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Publicado: Jueves 7 de abril de 2016 a las 04:00 hrs.
Puerto Rico aprobó ayer una ley que le permitiría imponer una moratoria sobre su deuda en momentos en que el territorio autónomo se enfrenta a la intensificación de la crisis financiera.
La aprobación pone en duda meses de conversaciones de reestructuración con autoridades en Washington y tenedores de bonos en Nueva York, y llega días después de que acreedores presentaran una demanda sobre otras medidas de emergencias llevadas a cabo para asegurar la subsistencia de la autoridad financiera de la isla.
La Cámara de Representantes de la isla aprobó la legislación permitiendo que el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, declare estado de emergencia y detenga el pago a los acreedores hasta enero de 2017.
La propuesta es el último intento por parte del gobierno para priorizar los servicios básicos por sobre los pagos de miles de millones de dólares que las autoridades aseguran que serán incapaces de hacer.
Casi una década de declive económico ha significado para la isla una deuda de US$ 70 mil millones que el gobernador ha considerado como “impagable”.
Puerto Rico no tiene acceso a las protecciones de bancarrota que se le otorgan a ciudades de Estados Unidos y a las empresas de propiedad pública.
El proyecto de ley afectará deudas emitidas por Puerto Rico y sus autoridades y corporaciones públicas, incluyendo el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, la autoridad financiera de facto de la isla.
Los expertos abordaron las dificultades de las empresas para gestionar los datos, las altas multas y la oportunidad que abriría la prórroga para adaptarse a la regulación.
Entre las propuestas coordinadas por la Bancada Startup, está flexibilizar la bolsa junior, extender franquicias tributarias a la inversión en startups, eliminar el impuesto a la venta indirecta para tecnológicas y que Corfo pueda invertir en fondos de capital de riesgo.
La consultora Toctoc proyecta que las ventas de viviendas decrecerán un 3,7% este año y acelerarán su recuperación en 2027, con un alza de 17%. A ello se sumaría una reducción del stock de unidades de entrega inmediata.
La propuesta plantea cambiar la compensación con el Seguro de Cesantía. El Ejecutivo solicitó actualizar el informe actuarial para evaluar su viabilidad y prepara otros ajustes en gradualidad y financiamiento.