Este miércoles comienza en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados la discusión del proyecto de reforma constitucional que busca establecer un impuesto al patrimonio, también conocido como tributo a los "súper ricos".
La temperatura del debate continúa aumentando. Muestra de aquello son las minutas remitidas a parlamentarios por el Instituto Libertad & Desarrollo (LyD) y la Fundación Jaime Guzmán, en las que advierten que la medida es inconstitucional, afecta la certeza jurídica y el Estado de Derecho, entre otros aspectos.
Cabe recordar que la propuesta de parlamentarios de oposición establece un impuesto de 2,5% al patrimonio bruto de las personas naturales con domicilio en Chile, titulares de bienes y derechos, en Chile o en el extranjero, al 31 de diciembre de 2019, equivalentes a un valor igual o superior a US$22 millones.
LyD: Fuga de capitales
Diversos economistas y constitucionalistas del organismo liderado por Marcela Cubillos señalan que el proyecto, siguiendo los pasos de la reforma constitucional que permitió el retiro de fondos de pensiones, pretende regular en la Carta Magna materias que por su naturaleza deben ser objeto de ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. "Así, la iniciativa presentada, en tanto reforma a la Constitución y no como vía proyecto de ley, no tiene otro objeto que sortear mañosamente la institucionalidad vigente", aseguran.
Asimismo, LyD sostiene que desde el punto de vista económico es una "iniciativa mal orientada", argumentando que la mayoría de los gravámenes a la propiedad generan "distorsiones" en las decisiones económicas, especialmente si se transforman en un impuesto capital físico desalentando su formación y alterando su ubicación, "dada la fuga de capitales que se puede generar en un contexto de elevada movilidad de estos y de competitividad tributaria entre jurisdicciones, reduciendo el capital de la economía y su crecimiento de largo plazo".
Para el centro de pensamiento, la moción va en la "dirección equivocada", ya que en tiempos de crisis económicas como el actual, creen que los países deben hacer "justamente lo contrario".
"O sea, facilitar que las personas y empresas generen riqueza con el propósito de combatir el desempleo y fomentar la recuperación de la actividad económica. Para ello, los agentes económicos requieren un grado mínimo de seguridad jurídica e incentivos -y, en ningún caso, desincentivos- para desarrollar proyectos de inversión", asegura el documento.
Fundación Guzmán: "Fraude a la ley"
En una minuta de su programa legislativo, la Fundación Jaime Guzmán enfatiza que la norma es contraria a la Carta Magna debido a que el Tribunal Constitucional ha señalado que para el establecimiento de tributos existe reserva legal, siendo la iniciativa exclusiva del Presidente de la República y de origen exclusivo en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, recalcan que "no procede la delegación de facultades legislativas y se corresponde con el deber de los órganos del Estado de actuar en el ámbito designado por la Constitución Política de la República y las leyes".
Explican que tal como sucedió con el proyecto acerca del retiro de fondos previsionales, la oposición utiliza un "resquicio constitucional para evitar la inadmisibilidad de la iniciativa, en caso de establecerse una reforma legal".
"A nuestro juicio, se configura un fraude a la ley -entendido este como un acto por el cual se crea de hecho una situación aparentemente lícita y conforme a la ley, pero cuyo efecto es violar el espíritu de la misma-, porque se utiliza mañosamente una norma para conseguir algo que otra limita o prohíbe", señala el centro de estudios cercano a la UDI.
La FJG explica que al legislar a través de disposiciones transitorias en estas materias de iniciativa exclusiva, se "rompe la necesaria armonía del texto constitucional, privando de eficacia la referida iniciativa exclusiva. En definitiva, se genera la incongruencia de que hacer nacer una Reforma Constitucional sea más sencillo que hacer nacer una ley".
Cierran el análisis señalando que "estas prácticas, al promover actuar al margen de la legalidad, alteran el normal funcionamiento de nuestra institucionalidad, poniendo en jaque el Estado de Derecho y la democracia".
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