La unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente solicitó ayer al 8º Juzgado de Garantía de Santiago la primera audiencia de formalización en el llamado caso Penta. En esta primera etapa, la solicitud se funda en el marco de una indagatoria por los delitos de lavado de activos, delitos tributarios, cohecho (respecto a funcionarios públicos) y soborno (respecto a los particulares).
En particular, la fiscalía pedirá formalizar a los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín por soborno y delitos tributarios, previstos y condenados en el artículo 97 N° 4 inciso primero del Código Tributario, que sanciona "las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda (...) o el empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto, con una multa del cincuenta por ciento al trescientos por ciento del valor del tributo eludido y con presidio menor en sus grado medio a máximo".
Además, se incluye en esta primera nómina a Manuel Antonio Tocornal Blackburn -gerente general corporativo del grupo Penta-; Samuel Irarrázaval Larraín; y Carlos Bombal, asesor del holding- por los mismos delitos tributarios.
La última persona incluida en la lista para formalizar es Pablo Wagner, ex ejecutivo del grupo y ex subsecretario de Minería, en este caso por cohecho y lavado de activos.
En la lista no aparece Hugo Bravo, ex funcionario de confianza de los controladores de Penta, ni tampoco otros ejecutivos del grupo y políticos que han aparecido en el caso como beneficiarios de aportes que fueron hechos de forma ilegal. Según entendidos, estas formalizaciones vendrán más adelante.
Para hoy se espera que el tribunal se pronuncie entregando una fecha. Se especula que podría producirse recién en marzo, ante la alta carga que tiene; sin embargo, cercanos al caso no descartan que la corte pueda hacer un espacio en su agenda para avanzar con celeridad en el caso.
Tras el anuncio de la Fiscalía, el abogado de Délano y Lavín, Julián López, en conferencia de prensa señaló que la audiencia "es un paso lógico que estábamos esperando y no es ninguna sorpresa" (ver nota secundaria).
Con todo, cercanos a la investigación cuentan que la defensa de los controladores de Penta estarían en conversaciones con la fiscalía para avanzar hacia un juicio abreviado. Por lo mismo, se habrían acercado durante la semana a prestar declaración de forma voluntaria. En este caso, trascendió que Lavín y Délano negociarían una condena de cuatro años con libertada vigilada. Sin embargo, una condición en la que no transaría el ministerio Público, es en la restitución de todos los dineros defraudados.
Tercera arista
Por otra parte, más allá de la arista política que se encontró en el caso, la carpeta de la investigación -a la que tuvo acceso Diario Financiero- revela oficios que envió el fiscal Carlos Gajardo a la Superintendencia de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras pidiendo antecedentes para verificar eventuales infracciones a la Ley de Bancos y de Mercado de Valores.
Una vez que estos reportes sean enviados, se evaluarían nuevas formalizaciones o ampliación de aquellas, señalan cercanos al caso.
El golpe del enigmático fiscal que "no le teme a los poderosos"
Fue el 29 de julio de 2014 cuando el Fiscal Carlos Gajardo encabezó personalmente el operativo dentro de las Empresas Penta. Junto a Pablo Norambuena y José Luis Villalobos llevó a cabo las diligencias en las instalaciones de la compañía ubicadas en pleno barrio El Golf, en la calle El Bosque.
Y es que ser parte de los operativos en terreno es una de las características del fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad -cargo que asumió en mayo de 2014- en sus investigaciones. Igual técnica utilizó en el caso que resolvió el asesinato de Diego Schmidt-Hebel por parte de María del Pilar Pérez, más conocida como La Quintrala.
Dicha causa también lo llevó a una gran exposición mediática, experiencia que le ha jugado a favor en el desarrollo del caso Penta, el cual ha estado marcado por las críticas a las filtraciones que ha tenido el caso.
Sin embargo, el hermetismo también es algo que define a Gajardo, quien durante todo el proceso investigativo del Caso Penta, solamente se refirió un par de veces a los avances del proceso.
Otra característica que define la personalidad de este fiscal es su seguridad, la que ha demostrado a lo largo de estos meses, donde ha sido ampliamente cuestionado. Por una parte la UDI lo ha acusado de ser el responsable de las filtraciones a la prensa, mientras, en una conversación de los imputados gravada por Hugo Bravo, éstos lo calificaron de "ambicioso y loco".
Pero la frase "no hay que tenerle miedo a los poderosos" es la que definitivamente lo marcó. Así lo recordó él mismo en el discurso que dio durante el funeral de su padre en el año 2011, según comentan sus cercanos.
Julián López: "Las imputaciones no involucran de manera alguna a las empresas del holding"
Julián López, el abogado que defiende a Carlos Eugenio Lavín y a Carlos Alberto Délano, socios fundadores y controladores de grupo Penta, declaró ayer en conferencia de prensa que "las imputaciones (que se han realizado) no involucran de manera alguna a las empresas que operan en el área bancaria, financiera, de salud, ni de seguros, entre otras" del holding, como, por ejemplo, Banco Penta o Penta Security.
López explicó que estas compañías "tienen administraciones separadas y altamente profesionales, en las cuales no se presentan las irregularidades materializadas bajo la influencia de otra administración, que es la que aquí está cuestionada".
Además, el abogado señaló que los pagos que se le efectuaron al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, "se hicieron en su calidad de ex ejecutivo de la empresa". Por este hecho, la fiscalía presentará cargos por supuesto delito de soborno contra Lavín y Délano, entre otros miembros del grupo.
López también destacó que sus defendidos han detectado que "existen errores e irregularidades dentro del manejo contable de algunas de las sociedades de inversiones", donde si bien han precisado que ellos no eran los encargados directos de las compañías cuestionadas ni son los autores de las irregularidades detectadas, sí han expresado que "les corresponde asumir y no pretenden eludir".
Asimismo, el abogado resaltó que la controversia principal que mantienen con la fiscalía es que ellos aseguran que los hechos imputados constituyen infracciones a las leyes tributarias y a las de financiamiento electoral, pero en ningún caso son delitos penales.
Con todo, concluyó que sus representados "admiten que han cometido errores, el principal de los cuales es no haber implementado medidas de control que evitaran que en algunas de sus sociedades de inversión imperara una estructura de malas prácticas que nunca debió existir".
(Nota de la redacción: en la versión papel de este artículo se incluyó como uno de los formalizados a Samuel Irarrázaval, gerente de la corredora de bolsa de Penta. Queremos aclarar que el formalizado en cuestión es Samuel Irarrázaval Larraín).
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