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Suprema da razón a Codelco en caso subcontratación

El máximo tribunal resolvió que la cuprífera estatal no está obligada a incorporar a aquellos trabajadores que cumplen labores bajo el régimen de subcontratación.

Por: | Publicado: Lunes 12 de mayo de 2008 a las 15:01 hrs.
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La Tercera Sala de la Corte Suprema entregó un fuerte respaldo a Codelco al resolver este lunes que la estatal no está obligada a incorporar a aquellos trabajadores que cumplen labores bajo el régimen de subcontratación.

El máximo tribunal falló los 9 recursos de protección interpuestos por las distintas divisiones de Codelco, empresas mineras y subcontratistas, en contra de dictámenes de la Dirección del Trabajo que las obligaban a absorber a trabajadores.

De esta manera,
confirmó la decisión de las Cortes de Apelaciones de Antofagasta, Valparaíso y Rancagua, que habían fallado en contra de la Dirección del Trabajo, y revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó que había rechazado el recurso de protección de la cuprífera.

Los fallos establecen "que acorde con lo reflexionado en los fundamentos anteriores, resulta inconcuso que la autoridad fiscalizadora ha transgredido la legalidad vigente al pronunciarse con fuerza decisoria respecto de un asunto cuyo conocimiento, por su contenido controversial, era de la competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales", dice el dictamen.

Asimismo, una de las sentencias señala que "además de ilegal, la actuación administrativa cuestionada en el recurso amerita el calificativo de arbitraria; ello, en razón de haber afectado la fiscalización, sin una debida fundamentación racional, los derechos de terceros, las empresas contratistas, a quienes se les desconoció la relación contractual que  las vinculaba con sus trabajadores, disponiendo la contratación de éstos por Codelco, sin haber las referidas empresas sido partes -y, por ende, emplazadas y oídas- en el procedimiento inspectivo que culminó con la decisión observada".


Finalmente se señala que: "De acuerdo con lo que se ha venido razonando, el acto antijurídico emanado de la Dirección del Trabajo, que se critica por medio de la acción  de amparo formulada en autos, ha transgredido las garantías fundamentales previstas en el artículo 19 n°3 inciso cuarto y 16 inciso segundo; 21 y 24 de la Constitución Política de la República".

La Dirección del Trabajo emitió un informe en el que planteaba que Codelco debía internalizar a unos 5.000 trabajadores subcontratados -para así dar cumplimiento a la Ley de Subcontratación- que a inicios de mayo finalizaron una huelga que golpeó la producción de la cuprífera estatal.Los subcontratados, que estuvieron paralizados por más de 20 días, tenían como una de las banderas de lucha ante la minera el pasar a plantilla a los miles de empleados.
En todos los recursos el ministro Pedro Pierry expresó una opinión diferente a los restantes integrantes en sala. En seis de los recursos presentó su prevención, es decir, respalda la decisión de la mayoría, pero expresa una opinión distinta en algunos aspectos; mientras en tres de los fallos expresó su opinión contraria a la determinación de la mayoría.

En síntesis el ministro Pedro Pierry sostiene "que la Inspección del Trabajo está facultada para calificar jurídicamente los hechos, siendo esto parte de la actividad administrativa".
Agrega "que calificación jurídica de los hechos no puede por sí sola constituir una ilegalidad", ya que forma parte integrante de la actividad administrativa y que "la  Inspección del Trabajo carece de titularidad para imponer denuncias ante los tribunales, por lo que al prohibirle efectuar la calificación jurídica de los hechos por ser una actividad reservada a los tribunales de justicia, se está despojando de contenido a las normas de protección al trabajador, ya que ningún órgano de control, sea jurisdiccional o administrativo, llevará a cabo dicha calificación, y la eventual conducta transgresora de la ley quedará sin sanción, salvo que sea el propio trabajador afectado el que reclame, lo que en muchos casos resulta ilusorio".

La Sala estuvo integrada por los ministros Adalis Oyarzún, Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda y el abogado integrante Arnaldo Gorziglia.

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