Tras las elecciones de la semana pasada, la atención pública comienza a centrarse en las presidenciales de noviembre de 2025. Se debate quiénes serán los candidatos, pero, sobre todo, si volverá al poder una coalición de centroderecha. Porque quedó claro que el experimento del Frente Amplio pasará, al menos en esta ocasión, sin pena ni gloria: no tuvo éxito en implementar su programa refundacional y serán pocas las iniciativas que quedarán como legado. Dado esto, muchos esperamos que un cambio de signo político implique también un cambio en el dinamismo de la economía, reflejado en una recuperación de la inversión, el empleo, la certeza jurídica, etc.
Personalmente, considero que es posible —aunque no sencillo— que, con un conjunto de políticas y señales adecuadas, Chile pueda retomar una senda de crecimiento mayor en el corto plazo. El 2% de crecimiento proyectado promedio para 2025-2026 (1,8% entre 2025-2034 para el sector no minero) refleja un país con niveles de ahorro e inversión muy bajos, donde el crecimiento depende del consumo privado y el sector exportador, sin mayores sorpresas, logros o ambiciones. Un país que tardaría décadas en resolver las deficiencias en la provisión de servicios sociales de calidad, y que se volvería insignificante en el contexto global, además de mediocre dentro de América Latina. En resumen, un caso de desarrollo frustrado.
Para alcanzar un crecimiento del 4-5% se requieren mayores niveles de inversión. En el corto plazo, esto se puede lograr mediante incentivos adecuados; por ejemplo, estabilidad tributaria, tasas corporativas competitivas, un régimen tributario simple e integrado, certeza jurídica en los contratos, simplificación de la burocracia estatal y una expansión del uso de concesiones para la construcción de infraestructura pública, como en resiliencia hídrica frente al cambio climático. Estas son acciones que un gobierno pragmático, enérgico y con convicciones claras puede ejecutar, generando efectos de corto plazo en el empleo y el crecimiento.
Sin embargo, ninguna de estas medidas es una estrategia de desarrollo en sí misma. Porque hemos sido poco visionarios en reconocer la necesidad de contar con una. Desde mediados de los 80 y durante 20 años, tuvimos algo parecido: Chile se configuraba como una economía abierta al mundo, inicialmente en el ámbito comercial y, al adquirir la capacidad, también en su cuenta de capitales, con políticas macroeconómicas de primer nivel. Con un Estado pequeño y elevados niveles de pobreza, la provisión de servicios sociales —en salud, educación e infraestructura, principalmente— se compartía con el sector privado, con transferencias directas focalizadas. Esto nos condujo al éxito, reduciendo la pobreza, mejorando la distribución del ingreso y aumentando el PIB per cápita sin incrementar significativamente el tamaño del Estado, como se observa en el Gráfico N°1.
Desde entonces, comenzamos a improvisar. Políticas transitorias, como el bono de marzo de 2009, se transformaron luego en aportes permanentes y menos focalizados, con transferencias sociales orientadas al 90% de la población. Su punto culmine, y la política más regresiva fue la gratuidad universitaria y reforma del modelo de educación particular subvencionado (nos bajamos de los patines para volver a andar a “pata pela”), que llevó el gasto público en educación a cerca del 5% del PIB, superando a países como Japón o Reino Unido y similar al de Bélgica o Nueva Zelanda. Sin embargo, la calidad y equidad no mejoraron en absoluto.
Desde 2014 (con Bachelet II y la Nueva Mayoría) en adelante, surgió una pseudoestrategia de desarrollo que alcanzó su punto máximo en esta administración: un Estado al centro, como un ideal. El “Estado empresario” —la estrategia del litio— y el “Estado proveedor” único en educación, salud y pensiones (fondo único de salud, entidad única de administración de pensiones). Esto aspiraba a resolver una inequidad estructural: solo los chilenos con acceso a servicios privados tenían acceso a servicios de calidad. Sin embargo, el resultado ha sido un desastre. Veamos solo un ejemplo, el caso de la salud. Como muestra el Gráfico 2, hoy el Estado gasta casi lo mismo por persona que el sistema privado, pero más de 44.000 personas mueren esperando atención, que además es indigna, insegura e ineficiente en comparación con la del mundo privado.
¿Tenemos una estrategia alternativa? Retomemos el modelo anterior. Seguimos siendo una economía pequeña, lejana y exportadora, con una política comercial abierta y exitosa. Contamos con 6.450 kilómetros de costa en el Pacífico y el futuro es asiático. En comparación con América Latina, tenemos mejores índices de certeza jurídica, infraestructura, telecomunicaciones, mercado de capitales, etc. Podríamos ser el proveedor más relevante de servicios para toda la región, incluida Brasil, y una plataforma de conexión con Asia, no solo en términos logísticos, sino también seguros, financiamiento, salud, telecomunicaciones, educación, etc. La Holanda de América Latina.
Sin embargo, al analizar lo más básico para una estrategia así, los puertos, nuestra competitividad es nula (ver tabla), Perú nos va a dejar atrás con Chancay y seguimos discutiendo sobre cómo y cuándo será la ampliación de San Antonio.
Es urgente reflexionar sobre qué Chile queremos construir, no 4 años sino a 25 años. El próximo gobierno debe plantear un programa que trascienda su período, que inspire y energice. Esto también creará continuidad en las ideas durante 8, 12, o 16 años, como lo fue en los años 90. Algunos dirán que es soñar; yo creo que es cuestión de convocar. 
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
salud
