El martes 2 de enero y tal como había anunciado al cierre de 2023, el Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de una nueva Ley de Pesca.
La iniciativa contiene una serie de modificaciones que, asevera el Ejecutivo, tienen el objetivo de propiciar un mejor desarrollo de la actividad, particularmente en la distribución de recursos entre artesanales e industriales, tema cuyas implicancias ha despertado preocupación en el sector empresarial.
Uno de los principales cambios -y uno de los puntos que alerta a la industria- es la modificación de los criterios de asignación de recursos. La ley vigente establece que el 85% de cada pesquería se asigne mediante criterios históricos (LTP-A) y un 15% mediante subastas públicas (LPT-B).
El proyecto busca “disminuir en, al menos, un 35% el porcentaje de la fracción industrial que se asigna mediante criterios históricos y aumentar a 50% el porcentaje mediante licitaciones”.
El proyecto de ley argumenta que esto ha desembocado en un escenario de menor competitividad, por lo que propone “disminuir en al menos un 35% el porcentaje de la fracción industrial que se asigna mediante criterios históricos y aumentar a un 50% el porcentaje que se asigna mediante licitaciones”.
Las subastas, además, también tendrían nuevas reglas. Por ejemplo, se establece que cada oferente tendrá un límite del porcentaje que puede adjudicarse en cada pesquería, para “limitar la concentración de mercado”.
Por otro lado, también se busca modificar la duración de estas licencias de pesca, que hoy tienen una vigencia de 20 años. Esto también se acortará a una duración de 10 años, “tras los cuales se realiza una licitación para el porcentaje reservado a LTP-B, y una reasignación del porcentaje correspondiente a LTP-A, para otorgar mayor dinamismo al mercado”.
Teniendo en cuenta que esto modificará el fraccionamiento de la industria y los procesos de asignación de recursos, el Gobierno también incluyó en el proyecto un apartado de “protección de los trabajadores de la industria ante cambios normativos”. Esto significa que los tripulantes industriales podrían inscribirse en el Registro Pesquero Artesanal, “de modo de aprovechar sus capacidades técnicas para la actividad extractiva en la fracción que crece para el sector artesanal”.
Nuevas cuotas
Estos lineamientos del proyecto, justificados en un aumento de la competencia, también implican una nueva distribución de las cuotas por cada pesquería, según industriales y artesanales, incrementando el volumen de estos últimos en casi todas las regiones.
Para graficar lo anterior, un ejemplo es la extracción del jurel. En la actual norma, la Ley habla de esta pesquería a nivel nacional, entre las regiones XV y la X, con una cuota de 10% para artesanales y el resto para industriales. En tanto, la nueva propuesta crea dos zonas de extracción: la primera, en la macrozona norte, que sube a un 30% la cuota para artesanales; y un segundo perímetro ubicado en la macrozona centro-sur, donde los artesanales tendrán un 15%.
Mas estricta es la disminución para las empresas en el caso de la anchoveta en la zona norte -distribución que también aplica para la sardina española- cuya cuota ahora equivale a solo un 20%, mientras que el reto quedó reservado para el sector no industrial. Y más estricta aún es la definición para este mismo recurso en el caso de zona centro sur, ya que la disponibilidad para las compañías es de solo un 12%.
En el caso del congrio dorado, la legislación vigente contempla su extracción entre las regiones X y la XII, con una cuota de 50% para cada tipo de pesca. En tanto, la moción del Gobierno tiene en la mira incrementar la participación de los artesanales a un rango de 60%.
Expectativas de mayor recaudación fiscal
De acuerdo al informe financiero que acompaña al proyecto, la Dirección de Presupuestos (Dipres) espera tanto una mayor recaudación con un mayor gasto fiscal.
Así, calcula que, debido a los cambios en deducciones de cuota, a partir del cuarto año de aprobado el proyecto, los ingresos fiscales tengan una variación de $ 8.936 millones. En tanto, el régimen de gasto, a partir del cuarto año se mantendría en $ 5.159 millones anuales extra.
Si bien los gremios industriales aún están estudiando el texto y no se han referido todavía al documento, entidades como la Sociedad Nacional de Pesca y los Pescadores Industriales del Biobío ya habían manifestado su molestia por no haber sido invitados a su anuncio, en contraste con la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales que manifestó su aprobación.
Los fundamentos
“El Estado tiene el deber no solo de perseguir las responsabilidades y enjuiciar los delitos involucrados, sino también de adoptar medidas para combatir las repercusiones sociales e institucionales de este fenómeno”, dice la introducción del documento de más de 200 páginas.
El principal argumento del Ejecutivo para impulsar esta iniciativa, que ha sido el principal foco de la Subsecretaría de Pesca liderada por Julio Salas, fueron los hechos que viciaron la tramitación de la normativa actual, que concluyeron en condenas por fraude al Fisco y cohecho.
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