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Con calculadora trabajaron ayer en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para alinear al oficialismo y lograr que hoy no prospere en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que permite el retiro de un 10% de los fondos ahorrados en las AFP para hacer frente a los efectos sociales y económicos de la pandemia.
La Cámara de Diputados tiene 155 parlamentarios y para aprobarse el proyecto en general se necesita un quórum de 3/5, es decir, 93 votos. La oposición cuenta 83 apoyos considerando a los independientes, por lo tanto se necesitan sumar 10 sufragios desde Chile Vamos.

Desde RN, el diputado Andrés Celis anticipó temprano que votaría a favor de la idea de legislar.
"Ya informé en la reunión de bancada que voy a votar a favor de la idea de legislar de retirar el 10% de los ahorros, no puedo oponerme a discutir que aquellas personas con necesidades especiales por enfermedad terminal o que están por perder sus casas, puedan tener esta facilidad".
Con esta postura se habrían alineado otros parlamentarios de esa colectividad, lo que encendió las alarmas en la sede de Gobierno y, de hecho, se convocó en horas de la tarde de ayer a una reunión urgente a los jefes de bancada de Chile Vamos.
En la cita en dependencias del Ministerio del Interior, los ministros del Comité Político encabezados por Gonzalo Blumel y el de Hacienda, Ignacio Briones, insistieron en lo negativo de apoyar el proyecto y pidieron al oficialismo cuadrarse con el Ejecutivo en orden a considerar inconstitucional la norma.
Al término de la reunión, el jefe de bancada de RN, Sebastián Torrealba, dijo que le pidieron al Gobierno un "esfuerzo adicional para apoyar a la clase media" en medio de la actual coyuntura, pues consideran "insuficiente" los anuncios del domingo.
Así las cosas, hoy el resultado es incierto y será muy estrecho. De todas formas en el oficialismo apuestan a que no se logrará el quórum requerido y que, en circunstancias que llegara a prosperar, queda abierta la posibilidad de recurrir en su momento al Tribunal Constitucional para impugnar la norma o vetar la normativa.
Los números de Hacienda
Horas después de que finalizó la reunión con los diputados de Chile Vamos, Hacienda y la Segpres enviaron una serie de minutas a los parlamentarios detallando los argumentos para frenar esta iniciativa y comparándola con el préstamo estatal presentado el domingo.
Así, en uno de los documentos alertaron que para el 52% de los afiliados que no cotizan, el retiro solo allegaría recursos menores. "Así, 8 de cada 10 personas de este grupo recibirían menos de $ 600 mil por única vez y 4 de cada 10 virtualmente cero. Si uno considera los trabajadores desempleados o suspendidos, se tiene que la mitad de ellos recibiría menos de $ 600 mil por única vez", detalla el documento.
Por otra parte, advirtieron que quienes promueven la propuesta no han definido "a qué clase media se refieren y si acaso el retiro estaría condicionado solo a aquellos que han experimentado caídas en sus ingresos".
Desde Hacienda acogieron parte de las solicitudes de los parlamentarios del oficialismo e indicaron que el préstamo estatal -de $ 650 mil mensual por cuatro meses- no estará afecto a impuesto alguno ni a retenciones de carácter administrativo ni será embargable.
"No será compensado por Tesorería contra otras deudas que se puedan tener con el Fisco. En esta línea, es importante destacar que el hecho de estar en Dicom no será impedimento para acceder a este préstamo estatal", precisa la minuta.
En el documento enviado por la Segpres, se advirtió que suponiendo una rentabilidad promedio real anual de 4%, "el impacto en las pensiones es más de tres veces superior para afiliados del primer decil de ingresos que para afiliados del decil superior de ingresos".
Por ejemplo, si una persona del primer decil con un saldo de $ 3,4 millones, al retirar $ 650 mil, su pensión retrocedería 12%. Mientras, un afiliado del decil 10 que sume fondos por $ 46,7 millones, su jubilación podría caer sólo 3,8%.
Gobierno presentó indicaciones por posnatal
Ayer en la comisión de Trabajo del Senado, el Gobierno oficializó el acuerdo alcanzado con la oposición en torno al posnatal de emergencia el viernes. De esta forma, ingresó las indicaciones a su proyecto de ley y así crear una "licencia médica preventiva parental".
El compromiso del Ejecutivo fue crear esta licencia preventiva, a la cual podrán acceder quienes hayan usado el permiso posnatal parental, habiendo vencido a partir del 18 de marzo de este año.
Las indicaciones fueron presentadas por el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, quien entregó más detalles en torno al tema, en un sesión en que también participó la ministra del Trabajo, María José Zaldívar.
Según se señaló, el permiso se extenderá por un periodo de 30 días, el cual podrá renovarse dos veces por el mismo plazo "en tanto se mantengan vigentes las condiciones". También tendrán acceso a esta licencia los trabajadores independientes que hubieren hecho uso del permiso parental.
"El subsidio derivado de la licencia médica preventiva parental será de cargo de la Institución de Salud Previsional a la que se encuentra afiliado el trabajador o del Fondo Nacional de Salud, según corresponda. La cobertura del subsidio será obligatoria para estas instituciones. Sólo podrá rechazarte por incumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley", es parte de lo que dicen las modificaciones presentadas ayer por el Ejecutivo.
En la comisión, hubo reparos a algunos aspectos, temáticas que el Ejecutivo se comprometió a analizar para agilizar el debate en torno a la propuesta.
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