A pocos meses de concluir su mandato, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, repasó su trayectoria desde Morandé 59. En su oficina, rodeada de cascos de construcción de distintos colores y fotografías de obras emblemáticas -como la reconstrucción del Palacio de La Moneda tras el bombardeo de 1973-, hace memoria. Recuerda con claridad el momento en que el Presidente Gabriel Boric la llamó para ofrecerle liderar la cartera.
Su vida profesional, hasta entonces, había estado marcada por los números. López venía del mundo financiero, con una carrera de 25 años en BancoEstado, institución que presidía al momento de recibir el llamado, muy lejos del hormigón. Pero no lo dudó.
“Me encantó el llamado. Naturalmente no tuve ni que pensarlo y acepté de inmediato”, contó. Aunque, admitió, la adaptación no fue fácil. “Me costó varios meses atinar, es una dinámica muy distinta a lo que estaba acostumbrada”.
“No hay nada peor que anunciar por anunciar. Y yo soy súper poco dada a anunciar humo. Tenemos que cerrar el Gobierno cumpliendo todas las promesas que hicimos”.
Ese aterrizaje forzoso la ha llevado a enfrentar un sinfín de crisis. Una de las más recientes, y que va más allá del ámbito de la construcción, es la polémica por las licencias médicas irregulares.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) no solo se vio involucrado en la denuncia, sino que fue la cartera con más casos, con un total de 312. Una situación que la ministra López no minimiza.
“El primer impulso que uno tiene es decir ‘que se vayan todos, echémoslos a todos’”, sinceró. Sin embargo, recalcó que el sector público tiene procedimientos que respetar. “Pero las personas tienen derecho a un sumario, a una investigación, y en base a eso resolver. En eso hemos estado. Es una situación incómoda, molesta, muy mala para nosotros. La señal tiene que ser súper clara, los funcionarios públicos tenemos que ser los mejores”.
Hasta ahora no se ha desvinculado a ningún trabajador, aunque aclaró que las personas de confianza involucradas ya presentaron su renuncia voluntaria.
Dejando de lado las polémicas más recientes, López retrocedió al momento en que aterrizó en el MOP. No solo llegó a un sector completamente nuevo, sino que a una cartera bastante golpeada. Las cicatrices de la pandemia aún eran grandes. Cerca de 200 obras estaban abandonadas, la inflación disparaba los costos, las cadenas de suministro seguían tensionadas y una alta proporción de licitaciones se declaraban desiertas. A eso se sumaba una robusta cartera de concesiones licitadas en la administración anterior, muchas de ellas -según López- con información insuficiente para adjudicarlas.
“Fue un minuto bien complicado para el Ministerio”, reconoció. Aun así, ya en la recta final de su gestión, hace un balance positivo. Cree que los esfuerzos por modernizar procesos, tanto internos como en la relación con las empresas contratistas, han dado frutos.
“No sé si vamos a alcanzar a terminar siendo el mejor mandante, pero somos uno mucho mejor en términos de los procesos productivos y también de los aspectos financieros de los contratos. Y así es como entregaremos el Ministerio”, afirmó.
Luces y sombras
En sus más de dos años al frente del MOP, López no dudó al señalar cuál fue uno de sus mayores orgullos: lograr que los más de 10 mil funcionarios de la cartera comprendan el verdadero impacto de su trabajo.
“Ese sentido profundo de lo que uno hace es lo que a mí me ha permitido enamorarme siempre de mis trabajos. Valorar que, en definitiva, uno está haciendo una pega que de verdad tiene un sentido para el país. Y este Ministerio, sin duda, lo tiene”, reflexionó.
Y según contó, ese mensaje caló hondo dentro del MOP. “Estamos todos con las pilas puestas. Le pusimos ruedas a esto y aceleramos con todo. Y ese ritmo no lo vamos a bajar”, dijo entre risas.
Pero pese a que se siente satisfecha con gran parte del trabajo realizado, reconoció que también hay cuentas pendientes, y la que más le duele es no haber logrado instalar con suficiente fuerza la urgencia de la crisis hídrica.
