“Elementos para un pacto fiscal para el desarrollo en Chile”. Así se titula el documento de cuatro páginas que entregó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a representantes de las seis ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), ayer, en el marco del inicio oficial de las conversaciones con distintos actores políticos, económicos y sociales para sentar las bases ya no solo de una reforma tributaria, sino que de un más amplio “pacto fiscal”, como lo ha denominado el Ejecutivo.
El texto sirve como una de las primeras bases oficiales que dan pistas de lo que busca concretar Hacienda de aquí a fines de julio, cuando pretende reingresar vía insistencia la reforma tributaria en el Senado, para así darle viabilidad política a una de sus reformas más emblemáticas y de la cual depende parte importante de su programa de Gobierno.
En esta línea, el documento fija los ejes de las políticas que se buscarán financiar con los cambios impositivos.
De esta manera, se definen siete “necesidades y prioridades de gasto”, siendo la primera el incremento en el valor y la cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU), así como “otros costos fiscales” de la reforma previsional, dice el documento.
La segunda prioridad es la reducción de las listas de espera para atenciones quirúrgicas y consultas de especialidades. El tercer objetivo es el fortalecimiento de la atención primaria y de la salud mental, mientras que una cuarta política a solventar es la sala cuna universal.
Como quinto foco está el financiamiento del sistema nacional de cuidados y en sexto lugar una mayor inversión en seguridad ciudadana.
El séptimo punto prioritario tiene que ver con un tema anunciado durante la cuenta pública del Presidente Gabriel Boric del primero de junio: “Compensación profesores afectados por municipalización (reparación deuda histórica)”.
De esta forma, el gobierno oficialmente reitera que parte de la nueva recaudación de los cambios impositivos se destinará a solventar algún mecanismo compensatorio para los profesores.
El documento excluye de los gastos a solventar los cambios que prepara el Ejecutivo para el Crédito con Aval del Estado (CAE), en medio de presiones de partidos oficialistas para condonar la deuda estudiantil. En su cuenta pública, Boric señaló que una vez resuelta la reforma tributaria se enviará un proyecto para abordar el tema CAE, el que contará con su propio financiamiento.
Los principios del nuevo sistema
Al inicio del texto, Hacienda plantea diez principios que considera deben regir el nuevo sistema impositivo.
El primero se refiere a la “legalidad”, entendida como que “solo por Ley se pueden aplicar impuestos”. El segundo es la “justicia tributaria”, señalando que la legitimidad del régimen “ descansa en su capacidad para dar un trato justo a los contribuyentes, gravando los hechos económicos de manera objetiva, equitativa y progresiva, evitando tanto cargas desproporcionadas o confiscatorias, como exenciones injustificadas”. El principio de “eficiencia económica” se refiere a que el sistema tributario debe contribuir a una “eficiente asignación de los recursos en la economía, estimulando la inversión, la productividad, la competencia, la innovación y la sostenibilidad”.
En cuarto lugar, la “no afectación” se entiende como que los impuestos deben ingresar a fondos generales de la nación y “no estar afectados a fines específicos”.
Por “reciprocidad”, se entiende que el Estado y los organismos públicos “tienen el deber de usar los recursos provenientes de la recaudación tributaria con transparencia y eficiencia”.
La sexta directriz se relaciona con el “compromiso con el cumplimiento tributario”, una “responsabilidad tanto legal como ética de los contribuyentes”, calificando como “condenable” el uso de resquicios legales para evadir impuestos.
Los otros principios son la “simplicidad”, la “educación y asistencia al contribuyente”, y la “estabilidad y certeza”, mediante el cual el sistema tributario “debe ser estable en el tiempo y ofrecer certezas a los contribuyentes, de modo de reducir los riesgos asociados a cambios normativos.
El concepto de “adaptabilidad” se refiere a que el sistema tributario “debe ser capaz de adaptarse a cambios en la estructura económica, la tecnología y a las necesidades y posibilidades de los contribuyentes”.
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