El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) entró de lleno en el debate de las parcelaciones rurales y presentó sus primeras propuestas para regular los loteos, que vienen mostrando un crecimiento explosivo durante los últimos años, lo que ha generado alertas ambientales y un activo nicho en el mercado inmobiliario.
La cartera encabezada por Carlos Montes propone precisar las atribuciones del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para autorizar subdivisiones –que incluye pedir informes a la Seremi respectiva cuando se sospeche de infracciones- e incorporar más exigencias para los permisos de edificación en predios rurales, como solicitar documentación que acredite la explotación agrícola del suelo.
Asimismo, en Comisión de Vivienda del Senado, revelaron que se evalúa aumentar los estándares ambientales requeridos para las futuras construcciones en estos terrenos.
Tras esto, actores del sector privado cuestionaron la iniciativa del Ejecutivo y se pusieron del lado de algunos parlamentarios de la comisión, como David Sandoval (UDI), Alejandro Kusanovic (IND) y Fidel Espinoza (PS), que acusaron al gobierno de estar “saltándose” el trabajo legislativo del Congreso, que actualmente está discutiendo tres proyectos para regular las parcelaciones.
“Se confirma que la discusión hoy está condicionada por la arbitrariedad de un sector”, dice Diego Varela, socio fundador de Biósfera Austral, desarrolladora de parques rurales en el sur del país.
Varela afirma que “acá no se trata únicamente de parcelas ni de subdivisiones, sino que se está jugando con el derecho de las personas a vivir fuera de la ciudad. Se está logrando privatizar la tierra en manos de pocos, se le está poniendo freno a otras formas de conservación, además de estar afectando a cientos de emprendimientos rurales”.
Críticas al marco legal
Macarena Soler, de la fundación ambiental Geute Conservación Sur, sostiene que la falta de regulación en esta materia “sin duda que ha ocasionado abusos. Es innegable la urgencia de una normativa que contribuya a ordenar la ocupación de los espacios rurales armonizándola con la posibilidad de llevar a cabo los diferentes proyectos de vida de los ciudadanos y con la protección del suelo y medio ambiente”.
Sin embargo, considera que hay una “sobrerreacción de la autoridad que incluso puede ocasionar la transgresión del debido proceso sancionando ‘de facto’ la sospecha de infracción”.
En tanto, desde el gremio de parceleros ChileRural, argumentan que los cambios reglamentarios que busca el gobierno no son válidos y requieren hacerse a través del Congreso.
“Es una materia que el legislador ha entregado a los tribunales de justicia, por lo que la modificación reglamentaria no es solo ilegal -pues requiere de un cambio legislativo que no se ha dado- sino que es abiertamente inconstitucional. Erige al Minvu y al SAG en verdaderas comisiones especiales, arrogándose facultades jurisdiccionales que la Constitución ha entregado a los tribunales establecidos por el legislador”, espeta el ex fiscal Carlos Gajardo, quien ejerce como asesor jurídico del gremio.
Desde la Asociación Gremial de Inmobiliarias de Predios Rurales (IPRA) -quienes tienen un recurso de protección en contra el Ministerio de Agricultura por su instructivo que endurece las subdivisiones de predios- señalan que Vivienda está yendo en la misma línea que esa cartera, "intentando obstaculizar las subdivisiones prediales por medio de decretos, debiendo ser materia legislativa".
Nicolás Garat, presidente del gremio, dice que con la actual redacción de la propuesta de Vivienda "se realizarán interpretaciones arbitarias subjetivas (...) Falta precisar los criterios de discriminación de cuándo se infringe la ley".
Añadió que los mayores criterios exigidos para edificar dificultan "la construcción del pequeño agricultor informal que, según datos estadísticos del INE publicados el 3 de agosto de 2018, son 186 familias pequeñas agricultoras por cuenta propia además de 209 mil empleados agrícolas informales (65% del total)".
Apoyo de los municipios
En contraste, la Asociación de Municipios Rurales de Chile (AMUR), respaldó las medidas impulsadas por el gobierno. En un inserto publicado en el diario La Segunda, el alcalde de Pirque y presidente de esta organización, Jaime Escudero Ramos, dijo que la urbanización desmedida de suelos rurales, “afecta a los sistemas agroproductivos, al medio ambiente e incide en la calidad de vida de los habitantes”.
“Llevamos años luchando contra los denominados ‘loteos brujos’, que no cuentan con los estándares para ser habitados, lo que trae como consecuencias el colapso de bienes y servicios, falta de conexión, deterioro de suelos, escasez de agua, entre otros factores que van al alza sin una regularización eficaz y clara”, escribió.
Por esto, aseguró, están dispuestos a trabajar de manera colaborativa en las instancias de fiscalización.
“Es importante señalar que para hacer efectivas estas medidas es primordial contar con mayor capacidad de fiscalización (…) Queremos ser enfáticos en que el crecimiento y desarrollo debe ser sostenible y equilibrado, para un futuro integrado que no ponga en riesgo al campo chileno”, cerró su carta.
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