Su debut ante la principal comisión técnica del Congreso en materia fiscal tuvo este lunes el director de Presupuestos (Dipres), José Pablo Gómez.
El ingeniero tuvo su primer exposición ante la comisión especial mixta de Presupuestos, instancia que agrupa a diputados y senadores y que será la principal instancia de discusión del erario en los próximos meses.
Muestra de la importancia de la cita, es que Gómez arribó con parte importante de la plana mayor de la Dipres: el subdirector de Presupuestos, Claudio Martínez; su jefa de gabinete, Mónica Bravo; el subdirector de Racionalización y Función Pública, José Ignacio Llodrá; la jefa de la Unidad Jurídica, Francisca Domínguez; el jefe del área de Ingresos Públicos, Diego Vivanco; el coordinador macroeconómico, Arturo Claro; la jefa de Programación Presupuestaria de Mediano Plazo, Margarita Vial; el jefe del Departamento de Planificación, Diseño y Monitoreo de Programas, Roy Rogers; y el jefe del Subdepartamento de Estudios, Mauricio Carrasco.
En la instancia, que se extendió por alrededor de dos horas, el jefe de servicio repasó la ejecución presupuestaria del primer semestre de este año, marcada por un aumento de 5,5% de los ingresos públicos y un déficit efectivo acumulado en los últimos 12 meses de 2,2% del PIB.
"Vemos un cambio de tendencia en materia de déficit fiscal", señaló el director de Dipres, a la vez que abordó lo que considera son cuatro temas que buscaría desarrollar en la discusión del Presupuesto 2027, que ingresará a discusión parlamentaria a más tardar el 30 de septiembre.
Una idea que puso sobre la mesa es no solo debatir respecto del Presupuesto del año 2027, sino también para el mediano plazo, pensando hacia el 2031.
"La ley de Responsabilidad Fiscal exige coherencia y visibilidad con el gasto de mediano plazo, para mejor decidir. No existe mecanismo formal para ello, por lo cual se solicita a la comisión especial mixta de Presupuesto el análisis de este punto", dijo Gómez.
Un segundo punto que puso sobre la mesa se relaciona con el debate sobre los gastos permanentes, ya que la Constitución establece que no se pueden rechazar los gastos establecidos en leyes permanentes, lo que en la práctica plantea que no solo se aprueban gastos en las prestaciones, sino también los desembolsos operativos para la entrega de esos beneficios: "Existe una serie de gestión asociados a la entrega de beneficios permanentes. Se recomienda una definición de trabajo que dé más coherencia con el sentido constitucional y a la vez que permita una votación más informada de parte de ambas cámaras".
Racionalizar las cargas de información y glosas presupuestarias es el tercer apronte para el debate que planteó Gómez, señalando que en el Presupuesto anual existen 3.300 glosas, de las cuales el 50% corresponde a información. Estas generan 16.000 obligaciones de informar para los distintos organismos estatales. Así, se propone iniciar un proceso de evaluación del "modo mejor" de cumplir las necesidades de información.
Un cuarto tema se relaciona con la revisión del artículado de la ley, para que sea analizado por las subcomisiones de Presupuestos y que no se revise recién en la mixta de Presupuesto para, así, "mejorar la tramitación" del proyecto.
Análisis de que cada peso se gaste bien
En el marco de los cambios institucionales que está llevando adelante la Dipres, Gómez dio a conocer cuatro ejemplos de análisis que está llevando adelante el gobierno del correcto uso de recursos en programas estatales, destacando algunos del área social como la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Subsidio Único Familiar (SUF), el Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS-49), el Aporte Previsional Solidario (APS) de Invalidez, e instrumentos de medición como el Registro Social de Hogares (RSH), y el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS).
Respecto a la PGU, cuyo gasto fiscal asciende a cerca de US$ 5.800 millones y beneficia a más de 2,2 millones de personas, Gómez adelantó que se está revisando que los beneficiarios cumplan con los requisitos de patrimonio e ingresos totales del grupo familiar, fallecidos y menores de 65 años, entre otros.
Esto, considerando que el requisito para recibir la PGU es no pertenecer al 10% más rico de la población