Tras varias semanas de tira y afloja, finalmente el Gobierno decidió retirar el veto al proyecto de ley que les otorga tutela laboral a los funcionarios públicos.
De esta forma, la propuesta legal, que busca darles la opción de recurrir a la justicia a los funcionarios del Estado en caso de ver afectados algunos de sus derechos fundamentales, como la libertad de expresión, quedaría lista para ser promulgada como ley.
Con esta decisión, el Gobierno da un paso al costado en esta discusión, reconociendo que en esta materia no contaría con los votos necesarios en el Congreso para modificar la propuesta.
Sin embargo, no estaría escrita la última palabra en este tema. Así lo señaló el subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, quien explicó que "hemos preferido tratar este tema en una ley especial".
Cabe señalar que el veto presentado por el Ejecutivo buscaba modificar la norma que permitía a la Dirección del Trabajo fiscalizar las relaciones en materia de tutela laboral en el Estado.
Sobre esto, el veto del Ejecutivo proponía que la Contraloría esté a cargo de esto. El veto, además, señalaba que los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden no podrían invocar la tutela laboral.
Los detalles de lo aprobado
En simple, el proyecto despachado por el Congreso -y que el Gobierno intentó modificar- tiene por objetivo incorporar a las relaciones laborales del sector público el procedimiento de tutela laboral consagrado en el artículo 485 del Código del Trabajo, algo que en términos legales no era posible, ya que el primer artículo de dicha legislación establece que todos los trabajadores de la administración pública quedan excluidos de la legislación laboral, por regirse por regulaciones diferentes.
Sin embargo, el proyecto despachado estableció que "el procedimiento de tutela laboral beneficia a todos los trabajadores, incluidos los funcionarios de la administración pública, del Congreso Nacional, del Poder Judicial, de las empresas públicas; igualmente a los trabajadores del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, del Servicio Electoral, de la Contraloría General de la República y del Banco Central; y a aquellos que sus propias leyes declaren como autónomos".
Una pugna histórica
Hasta el 2013, las causas promovidas por funcionarios públicos en los juzgados laborales eran muy pocas, ya que predominaba el procedimiento oficial para ellos: recurrir a la Contraloría General de la República.
Sin embargo, el escenario cambió en 2014 cuando se observó un aumento relevante en el número de causas de este tipo, temática que luego tomó presencia en la Corte de Apelaciones, la Suprema e incluso el Tribunal Constitucional.
Esto terminó impulsando una serie de propuestas legislativas para regular el tema, ya que había entidades que concluían que los trabajadores públicos sí podrían recurrir a la justicia -como la Corte Suprema-, mientras que otras como el TC reiteraban que eso no era posible.
Finalmente, las mociones de diversos senadores dieron forma a la propuesta que fue despachada el 18 de agosto por parte del Senado, y que fue respaldada por organizaciones como la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
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