Primero estuvo en la mira de la denominada re-argentinización de
inversiones, que se dio en empresas como YPF y Aerolíneas Argentinas,
entre otras. Ahora Edesur, la filial de distribución del grupo Enersis
en el país vecino, está sufriendo un nuevo traspié.
Impedir que
efectuara la distribución de dividendos a sus accionistas fue la
herramienta que la administración de Cristina Fernández utilizó esta
vez para salir al paso de la compañía -donde también participa la
estatal brasileña Petrobras-
que atiende a más de 2,2 millones de
clientes en la zona sur de la Capital Federal y otras localidades de la
Provincia de Buenos Aires.
Fue la propia Edesur la que el martes
informó a la Bolsa de Valores de Buenos Aires que mediante una carta el
Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) la “intimó a
suspender la ejecución del reparto de dividendos”, que estaba prevista
para ayer.
En la misiva el presidente de la entidad pública,
Mario de Casas, explica que “la concreción de medida societaria de
tamaña gravitancia, no puede ser adoptada en forma unilateral, y deben
ser previa, y específicamente valorada, en el marco de las obligaciones
concesionales esenciales de esa distribuidora”.
A raíz de lo
anterior, el titular del ENRE concluye que “una indebida distribución
de dividendos, pondría en peligro cierto, la regular y continua
prestación del servicio público de electricidad”, lo que finalmente
obligó la intervención.
Luego de alcanzar por segundo año
consecutivo números azules, tras el congelamiento tarifario de 2001,
Edesur se disponía a concretar su primer reparto de dividendos tras
ocho años, el cual alcanzaría a Ar$ 65,5 millones, unos US$ 17,5
millones, y se convertiría en el primero que materializaría un actor
del sector eléctrico.
Reacciones y medidas
Conocida
la suspensión, ayer no tardaron las reacciones. La compañía se limitó a
insistir en la versión que entregó en su hecho esencial: que “no
comparte” los motivos del ENRE y agrega que “está desarrollando sus
actividades en el marco de la normalidad y se presta el servicio
público de distribución eléctrica en forma regular y continua”.
En
el sector público el primero en alzar la voz fue el ministro de
Planificación Federal, Julio De Vido, quien justificó la intervención
como una forma de garantizar que Edesur cumpla con las inversiones
comprometidas en el marco de su concesión de servicio, lo que -dijo-
hasta el momento la firma no habría cumplido.
“Señores, antes de
distribuir dividendos hagan las inversiones necesarias para que la red
eléctrica esté en condiciones”, dijo el personero.
Frente a esta
acusación la distribuidora indicó que el año pasado invirtieron más de
Ar$ 400 millones y que respecto del monto propuesto para este año -que
sería similar al de 2008- no recibieron ningún reparo por parte del
ENRE.
Sin embargo, fue el vicepresidente de la Comisión Nacional
de Valores trasandina, Alejandro Vanoli, quien expuso -a juicio del
mercado argentino- la verdadera razón que tuvo el gobierno para
cruzarse en los planes de Edesur. En declaraciones a una emisora
trasandina indicó que la prohibición “está en la dirección correcta
para evitar una fuga de capitales”.
“Argentina está adoptando
distintas medidas para evitar que este contexto internacional tan
particular haga que muchas empresas de capital extranjero tengan
incentivos para generar mecanismos de salida de capitales”, dijo.
La
sensación del mercado tomó más fuerza al analizar distintas versiones
de prensa que ayer consignaron que a diferencia de lo que sucede con la
filial de Enersis, la administración kirchnerista no puso reparos a los
repartos de dividendos que este año hicieron de gasíferas privadas como
Camuzzi Gas Pampeana, TGS, Gas Cuyana y Gas Natural BAN, que en
conjunto repartieron poco más de US$ 28 millones.
La tesis del castigo
Otra
versión que ventiló la prensa argentina habla de un “castigo a Edesur”
por haber violado un acuerdo no escrito del año pasado en que las
eléctricas aceptaban no entregar dividendos mientras la situación del
sistema eléctrico no mejorara.
En su comunicación Edesur dijo
estar evaluando medidas. Consultados sobre las acciones que la firma
podría tomar, diversos especialistas trasandinos explicaron que la vía
judicial local o internacional no sería la más efectiva, como lo han
demostrado experiencias anteriores de otras compañías que por el camino
legal no han logrado éxito.