Por segunda vez, el jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi, concurrió hasta la comisión investigadora de la Cámara de Diputados del caso Monsalve. ¿La razón? Entregar información respecto a las decisiones tomadas por La Moneda cuando se enteró del caso donde el exsubsecretario del Interior es investigado por abuso sexual y si recomendó removerlo de inmediato.
Sin embargo, la sesión terminó forma abrupta cuando Crispi, en reiteradas oportunidades ante consultas de la oposición, señaló que la interpretación que él tiene de lo manifestado por la Contraloría General es que tiene el deber de asistir, pero no puede revelar conversaciones privadas con el mandatario en el marco de su función legal como asesor.
Lo anterior llevó al presidente de la comisión, el diputado Miguel Mellado (RN), a señalar luego de una hora de sesión que “le informo que remitiremos los antecedentes a Contraloría para que se proceda a un procedimiento disciplinario y se le aplique una multa. Y como usted no va a responder las preguntas, esta sesión se levanta”.
La sesión había comenzado con las consultas de la diputada Flor Weisse (UDI), quien le dijo a Crispi que según la Contraloría él tiene la obligación de asistir y aportar información como todos los funcionarios públicos en las comisiones investigadoras y que “sus conversaciones no son secretas”.
Sin embargo, Crispi le señaló que, según su interpretación, lo que el órgano de control ha señalado es que “hay deber de concurrir y de colaborar y que hay ciertas excepciones de comunicaciones que pueden ser privadas”.
Enfatizó que “como asesor y jefe de asesores cumplo una función legal, me da la obligación de dar asesorías y consejos el Presidente de la República y quiero decir que dada esa función legal que cumplo tengo la obligación de guardar reservas, porque la función legal que ejerzo no sería posible sin ese secreto que la protege, en mi contrato hay una cláusula de confidencialidad”.
Luego de escuchar a Crispi, la diputada Gloria Naveillán (P. Libertario), le señaló que “es impresionante que teniendo a mano su contrato por transparencia, diga que aparezcan cosas que no aparecen. Tengo claro que no quiere responder” y solicitó oficiar a la Contraloría “para evaluar la legalidad de que algún contrato le quitaría una facultad constitucional a la Cámara de Diputados de fiscalizar”.
Crispi insistió en que “dada la función legal que cumplo no puedo compartir información del espacio de deliberación que tengo con el Presidente. Hay contenidos que no puedo difundir. No es que no esté diciendo la verdad”.
Atenerse a lo que dijo la contralora
En tanto, el diputado Diego Ibáñez (FA) señaló que no corresponde “tratar de mentiroso a quien se invita” y agregó: “¿Qué culpa tiene un trabajador que cumple con su contrato y no le da el gustito de responder lo que a usted le va a dar cobertura en la prensa?”, en referencia a Mellado y pidió “atenernos a lo que dijo la contralora y terminemos con el show”.
A la comisión estaba invitado también el jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, quien no pudo intervenir debido al término anticipado de la sesión.
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