El gigante tecnológico Microsoft y el gobierno de Donald Trump se enfrentaron hoy en el Tribunal Supremo de EE.UU. en un caso que podría delimitar cuáles son las fronteras de Internet y qué poder tiene Washington para acceder a correos electrónicos almacenados en el extranjero.
El alto tribunal celebró hoy una audiencia de una hora para evaluar el caso, cuya sentencia no se conocerá hasta junio.
Los jueces se mostraron divididos sobre cómo resolver la batalla que enfrenta a Microsoft y al gobierno estadounidense, quien quiere que las compañías tecnológicas establecidas en EE.UU. le permitan acceder a correos electrónicos almacenados en servidores en otros países.
Tres magistrados consideraron que sólo el Congreso tiene poder para mediar en asuntos de importancia internacional y, además, abogaron por esperar a ver qué ocurre con una nueva propuesta de ley llamada "Cloud Act" ("La ley de la nube") que resolvería algunos de los asuntos pendientes en el caso.
Durante la audiencia, el abogado que representa a Microsoft, Joshua Rosenkranz, defendió que la compañía "legítimamente" se negó en 2013 a entregar a fiscales de EE.UU. unos correos electrónicos ligados a un caso de narcotráfico y que estaban almacenados en un servidor en Dublín (Irlanda).
La empresa rechazó proporcionar esos correos al considerar que eso implicaba la incautación de documentos internacionales y que, de producirse, otros gobiernos del mundo, como Rusia o Irán, podrían forzar a empresas tecnológicas de EE.UU. a transferirles información almacenada en territorio estadounidense.
La disputa llegó a los tribunales y, después de sentencias a favor de Microsoft, el gobierno de Trump interpuso un recurso al considerar que, como la compañía tiene sede en Redmond (en el estado de Washington), puede acceder a los ficheros almacenados en otros países con solo un clic.
A través de su abogado, Microsoft insistió hoy en que las órdenes de registro no pueden seguir estando regidas por una ley aprobada en 1986, pues omite los desafíos de la era digital. Además, aseguró que, si transfiriera los datos a EE.UU., la Unión Europea (UE) podría imponerle multas multimillonarias debido a las leyes de protección de datos y, además, incidió en que Estados Unidos debe acudir a tratados internacionales para pedir los datos que almacena en otros países, como Irlanda.
Frente a ello, el gobierno de Estados Unidos, apoyado por una coalición con 33 de los 50 estados del país, defendió que el acceso a la información en el extranjero es vital para investigaciones criminales, incluidas aquellas que implican abusos sexuales a menores y asesinatos.
El caso ha captado una gran atención por parte de las compañías tecnológicas y también de los grupos defensores de la privacidad en Internet, que temen que una sentencia a favor del Gobierno pueda vulnerar los derechos de los internautas y obligarles a abandonar los servicios en Internet.
Microsoft, que almacena datos en hasta 40 países, es la primera compañía tecnológica estadounidense que desafía una orden del gobierno de EE.UU. para requisar datos fuera de su país.
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