Aunque valora los avances impulsados -como la construcción de embalses, obras de riego e infraestructura hídrica-, considera que aún no existe una estrategia clara para abordar esta emergencia climática. Cree que falta sentar a los actores clave en una misma mesa, con una mirada de largo plazo y con un sentido de urgencia acorde a la magnitud del problema.
Pese a todo, dijo que no bajará los brazos. Aún le quedan meses por delante y varias metas por cumplir. Entre ellas, una que repite es honrar los compromisos presidenciales. “No hay nada peor que anunciar por anunciar. Y yo soy súper poco dada a anunciar humo. Tenemos que cerrar el Gobierno cumpliendo todas las promesas que hicimos”.
Una de ellas es avanzar a paso firme con el Puente Chacao, en la Región de Los Lagos. Cuando asumió, contó, el megaproyecto estaba prácticamente fuera del radar de las autoridades. Por eso se propuso devolverle el protagonismo. En el último año logró cerrar las negociaciones pendientes con la empresa a cargo, Hyundai, y fijar un nuevo cronograma que permitiría inaugurar la estructura en 2028.
Otro de sus objetivos finales es modernizar la gestión de contratos dentro del Ministerio para simplificar trámites y reducir la burocracia. ¿La meta? Que los más de 2.200 proyectos en ejecución, que suman US$ 27 mil millones, puedan avanzar con mayor agilidad.
- Con todo lo que ha pasado, ¿le gustaría volver a ser ministra?
- Si pudiera, volvería a postularme a este cargo. Si me llaman de nuevo, lo acepto con gusto.
- ¿En cualquier Gobierno?
- Por la coalición. Yo soy una mujer de izquierda desde que tengo 14.
Remezón en concesiones
Los últimos meses no han sido fáciles para la cartera, en especial para su brazo de concesiones. El primer golpe vino desde el Congreso, donde comenzó a avanzar el proyecto de ley “No + TAG”, que busca eliminar el cobro por uso en las autopistas. La iniciativa encendió las alarmas en el sector privado, desde donde advirtieron que su aprobación marcaría “el fin del sistema de concesiones”.
Luego vino la sorpresiva desvinculación de Juan Manuel Sánchez, hasta entonces director general de Concesiones. A eso se sumaron dos conflictos que han reabierto el debate sobre la conveniencia de aplicar este esquema a la infraestructura hospitalaria.
Por un lado, el conflicto que envuelve al Hospital de Antofagasta con uno de sus operadores; por otro, la concesionaria a cargo de la Red Biobío mantiene un enfrentamiento con la cartera. A esto se agregan los retrasos en la construcción del Hospital del Salvador.
- ¿A qué se debe la salida del exdirector de Concesiones?
- Estrictamente a temáticas de gestión. No hay más comentarios.
- Para este ejercicio tienen una importante cartera de concesiones de 15 potenciales proyectos por una inversión total de US$ 7.898 millones. ¿No se va a ver afectada por su salida?
- No. Ninguno de nosotros es irremplazable. Uno le puede poner un ritmo, el otro más sentido. Los equipos funcionan, tienen trayectoria, tienen el conocimiento y la capacidad. Esperamos cerrar el Gobierno cumpliendo con lo que hemos prometido y al ritmo que hemos mantenido hasta ahora, que ha sido bien evaluado.
- ¿Y el avance del proyecto “No + Tag” no afectará la cartera?
- No es sano para ninguna compañía. Además, todo servicio remunerado tiene que tener un mecanismo de coacción para el cobro. Si uno no paga la luz, se la cortan. Lo que sí uno puede tener una discusión sobre la cuantía de esas multas. Pero plantearlo como está en el proyecto, no es posible.
- Si sigue avanzando, ¿lo detendrán como Gobierno?
- Sí.
- ¿Es correcto que los hospitales se construyan por el modelo de concesiones?
- Yo creo que el modelo es correcto en general. Lo que significa que siempre hay que estar ajustándolo. Construir un hospital es un proceso de mayor complejidad que pavimentar una carretera. Es normal que surjan temáticas. Creemos que es una buena fórmula porque asegura el financiamiento.
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