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Publicado: Jueves 7 de abril de 2016 a las 04:00 hrs.
Puerto Rico aprobó ayer una ley que le permitiría imponer una moratoria sobre su deuda en momentos en que el territorio autónomo se enfrenta a la intensificación de la crisis financiera.
La aprobación pone en duda meses de conversaciones de reestructuración con autoridades en Washington y tenedores de bonos en Nueva York, y llega días después de que acreedores presentaran una demanda sobre otras medidas de emergencias llevadas a cabo para asegurar la subsistencia de la autoridad financiera de la isla.
La Cámara de Representantes de la isla aprobó la legislación permitiendo que el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, declare estado de emergencia y detenga el pago a los acreedores hasta enero de 2017.
La propuesta es el último intento por parte del gobierno para priorizar los servicios básicos por sobre los pagos de miles de millones de dólares que las autoridades aseguran que serán incapaces de hacer.
Casi una década de declive económico ha significado para la isla una deuda de US$ 70 mil millones que el gobernador ha considerado como “impagable”.
Puerto Rico no tiene acceso a las protecciones de bancarrota que se le otorgan a ciudades de Estados Unidos y a las empresas de propiedad pública.
El proyecto de ley afectará deudas emitidas por Puerto Rico y sus autoridades y corporaciones públicas, incluyendo el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, la autoridad financiera de facto de la isla.
Esta semana se conoció que el gerente general de la healthtech se irá a Toku en septiembre, el que sería reemplazado por el actual country manager de la startup en México. Aunque no es la única salida en una reestructuración que vio a la compañía pasar de 160 personas a 25.
Además de la manifestación programada para mañana jueves la presión de los acreedores continuaría el viernes durante el desarrollo de Impulsa 2026, encuentro empresarial organizado por CPC Biobío, y que este año tendrá como invitado principal al Presidente José Antonio Kast.
Un litigio derivado de la venta de Cultivos Marinos Chiloé, tras la crisis del virus ISA, se convirtió en un culebrón entre abogados, luego de que, en 2023, un estudiante de Derecho compartiera imágenes del fallo de primera instancia antes de que éste se publicara. Hasta ahora, la demanda del empresario Francisco José López ha sido rechazada con costas, pero ahora va por un último intento, mientras el Colegio de Abogados alerta de un “atropello profesional”.
José Garay advierte que la falta de competencias está frenando la contratación y podría agudizarse con la reactivación de la inversión.
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