En su último año como jefa de la cartera que vela por los derechos de las mujeres en Chile, la ministra Antonia Orellana asegura que seguirán trabajando para consolidar un conjunto de políticas públicas que permitan que todas puedan “acceder más plenamente a sus derechos en todos los ámbitos de sus vidas”.
La Ley N° 21.675, orientada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género; la Ley N° 21.523, conocida como Ley Antonia; la Ley N° 21.565, que establece un régimen de reparación para víctimas de femicidios y sus familias; y la Ley N° 21.484, que establece un procedimiento especial para el pago efectivo de las deudas por pensiones de alimentos, son algunos de los avances que Orellana destaca de su gestión, junto a la contribución en leyes lideradas por el Ministerio del Trabajo que impactan a las mujeres, como la Ley Karin (N° 21.643) o la Ley sobre conciliación de la vida personal, familiar y laboral (N° 21.645).
“Hemos avanzado en políticas de Estado que permitirán a las mujeres de nuestro país ejercer más plenamente sus derechos”, destaca la secretaria de Estado.
Bajo la perspectiva de la ministra, estos logros son un reflejo del denominado “Chile para Todas”, una agenda impulsada por el Gobierno y que busca que la equidad de género “permee en áreas clave como la economía, la salud, la educación y el trabajo”, precisa, mientras valora que las políticas que se están diseñando o instaurando actualmente consideran su impacto en la vida de las mujeres desde su diseño hasta su implementación.
“Creo que dejaremos un país más preparado para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres”, dice la ministra, y recalca que gracias a la normativa que establece el pago efectivo de las deudas por pensiones alimenticias, se han realizado órdenes de pago por $ 1,38 billones (millones de millones), “una cifra que equivale -en promedio- a más de 33 veces el monto recaudado por la Teletón”.
Orellana también destaca la modernización de SernamEG, que en 2024 “permitió quintuplicar las representaciones jurídicas a víctimas de violencia grave o extrema”, algo que atribuye a la creación de los nuevos Centros de Atención Especializada, presentes en todas las regiones del país.
Los ejes de 2025
Para este año, la titular de la cartera asegura que buscarán “consolidar estos avances” con la modernización del sistema de atención a víctimas de violencia de género, a través de la implementación de un “sistema integrado” que forma parte de la implementación de la Ley N° 21.675, el cual permitirá que las instituciones involucradas en el abordaje de estos casos puedan acceder a un sistema de medidas de protección y políticas públicas para hacer mejor seguimiento a los casos.
Además, dice que buscarán mejorar la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, para lo cual han propuesto a la Contraloría General de la República modificaciones al reglamento. Y una vez que tengan la resolución, darán la pelea por la legalización del aborto, a partir de un proyecto que ponga al centro “la experiencia de las mujeres y la importancia de que ellas puedan planificar sus proyectos de vida”, adelanta la autoridad.
La modificación del régimen de sociedad conyugal -que se debate en el Congreso desde 2008- es otra de las iniciativas que seguirán promoviendo desde la cartera: “Es un acto de justicia que nuestro país tiene pendiente”, precisa Orellana, y añade que en el ámbito de la autonomía económica de las mujeres y corresponsabilidad de los cuidados, su prioridad es sacar adelante la agenda Sala Cuna para Chile. “Confío en que, dada su relevancia para la participación laboral de las mujeres, contaremos con apoyos transversales”, dice sobre sus expectativas para este proyecto.
Sobre lo que es necesario consolidar, menciona como ejemplo las legislaciones en materia de cuidados, donde destaca el ingreso de un proyecto de ley para institucionalizar y proyectar el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (Chile Cuida), con el objetivo de establecer los cuidados como el cuarto pilar de la protección social en el país. En este ámbito, indica que siguen trabajando junto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia en la instalación de los primeros 100 Centros Comunitarios de Cuidados y en el Registro Nacional de Personas Cuidadoras, que hasta enero ya contaba con 157 mil personas inscritas.
“Nos propusimos avanzar y no retroceder en los derechos de las mujeres y seguiremos trabajando en ello”, concluye.
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