Históricamente, la partida del Tesoro Público es una de las más discutidas cada año en la tramitación de la ley de Presupuestos.
La denominada “caja chica” del Fisco contempla una serie de gastos e ingresos que son motivo de interés para los legisladores, como la entrega de subsidios, los ingresos generales de la nación, operaciones complementarias (que contiene, por ejemplo, las provisiones por el financiamiento de proyectos de ley comprometidos, pero no ingresados aún al Congreso), los fondos soberanos, el aporte fiscal libre, el servicio de la deuda soberana del país y los aportes a las empresas estatales.
Todo aquello explica el intenso debate que se generó ayer en la primera subcomisión especial mixta de Presupuestos, hasta donde arribó la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, acompañada de la número dos de la repartición, Sereli Pardo, y el jefe de la División de Finanzas Públicas, David Duarte.
En la instancia, presidida por la senadora Ximena Rincón (Demócratas) se visaron importantes artículos de la partida, pero otros quedaron pendientes para un debate en mayor profundidad en el marco de la comisión especial mixta de Presupuestos.
¿La razón? Esperar mayor información que entregue la Dipres para resolver algunas dudas de los parlamentarios.
De esta manera, ayer se aprobaron los artículos que contemplan los aportes y funcionamiento de algunos de los fondos soberanos, como el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) y el Fondo para la Educación, así como el aporte fiscal libre.
Sin embargo, se discutirán en la siguiente etapa los ingresos del Fondo de Apoyo Regional (FAR), el Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo (Fdtac) y el Fondo de Contingencia Estratégico.
Este último, destinado a solventar gastos para la Defensa, fue motivo de las principales discusiones, ya que el Ejecutivo nuevamente suspendió los aportes a este instrumento, al igual que en los años de la pandemia, lo que fue cuestionado por el presidente de la Corporación, Juan Antonio Coloma (UDI) y la senadora Rincón, quienes cuestionaron el eventual efecto sobre las capacidades de la Defensa en caso de ocurrir nuevas catástrofes naturales en 2024, y que el Presupuesto no puede modificar una ley permanente. En esto fueron sorpresivamente secundados por la senadora y timonel socialista, Paulina Vodanovich.
Martínez se defendió señalando que el financiamiento de largo plazo del sector defensa está resguardado, independiente de este aporte fiscal.
Debate sobre la deuda
Otro de los artículos que quedó pendiente fue el las operaciones complementarias, a la espera de más detalles del Ejecutivo sobre los compromisos a solventar que aún no son ingresados al Parlamento; los subsidios, ante cuestionamientos sobre el otorgamiento de nuevas pensiones de gracia en el marco del estallido social; las empresas públicas, para así requerir más información respecto a la evolución de su endeudamiento; y el servicio de la deuda.
Este último artículo generó una intensa discusión. La Dipres entregó más información sobre el uso de los hasta US$ 21.000 millones en endeudamiento autorizado para el próximo año, de los cuales US$ 19.500 millones son operaciones “sobre la línea”, o sea, que no afectan el patrimonio del Fisco.
En específico, Martínez desglosó los US$ 19.500 millones que requiere el Fisco el próximo año, de los cuales la mayoría corresponde a financiar el déficit efectivo del sector público, el otorgamiento de préstamos (con un rol importante del Ministerio de Vivienda para entregar créditos a empresas constructoras, capitalización de empresas públicas, amortizaciones de deuda y un margen prudencial conservador de recursos (ver tabla).
Dicha explicación no fue suficiente para el grupo de senadores y diputados, por lo que el debate se realizará nuevamente en la comisión especial mixta que funcionará desde noviembre.
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