Un respaldo transversal recibió el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) sobre salario mínimo en el punto referido a la entrega de un aporte a las familias para compensar el aumento del valor de la Canasta Básica de Alimentos, como consecuencia de la inflación que en marzo trepó a 9,4% en doce meses.
Claudia Martínez, académica del Instituto de Economía de la Universidad Católica, calificó como “acertado” focalizar el apoyo al alza de la canasta básica en familias del 60% más vulnerable. También señaló que “establecer un mecanismo que determine el monto de este apoyo ante eventuales aumentos de precio en el futuro puede generar tranquilidad en las expectativas de estas familias”.
Una visión similar expuso Fabián Duarte, director del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. El académico considera una “buena opción” el mecanismo diseñado, y planteó que otras propuestas que se escucharon en las últimas semanas -como la fijación de precios- son “malas políticas”. Así, precisó que “las que van en la dirección de entregar recursos, o vouchers con descuentos son las más apropiadas, si la idea es suavizar el costo de la canasta básica”.
El director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo, coincide en que “es un buen mecanismo el propuesto”. Destaca que se pague por carga familiar y que esté graduado, siendo de menor monto para ingresos mayores y hasta un límite de $ 836.000. “Es positivo porque es por carga y también porque es de fácil administración y rapidez, y también porque es focalizado”, dijo, precisando que alcanza también al Subsidio Único Familiar (SUF).
Carolina Molinare, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (UDP), resalta que la propuesta de compensación “posee un fundamento técnico que la sustenta”, ya que considera la variación nominal interanual de la canasta básica de alimentos. También destaca que proporciona una ayuda a un “tema sensible” como lo son los alimentos, “sin provocar mayores distorsiones en el mercado como lo serían políticas de control vía precios, subsidios a productos específicos o reducción del IVA que tiene un impacto fiscal importante”.
La académica explica que la iniciativa no cambia el escenario inflacionario, porque el beneficio entregado es acotado, pero sí permite subsidiar la caída de los ingresos reales de las familias de bajos recursos en relación a su poder de compra de alimentos. También señala que si bien la medida irroga gasto fiscal, se ajusta al espacio presupuestario que tiene el gobierno.
Mercado se alinea
El respaldo transversal al mecanismo también se extendió entre los analistas de mercado. Por ejemplo, Francisca Pérez, economista principal de BCI Estudios, considera que la propuesta “es la manera correcta de entregar ayudas a las familias, a través de subsidios directos y focalizados, no generalizados”.
En la misma línea, plantea que “hay que aprovechar” que las fichas del Registro Social de Hogares se encuentran actualizadas luego de la pandemia.
La experta espera un avance mensual del IPC de 1,1% en abril, y de 8,7% anual a fines de 2022. Dice que la inflación mostrará “leves aumentos”, pero más hacia la segunda mitad del año, ya que “hay un rezago en su impacto”.
Alejandro Fernández, gerente de Estudios de Gemines, calificó como “pésimas” alternativas que se habían planteado -como fijar precios o bajar el IVA-. En ese contexto, señala que la propuesta acordada es “muy buena”. También resalta que es un beneficio focalizado que utiliza un instrumento ya existente -la asignación familiar-, y dice que “es una excelente forma de enfrentar la coyuntura inflacionaria para quienes más lo necesitan”.
En su opinión, el impacto sobre el IPC es “marginal”, ya que el impacto macro de la medida es bajo, porque los montos involucrados son pequeños. Así, estima que el IPC de abril rondaría el 1% frente a marzo y que el indicador cerraría el año sobre el 8%.
Martina Ogaz, analista de Euroamérica, considera “positivo” el anuncio del subsidio, ya que es focalizado en las familias de menores recursos y que “sufren en mayor medida los efectos de la inflación en su presupuesto familiar”. Coincide en que el impacto sobre el IPC es “acotado” por su focalización, y porque no implicará un mayor gasto fiscal o un aumento de la liquidez. Para abril proyecta una inflación mensual de 1,1% y para el año de 9,6% en doce meses.
Marco Correa, economista jefe de BICE Inversiones, coincide en que es una medida positiva por su focalización, y en que los efectos sobre la inflación deberían ser acotados. Pero advierte que “un punto relevante es la permanencia en el tiempo de esta medida y su forma de financiamiento”. El economista calcula que en abril el IPC subiría entre 0,8% y 0,9% mensual, y en un rango de 8% a 8,5% en el año. Agrega que la medida “podría producir una mayor alza en los precios de bienes que son consumidos por las personas de ingresos más bajos, como los alimentos”.
Desde Banco Santander, Carmen Gloria Silva coincide en que el aporte “es positivo”, y dice que “permitirá aliviar, en parte, el aumento en el costo de la vida”. Recalca que se basa en instrumentos de política pública ya existentes y es focalizado, y dice que en la medida que los gastos se financien con reasignaciones, se mantiene el marco presupuestario, lo cual no agrega presiones sobre los precios.
Alerta que, en caso de que haya un gasto adicional a lo contemplado en el Presupuesto, “podrían generarse algunas presiones adicionales, aunque acotadas”, y plantea que para abril esperan una variación de la inflación en torno a 1,1% y para el cierre de año algo por sobre 8%.
Desde Itaú Análisis Económico indican que “una transferencia directa, de acuerdo a lo propuesto por el Ejecutivo, es una medida efectiva para apoyar a los hogares ante el choque de inflación”. Advierten que “existe el riesgo que se busque aumentar significativamente el monto de estas transferencias, considerando los elevados montos del IFE universal”, y agregan que también está el riesgo que la medida transitoria se transforme en permanente, “pensando que la inflación debiese de permanecer elevada por un tiempo”.
El alza que se propondrá para el salario mínimo también fue respaldada por los analistas. Pero también hubo señales de alerta respecto a los posibles efectos negativos sobre el empleo y la formalidad -sobre todo de MiPyme-, punto que destacaron Fernández, Ogaz, Silva y el mundo académico.
Correa precisó que, el incremento del salario mínimo cercano al 15% produciría un aumento en la inflación anual, centrada en los meses siguientes al ajuste, que serían junio y septiembre, según la última información del gobierno.
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