Pocas leyes encarnan de mejor manera las rigideces que afectan al mercado laboral francés que la que la tristemente célebre semana laboral de 35 horas.
Introducida a fines de los '90 por el gobierno de Jospin con esa sofisticada indiferencia por la "falacia de la porción de trabajo" (asumir que el empleo requerido por una economía es una cantidad fija) que sólo los educados en las mejores universidades francesas pueden exhibir, buscaba reducir el desempleo al rebajar el número de horas que cada individuo trabajaba. Haciendo eso, abracadabra, la idea era que habría más empleos.
Por supuesto, el resultado no ha sido el que los artífices planeaban. Si bien las horas trabajadas han caído desde que se promulgó la ley -los franceses ahora trabajan menos horas por año que cualquier otro Estado europeo excepto Finlandia-, la tasa de desempleo no ha bajado.
El impacto real de las 35 horas ha sido sobre el comportamiento de los empleadores, donde ha reforzado una ya fuerte reticencia a contratar personal a tiempo completo. De hecho, es uno de los factores detrás de la alta productividad de los trabajadores franceses. Las compañías prefieren invertir en procesos de ahorro de trabajo que en nuevos empleados.
La regla está nuevamente en el centro de atención debido a otra de sus consecuencias no buscadas, subrayada por la disputa laboral de EDF. Debido a que trabajaban 39,5 horas a la semana al momento de la reforma, el personal administrativo de la firma energética fue compensado con 23 días adicionales de vacaciones, además de los 27 que ya tenían.
Eso no importaba cuando EDF estaba aislada de la competencia. De hecho, postergar las obligaciones sociales era algo común en una era más protegida. Durante años, los consumidores de electricidad de Gran Bretaña subsidiaron los agotados y poco rentables yacimientos de la National Coal Board. Fiat estaba dispuesta a ubicar sus fábricas en Italia, siempre y cuando Roma devaluara periódicamente la lira para mantener sus costos de producción en línea.
Pero la UE ha eliminado estos refugios nacionales. El mercado eléctrico francés se ha estado abriendo lentamente desde 2007 a la competencia. Pero incluso a ese modesto ritmo de avance, las largas vacaciones son un regalo que la altamente endeudada EDF ya no puede absorber.
Claro, el objetivo de la compañía al renegociar las vacaciones no es contratar más personas, sino estrujar más trabajo de las 129 mil que ya laboran ahí. Es por eso que los políticos deben revisar toda la serie de regulaciones que ahogan al empleo. La semana de 35 horas no es la única razón por la que los jefes se oponen a la contratación. También está la dificultad para despedir. Los altos costos sociales empeoran la situación, así como la elevada tasa del salario mínimo. En 1980 estaba por debajo del de EEUU. Ahora, es casi el doble, según la OCDE.
Las razones para oponerse a las 35 horas son simbólicas y prácticas. Eliminarlas haría más que sacarle un peso a los empleadores; eliminaría un tabú que impide la reforma estructural. La ley tiene una suerte de status totémico en el rígido sistema laboral francés. Incluso Nicolas Sarkozy, quien prometió su destrucción, no pudo abolirla cuando llegó al poder en 2007.
La segunda razón es que la reforma debe ser decidida. Obligados por la necesidad, los gobiernos han intentado suavizar las leyes laborales, pero sus esfuerzos han sucumbido a la guerra partidista. Cambios tributarios introducidos por la administración Sarkozy para hacer menos traumático el régimen de 35 horas fueron rápidamente revertidos por su sucesor. Este jugueteo no ayuda a estimular el empleo sino que crea nueva incertidumbre sobre un sector empresarial ya oprimido por el bajo crecimiento y la oscura perspectiva fiscal. El nuevo gobierno ha prometido reformas laborales. Las 35 horas sería un excelente lugar para empezar.
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