“Somos (como industria) uno de los objetivos más apreciados hoy día por el vandalismo. Nuestras baterías están circulando por el mar… Por distintos lugares. Entonces también le queremos pedir la ayuda al Estado en seguridad, que no lo podemos hacer nosotros, por nosotros mismos”.
Las palabras son de María Paz Cerda, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de WOM, en el marco del Telecom Congress llevado a cabo el pasado 28 de mayo, donde en el escenario, los principales representantes de la industria de las telecomunicaciones -como Antonio Büchi, de Entel; Carolina Vallejo, de Movistar; y José Miguel Torres, de OnNet Fibra- fueron consultados por las temáticas les gustarían escuchar en la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, llevada a cabo el pasado 1 de junio.
La respuesta de Cerda puso sobre la mesa una temática latente, que hoy -de manera consensuada- preocupa a los principales actores de la industria de las telecomunicaciones: el robo de baterías.
Según explicó a DF Alfie Ulloa, presidente ejecutivo de ChileTelcos (asociación que agrupa a ClaroVTR, Entel, WOM y Movistar), la sustracción ilegal de estos aparatos “es un problema gravísimo para la industria”, pues su uso es “vital” para la operación de las telcos. Su vandalización, por tanto, obliga el desembolso de costos -a nivel industria- que rodean los US$ 45 millones al año.
En palabras sencillas, estas baterías garantizan y mantienen la continuidad de la red cuando falla el suministro eléctrico o hay cortes masivos de energía, como ocurrió el pasado 25 de febrero de 2025. “En caso de una catástrofe, las baterías son la forma de operar y mandar mensajes de Sistema de Alerta de Emergencia (SAE)”, ejemplificó Ulloa.
Su robo, sin embargo, no llega por sí solo. En los sitios donde se cometen los ilícitos,“también hay destrucción de equipos, de obras civiles, de medidas de seguridad. Son muchas afectaciones que se juntan e implican millones de dólares de costo, servicios interrumpidos, clientes de hogares, empresas y servicios públicos desconectados”, explicó el ejecutivo.
7.829 baterías robadas
Según datos de ChileTelcos, en 2025 fueron cerca de 7.829 las baterías robadas, cifra un 43,05% mayor que la registrada en 2024 (5.473).
Las regiones donde más ilícitos de este tipo tomaron lugar –junto a la vandalización de sus respectivos sitios– fueron Valparaíso (1.719), Biobío (1112), la RM (932), Coquimbo (723) y Los Lagos (666).
Si hilamos más fino, las comunas con más robos fueron Valparaíso (320), La Serena (221), Coquimbo (176), Casablanca (150) y Ovalle (142).
En lo que va del año, el alza en cifras pareciera persistir y preocupa a la industria. Consultadas individualmente, Entel, Movistar y ClaroVTR coincidieron en que el fenómeno es problemático para las empresas.
Desde WOM cuantificaron su impacto. Por ejemplo, afirmaron a DF que solo entre enero y mayo de este 2026 han registrado el hurto de 350 baterías en la zona norte, la RM, Valparaíso y O’Higgins.
En total, sumado a situaciones de vandalismo –sin contar la ocurrida la semana pasada en Rapa Nui, donde desconocidos quemaron una bodega en la isla– la compañía calcula pérdidas por US $2 millones.
La pregunta es: ¿A dónde van a parar estas baterías? Ulloa afirmó que tienen conocimiento de “bandas que roban cables y equipos para exportar o revender”.
Además, “tenemos evidencia de paneles y baterías instaladas en casas y empresas, pero especialmente en tomas y campamentos. También (sabemos) de baterías en uso en vehículos terrestres y acuáticos. Desgraciadamente la economía ilícita es tan grande que hay mercado para todo”, señaló.
Una mesa de trabajo
Pese a que no se refirió directamente al robo de baterías en la industria de las telecomunicaciones, en su discurso en la Cuenta Pública el presidente José Antonio Kast afirmó que esperan alcanzar “protecciones necesarias de la infraestructura crítica”, especialmente con lo que respecta al robo de cables.
En lo que respecta a baterías, la actual subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido afirmó que, además de ser una acción penada por la legislación actual, hoy su sustracción provoca un daño tremendo a la población, junto con ser un riesgo frente a emergencias, pues personas podrían no recibir información crítica de manera oportuna.
En este sentido, señaló que “no solo la denuncia es fundamental, sino también avanzar hacia la investigación especializada del Ministerio Público, puesto que estamos frente a fenómenos criminales complejos, y así poder coordinar acciones para identificar, perseguir y desbaratar a las bandas que se dedican a este tipo de delitos”.
Y añadió: “Como Subtel estamos impulsando mesas de trabajo intersectoriales con autoridades, empresas y comunidades de distintas regiones para enfrentar esta problemática de manera efectiva”.
Las compañías de ChileTelcos valoran el interés de parte del gobierno en seguridad. Ulloa, en esta temática, apuntó a que hoy “las penas son bajas y las herramientas de investigación y persecución deben ser mejoradas”.
Por lo mismo, hizo un llamado a la urgencia de proteger esta infraestructura, por ejemplo, a través de la tramitación de la Ley de Infraestructura Crítica, “que se discute en la Comisión de Defensa del Senado. Hemos pedido reunión con el Ministro Arrau para presentar estos temas y fortalecer la coordinación público privada en este ámbito también”.
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Catalina Vicuña
