No cabe duda que social y económicamente es necesario o deseable contar con mecanismos de evaluación de proyectos que permitan contrapesar la necesidad de las grandes inversiones con otros requerimientos, como son el cuidado del medio ambiente, del patrimonio cultural o de las comunidades. Como cualquier sistema de contrapeso, si es muy restrictivo o muy laxo, no cumplirá adecuadamente su rol.
En Chile existe la sensación de que las exigencias a los grandes proyectos son tan grandes, que simplemente están limitando la inversión hasta un punto pernicioso. Un ejemplo llamativo fue la portada del Diario Financiero en septiembre de 2024, la cual destacaba como una empresa frenó un gran proyecto de inversión en Chile, y el caso de otra empresa que decidió invertir en otro país.
Para testear si efectivamente la permisología está afectando la inversión, es posible inspeccionar -sólo como ejemplo, dado que hay muchas dimensiones en las que la onerosidad de los permisos debe ser evaluada- la valiosa base de datos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). De dichos datos emergen algunas verdades que me parecen incómodas.
La primera, es que el promedio anual de duración de tramitación de los proyectos ha aumentado en cerca de un 89% en los últimos 30 años, pasando de 208,9 a 395,6 días promedio (esto incluye todos los proyectos; aprobados, rechazados, abandonados, entre otros). Si miramos el cambio en los últimos 20 años, el aumento es de un 76%. Por los demás, hay plazos legales que no siempre se cumplen, lo que obviamente genera más incertidumbre a los inversionistas.
La segunda verdad incómoda es que el porcentaje de proyectos aprobados ha disminuido constantemente. Hace 30 años se aprobaban cerca del 100% y ha disminuido hasta llegar a aproximadamente el 60% del total de los proyectos. Esto contrasta con el porcentaje de proyectos desistidos o abandonados, que fue aumentando desde casi cero, hasta cerca de un 20% de los proyectos.
La tercera verdad incómoda es que la inversión total de los proyectos que han debido pasar por el trámite en el SEIA se mantiene a casi los mismos niveles que hace 20 años. Esto no fue siempre así. Hubo un gran peak en 2012 y 2013 (también uno menor en 2007), pero después comenzó a disminuir hasta llegar a un monto muy inferior. Esto es consistente con la “década perdida” de la economía chilena.
En efecto, es imposible que se pongan trabas a la inversión y que ésta no se resienta. Si los trámites se demoran más y la incertidumbre de la aprobación es mayor, entonces la evaluación de cada proyecto se hace menos atractiva y, en consecuencia, se hacen menos inversiones totales. Las potenciales inversiones que estarían entre hacerse y no hacerse en una situación ideal, se terminan no haciendo, dadas las condiciones actuales. Por eso se ha llamado a la permisología como un “impuesto” a la inversión, porque tiene el mismo efecto que un impuesto en la evaluación de los proyectos de inversión.
Obviamente, las razones por las que la inversión se resiente es multi causal. En nada ayudó la incertidumbre política de los últimos años o la pandemia, y sus consecuencias económicas en todo el mundo. Sin perjuicio de esto, claramente hay problemas administrativos que deben ser subsanados.
La inversión es clave para generar empleo y crecer, ya que permite la creación de nuevas oportunidades laborales y estimula la economía. La inversión implica mayor productividad y bienestar en general, ya que involucra la adquisición de tecnologías y recursos que mejoran la eficiencia y la calidad de vida. Más todavía, la inversión en infraestructura, educación y salud puede tener un impacto significativo y directo.
A mayor abundamiento, la inversión puede ser un elemento clave en tareas como revertir o frenar el cambio climático. Por ejemplo, la inversión en energías renovables, como la energía solar y eólica, ayuda a disminuir las emisiones. También puede impulsar la innovación y el desarrollo de tecnologías sostenibles, lo que puede generar nuevas oportunidades económicas y cuidar el medio ambiente.
¿Por qué no le damos la prioridad que merece solucionar este problema? Sobran propuestas y diagnósticos, pero políticamente parece más rentable preocuparse de impulsar políticas públicas que -supuestamente- benefician directamente a los votantes. El problema de la permisología se ve como un tema aburrido y un problema de los grandes empresarios (y hay que recordar que parte de los políticos chilenos nos han tratado de hacer creer que los empresarios son como una especie de enemigo). La “miopía” política impide ver que solucionar este problema no beneficia sólo a los empresarios, nos beneficia a todos.
Es hora de liderazgos distintos, que sean capaces de impulsar lo que no da votos directamente, pero que sí beneficia a los chilenos. ¿Quién se pone la jineta?
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