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Publicado: Lunes 5 de diciembre de 2016 a las 04:00 hrs.
Si hay un lugar donde los socios de los grandes estudios de abogados van y vuelven al mundo de la política es en Estados Unidos. La duda estaba en si el presidente electo, Donald Trump, seguiría con la “tradición” de reclutar a prestigiosos litigantes para puestos claves.
Lo cierto es que lo hizo y a la fecha son varios los socios y abogados de las denominadas “Biglaw” (grades firmas) que han sido incorporados al equipo de transición para integrar nada menos que el Departamento de Justicia de ese país.
Entre los nombres más destacados están Gregory G. Katsas, socio de Jones Day (oficina que cuenta con más de 2.500 abogados repartidos en cinco continentes). Katsas vuelve así a una institución en la que estuvo hace años, entre 2001 y 2009, antes de pasarse al sector privado. Trump además llamó a sus filas al experto Brian Benczkowski, socio de Kirkland & Ellis (firma con 1.700 abogados y oficinas en tres continentes). Este abogado, antes de unirse al despacho, en 2010, trabajó como asesor legal del Partido Republicano y ocupó diferentes puestos en la fiscalía estadounidense.
Otros integrantes del equipo del presidente electo de Estados Unidos son el socio de McGuireWoods (con 1.000 abogados en 23 oficinas alrededor del mundo), J. Patrick Rowan, quien fue jefe de la División de Seguridad Nacional; el socio de Morgan, Lewis y Bockius (con 2.000 profesionales y 29 oficinas), Ronald Tenpas, que antes se desempeñó como director de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y la abogada de Morrison & Foerster, Jessie Liu, quien previo a ejercer nuevamente la práctica privada fue funcionaria en las divisiones de Seguridad Nacional y Derechos Civiles de Estados Unidos.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.