras. En paralelo, también en marzo, el director de la Dipres, José Pablo Gómez, presentó a los mismos ejecutivos requeridos el diagnóstico respecto del funcionamiento, la operación y el relacionamiento con las empresas, además de las razones de esta estrategia.
Según información de la Dipres, las 28 empresas estatales representan US$ 2.800 millones de aportes al fisco, tienen activos que escalan a los US$ 131.000 millones, con ingresos operacionales por US$ 32.000 millones y emplean a cerca de 49 mil personas. La escala de ese portafolio obliga a una administración con mirada diferenciada, explicaron, ya que no todas las empresas tienen el mismo peso fiscal, operacional o estratégico.
Nueva política: el Estado como dueño
Consultada por este medio, la Dipres detalló que el objetivo de impulsar esta nueva forma de relacionarse con las empresas estatales es “transitar desde una relación centrada principalmente en el control presupuestario anual y la revisión administrativa hacia una gestión más estratégica del portafolio empresarial del Estado, con foco en sostenibilidad financiera, disciplina de capital, eficiencia operacional, productividad, transparencia y anticipación de riesgos”.
Esta nueva política sigue las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre gobierno corporativo de empresas públicas y tiene cinco pilares: un modelo moderno de gestión de empresas del Estado; la creación de valor; desempeño; gobernanza; y el rol de la Dipres.
El objetivo de la revisión se está concretando a través de cuatro acciones: el diagnóstico del portafolio, para lo cual ya remitió el oficio; la instrucción a los presidentes de directorios de desarrollar e informar una visión validada de la situación de cada empresa, sus principales metas al 2031 y su proyección de desarrollo añ 2035, que será detallado en un oficio que enviará Hacienda en los próximos días; la homologación de indicadores comparables entre empresas; y también el fortalecimiento de la coordinación interministerial con el SEP, a fin de que el Estado actúe con una visión consistente como dueño.
La revisión de los planes de inversión debe incorporar escenarios de largo plazo, riesgos de sobrecostos y retrasos, fuentes de financiamiento, impacto en la deuda y el servicio de la deuda, eventuales aportes fiscales, sostenibilidad operacional y retorno económico o social; pero no implica la aprobación anticipada de inversiones, endeudamiento, transferencias o capitalizaciones.
“Lo que busca esta nueva forma de trabajo es que el Estado cuente con información oportuna, comparable y suficiente para ejercer mejor su rol de dueño, anticipar riesgos y resguardar el patrimonio fiscal”, señalaron desde el servicio, pero “no sustituye las exigencias legales, estatutarias o de planificación propias de cada empresa, y respeta la autonomía empresarial y los mandatos del SEP”.
Así, la revisión de los planes de inversión se enfocará en empresas intensivas en capital, con planes de inversión directa de gran escala, exposición a deuda, impacto fiscal relevante o incidencia directa en variables macroeconómicas. El ejemplo que reúne prácticamente todas esas características es Codelco, cuyo desempeño, indicaron desde la Dirección, tiene impacto no solo para la empresa, sino también para el fisco, la actividad minera, las exportaciones y la inversión del país.
En la misma línea se van a revisar otras compañías públicas que puedan presentar lo que la Dipres define como desafíos relevantes, ya sea de inversión, modernización, continuidad operacional, subsidios, deuda o eficiencia. Estas empresas abarcan sectores como transporte, infraestructura, puertos, logística, servicios esenciales e industrias estratégicas. 
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