La industria fintech vive un momento de inflexión. El 3 de febrero, se cerró el plazo legal para que los interesados se inscribieran ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Desde esa fecha, múltiples empresas del sector están haciendo fila para formalizar su operación bajo la nueva normativa.
El masivo interés no solo da cuenta del crecimiento del ecosistema fintech en Chile, sino que también, del atractivo que genera la naciente regulación.
Para estar bajo el paraguas de la CMF, los denominados “prestadores de servicios financieros” debían solicitar su inscripción y autorización en el registro de la CMF, según lo estableció la norma N°502 de la Ley Fintech.
La regulación está dirigida a quienes ejercen profesionalmente funciones como: asesoría de inversión, financiamiento colectivo, sistemas alternativos de transacción, asesorías crediticias, custodia de instrumentos financieros, enrutamiento de órdenes e intermediación de instrumentos financieros.
Medios de pago y criptomonedas
De acuerdo con datos de la CMF, actualmente existen 179 entidades inscritas y autorizadas para operar. De este universo, 178 corresponden a asesores de inversión y solo una a intermediario de instrumentos financieros, la fintech Koywe.
Esta última es una empresa que facilita pagos y cobros transfronterizos en Latinoamérica, especialmente en el ámbito de las criptomonedas y medios de pago locales. El 27 de mayo se convirtió en la primera fintech aprobada en esta categoría por el regulador.
En tanto, los 178 inscritos restantes pertenecen al segmento de asesoría de inversión.
De acuerdo con el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Asesores de Inversión, Arie Gelfenstein, este número se explica porque “antes de la Ley Fintech, existía un registro llamado asesores de inversión (bajo la Norma N°472), y los que estaban inscritos, se traspasaron al nuevo registro de prestadores de servicios financieros en la categoría asesoría de inversión”.
Entre los actores destacados de este negocio resalta el multifamily Valora, fundado por el exCEO de Alcalá Inversiones, René Sepúlveda, quien recibió en febrero la aprobación de la CMF.
Solicitudes en trámite
Además de los ya autorizados, existen más de 300 solicitudes de inscripción siendo tramitadas en la CMF, según cifras del regulador a abril de este año.
Entre ellas, las más numerosas corresponden a asesoría de inversión, con 102 solicitudes, seguidas con 74 para peticiones de intermediarios de instrumentos financieros, 41 requerimientos de enrutadores de órdenes, y el resto está distribuido entre las otras cuatro categorías.
“En FintechChile son cerca de 380 afiliados, por lo que el número de solicitudes es razonable”, explicó el director general de ProFintech, Eduardo de la Maza.
Gelfenstein enfatizó que el alto número de solicitudes para asesoría de inversión “refleja lo que está ocurriendo a nivel global. Hoy, un asesor no es solo un comprador o vendedor de productos; cada vez más personas buscan a alguien que los acompañe en sus decisiones financieras en el largo plazo”, aseguró.
Para los expertos, lo más relevante ha sido la alta demanda de autorización como intermediarios de instrumentos financieros. “Ese es el gran hallazgo”, señaló De la Maza, destacando que se trata de entidades más sofisticadas y sujetas a mayores exigencias normativas.
De hecho, la unidad dentro de la CMF encargada de fiscalizar a los intermediarios de valores también será responsable de supervisar a estos nuevos actores.
Entre las empresas que han solicitado autorización bajo esta categoría figuran Xepelin, Buda y CryptoMarket. La CEO de esta última, Fernanda Juppet, explicó que están solicitando la autorización para operar como intermediarios y ofrecer servicios de custodia.
La exchange cuenta con más de 700.000 clientes en cinco países de América Latina y mueve entre US$ 1.000 millones y US$ 3.000 millones al año.
“La CMF se embarcó en un proyecto muy ambicioso, y lo hizo de una manera distinta a la que había utilizado tradicionalmente. El nivel de trabajo y dedicación en las mesas públicas para desarrollar esta normativa fue enorme, y eso generó una respuesta muy positiva por parte del ecosistema”, aseguró Juppet.
En cuanto a la categoría de custodia de instrumentos financieros, fuentes del mercado indican que hasta ahora no hay ninguna entidad que haya solicitado exclusivamente esa autorización, lo que reduciría, la posibilidad de competencia con el Depósito Central de Valores (DCV).
Tiempos de espera
Las entidades que realizaron su inscripción antes del 3 de febrero pueden seguir operando con normalidad mientras esperan la resolución de la CMF, ya sea aprobación o rechazo.
En cuanto a los plazos de respuesta, Juppet señaló que “son tiempos esperables y la CMF está respondiendo rápido”. Añadió que “para tener una referencia, una solicitud de licencia en el Reino Unido puede tardar entre ocho meses y un año y medio, mientras que en países europeos puede demorar entre dos y tres años desde el momento en que se presenta. La CMF ya está respondiendo”, concluyó.
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