Finalmente, concluyó la labor de la Comisión Investigadora del caso Monsalve y, tal como se esperaba con anterioridad, la instancia encabezada por el diputado de Renovación Nacional (RN) Manuel Mellado no logró el consenso esperado; por lo que, se produjo la votación del informe y se cerró el trabajo iniciado el 11 de noviembre de 2024.
En la votación se impuso la propuesta de la oposición que fue aprobada por el propio Mellado, Luis Sánchez (Part. Republicano), Álvaro Carter (Indep. exUDI), Gloria Naveillán (indep. PNL); Joanna Pérez (Demócratas), Flor Weisse (UDI) y Carla Morales (RN); mientras que en contra se inclinaron Diego Ibáñez (FA), Camila Musante (indep. PPD), Alejandra Placencia (PC), Carolina Tello (FA) y Daniella Cicardini (PS); por su parte, el diputado radical Tomás Lagomarsino se abstuvo.
Según el texto aprobado, conocidos los hechos que llevaron a esta situación y “a pesar de las facultades constitucionales, en principio en “manos pacto” del Presidente de la República, no cuestionó que Manuel Monsalve siguiera en su cargo y continuara sus actividades oficiales sin modificaciones, incluyendo su participación pública en instancias relevantes, como la subcomisión de presupuestos del Senado”.
Por lo que “se evidenció una grave falta de liderazgo y decisión política al mantener a Manuel Monsalve en su cargo durante varios días después de conocerse la denuncia (…). El impacto político y social del caso fue severo, cuestionando profundamente la credibilidad del compromiso gubernamental con los derechos de las víctimas y la transparencia institucional. Las acciones tardías y poco transparentes del Gobierno han derivado en duras críticas políticas y públicas, exigiendo una revisión integral y urgente de los protocolos institucionales para evitar la repetición de errores similares en el futuro”, señala el documento de 24 carillas.
“Falta de control y una vida incompatible con el cargo”
Sobre los hallazgos de la investigación efectuada por la comisión, el texto destaca que “uno de los aspectos más alarmantes que pudo comprobar esta comisión mediante su función fiscalizadora es que Monsalve se desplazaba sin escolta oficial en reiteradas ocasiones, pese a que el protocolo de seguridad para altos funcionarios establece la presencia permanente de equipos de protección. La falta de vigilancia no solo ponía en riesgo su integridad personal, sino que también debilitaba la capacidad de respuesta del Estado ante eventuales amenazas, ya que el subsecretario manejaba información estratégica sobre crimen organizado, narcotráfico y operaciones policiales”, son algunos de los alcances del texto.
Acto seguido, se afirma que “esta falta de control y un estilo de vida incompatible con el cargo hacían de Monsalve un objetivo accesible para bandas criminales, quienes podrían haber aprovechado estas circunstancias para extorsionarlo o influenciar decisiones estratégicas en materia de seguridad”.
En materia de gastos reservados, que es un tópico particularmente analizado, al punto que se revisaron las cuentas del exsubsecretario, el documento plantea que la Contraloría señaló que “en cuanto al alcance del deber de información, se aprecia que este consiste en la entrega de los informes sobre la utilización de los gastos reservados y de los antecedentes suficientes -atendida la naturaleza de esos desembolsos- que permitan a la autoridad ministerial verificar que los recursos han sido utilizados conforme al ordenamiento jurídico, en el cumplimiento de la finalidad pública para la cual fueron otorgados”; por lo que, señala el informe, “en esto también merece un reproche la ex ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, en tanto la propia Contraloría General de la República estableció en el dictamen”.
Por lo que, el texto reitera que “el actuar de la exministra Carolina Tohá en la denuncia contra el
exsubsecretario Manuel Monsalve revela importantes deficiencias en términos de liderazgo, transparencia y aplicación oportuna de protocolos institucionales”.
Boric: “No ejerció un liderazgo adecuado en situaciones complejas”
Respecto al presidente Gabriel Boric, el informe señala, entre otras cosas, que “hay una responsabilidad compartida con la titular del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, pero es del caso señalar que el deber de resguardo del orden y la seguridad pública es entregada por la Carta Fundamental al Presidente de la República y que éste como jefe del Estado, que tiene a su cargo el Gobierno y la Administración, tiene la capacidad de remover y hacer los cambios necesarios, cuestión que no hizo en tiempo y forma a pesar de lo imperioso de aquello atendida la entidad de la acusación y lo capital de la función del Sr. Monsalve”.
En cuanto a la actuación del mandatario, el informe al que no se quiso sumar el oficialismo señala también que “parece ineludible el reproche al Jefe de Estado por una cadena de equivocaciones con graves consecuencias institucionales: fue el Presidente de la República quién permitió al exsubsecretario viajar a la ciudad de Concepción; quien no comunicó estos hechos a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; quién en definitiva no ejerció un liderazgo adecuado en situaciones complejas; y quien objetivamente mantuvo al exsubsecretario en el cargo hasta que La Segunda reveló la denuncia”.
Lo que incluso, subraya el documento, “denota un plan presidencial deficiente, si no cómplice, respecto de la permanencia del Manuel Monsalve en un cargo esencial para la seguridad de millones de chilenos”.
Propuestas
De ahí que promovieran una serie de propuestas como la modificación, actualización y/o creación de un protocolo de protección de altas autoridades por parte de las policías; modificación legislativa, respecto de la aplicabilidad de las sanciones administrativas instruidas por parte de la Contraloría; y establecer urgencia legislativa en iniciativas que vaya en la línea de modificar las obligaciones de los funcionarios públicos frente a las comisiones especiales investigadoras.
Por lo que se propone abordar de mejor manera los protocolos sobre acoso y abuso sexual al interior de la administración pública; una mayor fiscalización en materia de la utilización de gastos reservados; y, la modernización y fortalecimiento del Sistema de Inteligencia del Estado e impulso a la tramitación legislativa del proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado.
DESCARGA EL INFORME DE LA COMISIÓN (PDF)
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