La reducción del componente político y el fortalecimiento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en las decisiones fue este martes parte relevante del debate de la tramitación de la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que contempla la modernización al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
En la comisión de Medio Ambiente del Senado, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, dijo compartir la necesidad de reducir el componente político y fortalecer el rol del SEA, pero indicó que “la suma de reformas lleva a que prácticamente todo el proceso esté en manos del SEA”.
En esa línea, sugirió considerar que la jefatura del SEA, en vez de ser unipersonal a cargo del director ejecutivo, pase a ser ejercida por un órgano colegiado estructurado de forma similar a la CMF.
“Compartimos la necesidad de reducir el componente político en el SEIA y fortalecer el rol del SEA, pero una mejor gobernanza se lograría reemplazando al director ejecutivo del SEA por un órgano colegiado”, recalcó.
En la cita, el senador Sergio Gahona dijo coincidir “en ese tema de colegiar un poquito la decisión ambiental”. Y la senadora Isabel Allende admitió que “ha habido un cierto consenso en que ha generado cierta preocupación el que esta decisión sea tomada por la dirección del SEA, que no sea colectiva, es una carga demasiado fuerte para una sola persona (...) Hay que darle bastante vuelta porque no es menor.
En su presentación, respecto a las consultas de pertinencia, el Consejo Minero advirtió que los requisitos de veracidad y completitud tienen un margen de interpretación que no da certeza a los titulares, lo que presumiblemente derivará en que sigan optando por las consultas de pertinencia. “Una alternativa es precisar que la falta de veracidad y completitud de una declaración será reprochable y no eximirá de responsabilidad penal cuando responda a una acción ‘a sabiendas’”, se planteó.
Asimismo, Villarino dijo entender el objetivo de permitir que el titular aporte más antecedentes que viabilicen la evaluación ambiental, pero advirtió que, “al postergar significativamente la decisión del término anticipado hasta la etapa de la primera Adenda, el titular queda expuesto a un gasto considerable de tiempo y recursos con baja certeza del resultado”. Por esto, ven recomendable traer a una etapa más temprana la declaración de término anticipado y así lograr un mejor balance con el objetivo de dar tiempo para rectificar un proyecto.
El gremio dijo valorar la participación temprana, pero aseguraron que no ven un “aporte significativo en el diseño propuesto”. Añadieron que no consideran razonable exigir al proponente que, dentro de una etapa temprana y con un proyecto esbozado en forma preliminar, deba tomar decisiones sobre su contenido definitivo y tampoco que al ingresar al SEIA deba mostrar el cumplimiento de los resultados de una participación que no tuvo exigencias para la comunidad ni las autoridades.
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