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Publicado: Miércoles 29 de mayo de 2013 a las 05:00 hrs.
Medianas compañías locales y regionales será el foco de AtlasBanc, banco norteamericano con sede en Florida que empezó su proceso de expansión en Latinoamérica desde Chile.
Desde la firma descartan solicitar la licencia bancaria “porque no somos un banco comercial”, y apuntan a que “al mercado de los family offices le falta competencia, así que venimos a remecer ese segmento de empresas de tamaño entre US$ 20 millones a US$ 100 millones”, explicó el presidente de la entidad, Daniel Caamano.
Al país, llegan en asociación con la boutique financiera, Solís de Ovando, León y Cía., “a atacar un segmento que actualmente no está cubierto por la banca de inversión tradicional” y en un país que destaca en la región por “el desarrollo económico, infraestructura financiera y con un muy atractivo capital humano”.
A inicios de esta semana, compraron un porcentaje de participación del multifamily offices Sartor, a través del que administrarán patrimonio, además de la firma de comercialización de metales Aurica, alistando con estas adquisiciones los próximos pasos para levantar un fondo de inversión en oro que podría alcanzar un patrimonio de US$ 50 millones.
El nuevo banco de inversión buscará realizar desde operaciones de financiamiento, fusiones y adquisiciones, emisión de deuda hasta aperturas en bolsa. Inicia sus operaciones en Chile con un patrimonio administrado cercano a los US$ 40 millones y esperan incrementarlo hasta US$ 500 millones en 10 años.
De acuerdo con su última entrega de resultados, a julio de este año los ingresos de la firma disminuyeron cerca de un 29%, mientras que sus pérdidas se profundizaron a los $ 13.175 millones.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
El indicador elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) volvió a subir en julio y confirmó una mayor incorporación de inteligencia artificial entre las empresas. Sin embargo, la mayoría anticipa un bajo impacto sobre los puestos de trabajo y las diferencias de adaptación tecnológica según tamaño siguen siendo significativas.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.