José Carlos Prado
Aunque todavía no se conoce el detalle financiero de la extensión del post natal a seis meses anunciado el lunes por el gobierno, el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) tomó los costos actuales del sistema y realizó una proyección en base a las modificaciones presentadas por el Ejecutivo.
Según Cecilia Cifuentes, experta del Programa Económico y Social de la entidad, al considerar la erradicación completa del mal uso de licencias médicas por enfermedad grave del hijo menor de un año, el costo fiscal es nulo. De hecho, recuerda que en los grupos Tantauco ya se consideraba este escenario.
La economista explica que si se toma en consideración que en 2009 el gasto fiscal por permiso pre-post natal ascendió a US$ 245 millones -correspondiente a un período total de 18 semanas- y se agregan 12 semanas con los topes vigentes (66 UF), el gasto fiscal adicional sería de US$ 163 millones.
Sin embargo, como el proyecto rebaja el tope de la extensión a 30 UF y utilizando los porcentajes de mujeres que cotizan, trabajan y se embarazan por quintiles de ingreso, se obtiene que la reducción del tope del subsidio disminuye el gasto en un 10%. Es decir, cerca de US$ 145 millones sería el costo fiscal de la extensión del subsidio.
Ahora bien, Cifuentes sostiene que tomando en cuenta que el subsidio por enfermedad del hijo menor de un año representó un gasto fiscal de US$ 167 millones en 2009 y que la ministra del Trabajo señala que un 90% de estos subsidios son fraudulentos, su total erradicación implica costo cero para el Estado.
“Si el fraude se logra reducir a la mitad (US$ 75 millones de ahorro), el costo fiscal de la política sería de US$ 70 millones”, agrega.
De todos modos, recuerda que también hay un costo, que es difícil de calcular, en el control y fiscalización de la licencias. También, habría que considerar que el gobierno estima en
US$ 50 millones promedio el costo de ampliar la cobertura del beneficio.
Costo en el empleo
Ante este escenario, la experta concluye que si bien la extensión del post natal es de bajo costo fiscal, advierte de sus efectos sobre la economía y la empleabilidad de las mujeres.
“Se debe medir también el costo para las empresas, que en algunos casos mantienen el ingreso de la mujer, y por lo tanto la reducción del tope representaría un gasto significativo, el costo de un reemplazo más prolongado, y el costo para las mujeres, a través de una incorporación más difícil al mercado del trabajo”, indica.
Es más, Cifuentes recalca que si Chile asimilará su nivel de participación laboral femenina a un país de desarrollo similar, el Producto Interno Bruto (PIB) sería un 10% mayor aproximadamente.
“Tener a la mujer inactiva es un costo gigantesco por las restricciones que sea. El gobierno se ha puesto como meta subir la tasa de participación femenina y este proyecto va en contra de este objetivo. Desde mi perspectiva, veo mayores costos de eficiencia que fiscales”, concluye.
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