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Publicado: Jueves 7 de abril de 2016 a las 04:00 hrs.
Puerto Rico aprobó ayer una ley que le permitiría imponer una moratoria sobre su deuda en momentos en que el territorio autónomo se enfrenta a la intensificación de la crisis financiera.
La aprobación pone en duda meses de conversaciones de reestructuración con autoridades en Washington y tenedores de bonos en Nueva York, y llega días después de que acreedores presentaran una demanda sobre otras medidas de emergencias llevadas a cabo para asegurar la subsistencia de la autoridad financiera de la isla.
La Cámara de Representantes de la isla aprobó la legislación permitiendo que el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, declare estado de emergencia y detenga el pago a los acreedores hasta enero de 2017.
La propuesta es el último intento por parte del gobierno para priorizar los servicios básicos por sobre los pagos de miles de millones de dólares que las autoridades aseguran que serán incapaces de hacer.
Casi una década de declive económico ha significado para la isla una deuda de US$ 70 mil millones que el gobernador ha considerado como “impagable”.
Puerto Rico no tiene acceso a las protecciones de bancarrota que se le otorgan a ciudades de Estados Unidos y a las empresas de propiedad pública.
El proyecto de ley afectará deudas emitidas por Puerto Rico y sus autoridades y corporaciones públicas, incluyendo el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, la autoridad financiera de facto de la isla.
La AFC advirtió que el cambio reducirá los recursos que gestionará y, con ello, sus ingresos. María Paz Hidalgo explicó que, ante modificaciones legales anteriores, estas compensaciones se han pagado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
El adelanto corresponde hasta un 26% del costo total de la obra, el que será entregado en dos cuotas. El convenio también incorporará una serie de compromisos adicionales por parte del contratista.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.