“Esperemos una jornada en paz”, dijo el diputado oficialista de Cambiemos Daniel Lipovetzky respecto del nuevo intento del gobierno por aprobar la criticada reforma de pensiones con la que Mauricio Macri busca ordenar las cuentas fiscales.
Sin embargo, no fue así: miles de encapuchados actuaron con violencia en la Plaza del Congreso, derribando vallas y lanzando piedras y bombas Molotov contra la policía. Las fuerzas de seguridad, en tanto, respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma. La jornada terminó con más de 50 heridos y al menos 47 detenidos.
La escena fue una repetición de lo que pasó la semana pasada, cuando el primer intento de debatir la reforma en la cámara baja tuvo que ser suspendido por la violencia en las calles y los enfrentamientos entre los parlamentarios adentro del Congreso.
“La información que tenemos de los funcionarios es que hay agresiones en la calle y estiman controlarlas en la próxima media hora”, informó al inicio de la sesión el presidente de la cámara, Emilio Monzó.
A pesar de que la violencia no disminuyó -alcanzando un grado que hizo que la diputada de Cambiemos Elisa Carrió hablara de “golpe de estado”- el oficialismo no se rindió. Al conseguir el quorum de 129 diputados pasadas las 14.00 horas, Monzó insistió en debatir la reforma, en una sesión que continuaba hasta el cierre de esta edición y que se esperaba que concluyera en la madrugada de hoy.
Rechazo sindicalista
La jornada estuvo marcada no sólo por la violencia explícita, sino también por el rechazo pacífico. La Confederación General del Trabajo (CGT) -que expresó ayer su “absoluto repudio” a los disturbios generados por “provocadores” que “desvirtuaron la legítima movilización”- convocó a un paro de 24 horas, desde el mediodía de ayer hasta la misma hora de hoy, en “rechazo absoluto a este proyecto”.
La Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP) (el metro) también se sumó al paro desde las 21.00 horas de ayer, “para facilitar la desconcentración” de las protestas contra la reforma.
Según el sindicato, el proyecto “busca saquear a los jubilados, condenándolos a percibir haberes de pobreza de por vida, para transferirle esa plata a los empresarios y pagar deuda externa”.
Lo que causó la nueva ola de ira de los sindicatos fue la decisión del gobierno –como concesión tras el fracaso de la votación del jueves- de introducir un bono de 700 pesos argentinos (US$ 40) a los que ganen menos de 10 mil pesos, que en palabras del secretario general de la CGT, Juan Carlos Schmid, es “una burla” y fue “sacado como si fuera un parche de supervivencia”.
El bono fue concedido en la reunión con los gobernadores y funcionarios nacionales el viernes. Ayer, catorce jefes regionales llegaron al Congreso para demostrar su apoyo al proyecto, pero tuvieron que cancelar una conferencia de prensa, limitándose a tomar una foto conjunta.
Oposición en acción
La oposición, que a inicios de la jornada prometió hacer todo lo posible para que no se lograra el quorum para el debate, empezó a llegar al Palacio del Congreso una vez que se alcanzó la cifra, tratando de frenar la votación de otra forma.
Así, desde el Partido Justicialista-Frente para la Victoria, Agustín Rossi pidió que se levante la sesión “para evitar la violencia en Argentina”, subrayando que el gobierno “no termina de registrar la enorme oposición que tiene esta ley en el conjunto de la sociedad”. “Va a terminar con más heridos o hasta con un muerto. Si eso pasa háganse cargo porque los responsables van a ser ustedes”, aseguró su compañero de bancada, Santiago Igon.
La oposición también se refirió al bono, que la presidenta del bloque Frente Renovador, Graciela Camaño, calificó como “una limosna”.
El gobierno busca cambiar la fórmula de calcular los ajustes a las pensiones, que dependerán en 70% del IPC y en 30% de la evolución de salarios públicos (ahora la fórmula es 50-50), lo que ahorraría más de US$ 5.700 millones el próximo año y ayudaría disminuir el déficit fiscal, el principal objetivo de Macri. Sin embargo, el ajuste implicaría que las pensiones crecerían apenas 5,7% en marzo, versus 12% según el cálculo existente.
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