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REGÍSTRATE AQUÍEl anuncio se formalizó esta semana con la firma de un protocolo, suscrito por los accionistas, directores y principales ejecutivos de la compañía.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 16 de abril de 2015 a las 18:30 hrs.
Luego que la familia Délano, inversionista mayoritario de Andes Iron, decidió vender la totalidad de su participación en la sociedad, la compañía dio inicio a la búsqueda de nuevos inversionistas.
En este escenario, Andes Iron mantiene su objetivo de seguir avanzando en los estudios de factibilidad y la obtención de los permisos ambientales que le permitan desarrollar el proyecto minero Dominga.
El anuncio se formalizó esta semana con la firma de un protocolo, suscrito por los accionistas, directores y principales ejecutivos de Andes Iron, que establece el plan de acción para facilitar el ingreso de nuevos inversionistas, define el financiamiento del plan estratégico de la compañía y le entrega las facultades necesarias al hoy presidente ejecutivo de la sociedad, Iván Garrido De la Barra, para liderar esta nueva etapa.
Como primer paso para la incorporación de nuevos inversionistas, Andes Iron contrató a un banco de inversiones internacional y al estudio de abogados Carey & Cía. como asesores de este proceso.
Dominga es un proyecto minero, que considera la extracción y comercialización de concentrado de hierro de alta ley y concentrado de cobre como subproducto.
Con una inversión estimada de US$2.500 millones y una vida útil de 27 años, proyecta una capacidad productiva anual promedio de 12 millones de toneladas de concentrado fino de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre.

La primera, va como banco de inversión, mientras que la segunda será la corredora de bolsa para la operación. Fueron las únicas dos firmas que presentaron ofertas para quedarse con el negocio.
"Hoy, a las puertas de celebrar los 35 años, decidimos dar un paso adicional, adoptando una marca que no represente a personas determinadas", dijo el presidente del Comité Ejecutivo, Carlos Silva.
El trabajo preliminar mostró que un alto porcentaje de los establecimientos fiscalizados no mantiene disponible el título profesional del médico veterinario responsable de la supervisión clínica.