El proyecto que busca declarar feriado regional el 10 de agosto en Tarapacá, con motivo de la festividad religiosa de San Lorenzo, dio su primer paso en el Congreso tras ser declarado admisible por la Cámara de Diputadas y Diputados.
La iniciativa fue impulsada por el diputado Carlos Carvajal y cuenta con el apoyo de la diputada Ximena Naranjo y el diputado Álvaro Jofré. De acuerdo con los antecedentes difundidos por el parlamentario, la propuesta apunta a establecer el feriado por dos años consecutivos, en reconocimiento a una de las celebraciones religiosas y culturales más masivas del norte del país.
La festividad convoca cada año a más de 200 mil personas en el pueblo de Tarapacá, entre peregrinos, familias, bailes religiosos, visitantes y turistas. El argumento de sus impulsores es que la fecha no solo tiene un peso religioso y patrimonial, sino también un efecto económico en comunas del interior, especialmente en comercio, transporte, gastronomía, hospedajes y emprendimientos locales.
“San Lorenzo no es solamente una celebración religiosa; es parte del alma de Tarapacá. Esta festividad moviliza a miles de personas, fortalece nuestra identidad y genera un impacto positivo en la economía regional, especialmente en el comercio, el turismo, el transporte, la gastronomía, los hospedajes y los emprendimientos locales”, sostuvo Carvajal.
El costo fiscal estimado
El debate también tiene una dimensión fiscal. En 2023, la Dirección de Presupuestos (Dipres) elaboró un informe financiero para un proyecto que buscaba declarar feriado el 10 de agosto de ese año en la Región de Tarapacá, con ocasión de la festividad de San Lorenzo.
En ese documento, Dipres identificó dos efectos sobre el Presupuesto Fiscal. El primero estaba asociado a un eventual aumento de horas extra en instituciones del Gobierno Central ubicadas en la región, aunque el organismo estimó que ese efecto sería marginal y financiado con los presupuestos vigentes de los servicios respectivos, sin generar mayor gasto fiscal.
El segundo impacto correspondía a una menor recaudación de impuestos por la baja de actividad económica regional durante el día feriado. Para ese cálculo, Dipres utilizó las elasticidades de recaudación de ingresos tributarios no mineros respecto del PIB efectivo y consideró una contracción equivalente a un día laboral dentro de un promedio de 240 días laborales anuales.
Con esa metodología, el informe financiero estimó el costo de un feriado nacional entre US$ 110 millones y US$ 140 millones. En el caso regional, Dipres estimó que un feriado regional como el de San Lorenzo en Tarapacá implicaría una menor recaudación fiscal de $ 252 millones. La cifra no equivale al costo total para la economía regional, sino al impacto esperado en ingresos tributarios no mineros por un día laboral menos.
Desde la mirada de los impulsores, el costo debe ponderarse frente al movimiento económico que genera la celebración en Tarapacá. Carvajal defendió que la fecha entrega una oportunidad para ordenar con mayor anticipación la actividad de familias, bailes religiosos, peregrinos y actores económicos vinculados a la fiesta.
“Cuando hablamos de este feriado, no estamos hablando de un gasto para la región, sino de una inversión en identidad, turismo, emprendimiento y desarrollo local. San Lorenzo permite dinamizar la economía de Tarapacá y llevar actividad hacia comunas del interior que muchas veces quedan fuera de los grandes circuitos económicos del país”, agregó.
Tramitación en el Congreso
Tras ser declarado admisible, el proyecto deberá continuar su discusión en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados. Luego tendrá que ser votado en Sala y, si es aprobado, pasará al Senado para seguir su tramitación legislativa.
El diputado Carvajal llamó a mantener el respaldo político a la iniciativa y sostuvo que la admisibilidad es solo el primer paso para avanzar en el reconocimiento formal de esta celebración en el calendario regional.
“Este proyecto reconoce una realidad que Tarapacá vive hace generaciones. San Lorenzo es fe, patrimonio, cultura y también desarrollo regional. Por eso vamos a seguir empujando esta iniciativa hasta que el 10 de agosto sea reconocido como feriado permanente para nuestra región”, afirmó.
La propuesta se suma a otros debates sobre feriados regionales vinculados a festividades locales, donde el Congreso suele revisar tanto el arraigo cultural de la celebración como sus efectos administrativos, laborales y fiscales.