Gremios de Mipymes le entregan a Hacienda un documento solicitando medidas de apoyo al sector
Entre las solicitudes destacan el cuantificar los impactos que el alza del sueldo mínimo y la rebaja en la jornada laboral podrían tener en las MiPyme, la renegociación del crédito Fogape y modificaciones a la Ley de Pago a 30 días.
Por: Amanda Santillán
Publicado: Jueves 28 de abril de 2022 a las 17:01 hrs.
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Durante esta mañana, los gremios de micro y pequeñas empresas (MiPymes) entregaron al ministro de Hacienda, Mario Marcel, un documento con propuestas de medidas “urgentes” para apoyar su situación económica.
El documento, elaborado por la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), la Unión Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Unapyme) y la Confederación Nacional Dueños de Camiones (CNDC), apunta a iniciativas en siete áreas distintas para enfrentar la crisis derivada de la pandemia.
Esto se da después de que el día de ayer los gremios firmaran el acuerdo con el gobierno en torno al subsidio para las Pymes por el alza del salario mínimo.
A nivel macroeconómico, se presentaron propuestas para que el gobierno “materialice desde el Estado una estrategia de industrialización focalizada en las ventajas comparativas del país”, junto a mantener un tipo de cambio “lo suficientemente alto” y una tasa de interés “lo suficientemente baja”.
También, se pidió cuantificar los impactos que el alza del sueldo mínimo y la rebaja en la jornada laboral podrían tener en las MiPyme, considerando su aplicación gradual. Mientras que se propone que la reducción de la jornada sea “un proceso paulatino de dos reducciones”, con una en 2022 y otra para llegar a las 40 horas en 2024.
Otra medida es una mayor participación gremial en las políticas públicas, creando la Mesa de Trabajo Gobierno MiPyme “a la brevedad y con alta frecuencia de reuniones”.
En tanto, acerca de recuperación económica, se solicita implementar un paquete de medidas con recursos focalizados, con liquidez y solución a los problemas financieros derivados de la pandemia.
Además, ponen el acento en una “Ley de Insolvencia y Re-emprendimiento” con capítulo especial MiPymes, un plan de prevención con municipios, organizaciones sociales y policías “para evitar la delincuencia y saqueos en revueltas sociales y marchas”, y mantener y prolongar las rebajas de impuestos.
Junto a alternativas de renegociación de pagos previsionales y patentes atrasadas, y los embargos en curso, también se solicita un plan de apertura de nuevos negocios a emprendedores “libre de excesiva burocracia en trámites estatales con sistemas integrados y digitalizados”.
BancoEstado y demandas sectoriales
Entre las medidas también hay algunas dedicadas a BancoEstado, solicitando la renegociación del Fogape para MiPyme, además de ampliar la filial de Microempresas del banco, focalizado en compañías afectadas por la pandemia, segmentos menos o no formalizados y nuevos emprendimientos de innovación y mercados emergentes.
En cuanto a la Ley de Pago a 30 días, se propone que las facturas no pagadas no puedan usar el IVA (crédito) y que se apliquen multas e intereses a las empresas que no cumplan con los plazos estipulados en la Ley. También se solicita una revisión de los contratos de excepción que quedaron en esta Ley.
Otra área de medidas tienen que ver con el mercado, proponiendo que se genere un nuevo mercado para las Pymes en el área de las compras públicas, asegurando que lo menos el 80% de los montos tranzados sean a las compañías de menor tamaño.
En conjunto, se apunta también a la integración de las MiPymes en los planes de reindustrialización nacional y que se permita la actualización de precios de la oferta ante Compras Públicas, a raíz de la “situación económica local y mundial”.
Las demandas sectoriales que trae el documento entregado a Hacienda contemplan poner en tabla la ley de ferias libres y flexibilizar las normas y exigencias laborales al sector turismo y restaurantes.
Para la industria del turismo se solicita eliminar restricciones sanitarias de funcionamiento, medidas para generar liquidez como línea de crédito para lograr capital de trabajo con 100% garantía del Estado y “aumentar considerablemente” los recursos de promoción nacional e internacional durante 2022 y 2025.
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