Un categórico rechazo de parte del Panel de Políticas Públicas de la Universidad Católica hubo a la afirmación propuesta en esta ocasión respecto a que “nuestro código penal debería contar con la posibilidad de aplicar la pena de muerte”.
La medición, realizada en alianza con Radio Pauta y Diario Financiero, se tradujo en que un 93% de las respuestas de los 29 panelistas -de distintas áreas y sensibilidades políticas- se manifestó en contra del planteamiento. Específicamente, el 69% mostró estar muy en desacuerdo ante la posibilidad, el 24% en desacuerdo y solo un 7% de acuerdo.
Por edad, disciplina y género, las respuestas en ningún caso respaldaron la afirmación y, además, demostraron altos niveles de seguridad al momento de responder.
El académico de la Escuela de Gobierno UC, Mauricio Duce, sostuvo que es uno de los resultados donde han tenido mayor consenso en la historia del panel, porque también está considerando el alto grado de seguridad en la respuesta.
Además, explicó que hoy no hay antecedentes que den cuenta de que este tipo de medidas genere una baja de la delincuencia. “La evidencia a nivel mundial, es que la tendencia que se detecta en todo el mundo es la disminución paulatina de países que ocupan la pena de muerte. Hoy hay muchos países que han derogado legal o fácticamente la pena de muerte”, afirmó el abogado.
Duce explicó que se hicieron cargo del tema considerando que el país está en un escenario de candidaturas presidenciales, donde la seguridad será un eje clave y donde importa lo que muestre la literatura para el debate.
Francisco Covarrubias, rector U. Adolfo Ibáñez: “No podemos volver atrás en los avances civilizatorios de la sociedad”.
Pilar Larroulet, académica del Instituto de Sociología UC: “Con toda la evidencia disponible, no parece responsable volver a la discusión de la pena de muerte como si esta fuese siquiera una solución para los desafíos que hoy enfrenta el país”.
Paulina Saball, exministra de Estado: “La eliminación de la pena de muerte es un avance civilizatorio al cual no podemos renunciar; está vinculada directamente al respecto irrestricto de los derechos humanos que hemos comprometido y declarado como país”.
Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP: “Más allá de los tratados internacionales firmados por Chile, que impiden retroceder en este tipo de decisiones, considero que ningún acto humano, por terrible que sea, puede justificar la pena de muerte, menos aún en las condiciones económicas, sociales y políticas actuales”.
Fotos: Julio Castro y Aton
Ante ese escenario, “todo se empieza a discutir como solución a un problema y toda la evidencia te dice que en realidad no hay nada que diga que la pena de muerte va a tener un impacto relevante en la disminución de delitos de pena capital”, explicó el académico.
Para la investigadora e integrante del Panel, Pilar Larroulet, son múltiples las razones para oponerse a la medida planteadas.
En términos de control del delito, opinó que la evidencia es “extremadamente consistente” en demostrar que no tiene un efecto disuasivo en la población y en términos de incapacitación tiene el mismo efecto que una cadena perpetua.
También mencionó un tema de equidad, pues dijo que la literatura sugiere disparidades en quien recibe la pena, dependiendo de la raza tanto de la víctima como del ofensor.
Finalmente, añadió, la justicia también falla. “Este último punto nos expone a los dilemas éticos de la pena de muerte. Con toda la evidencia disponible, no parece responsable volver a la discusión” de este tema como solución para los desafíos que enfrenta el país.
El compromiso internacional
Otro punto que se puso sobre la mesa en esta discusión, es que Chile está suscrito a tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana que tiene una norma de no retroceso.
Duce sostuvo que “los países que derogaron no pueden volver a instalarla o aquellos que tienen no pueden ampliarla a otros ámbitos donde no hay”.
“En Chile tenemos ciertos deberes y compromisos adquiridos a nivel internacional”, sostuvo. También concluyó que es necesario que en el debate no se discuta “con propuestas al aire, sino que hacerse la pregunta: ¿Hay evidencia de que esto va a tener un impacto positivo?”.
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