Manifestando su preocupación por el proyecto que busca rebajar en un 50% el impuesto específico a las gasolinas automotrices y petróleo diésel, un grupo de actores de la sociedad civil, academia, y del sector público y privado, todos miembros del Comité Asesor por la Acción Climática de Chile, presentaron una carta abierta a diputados y diputadas, recalcando que la propuesta favorece desproporcionadamente a los sectores de mayores ingresos y afecta gravemente el interés público.
La iniciativa que se discute en el Congreso -que se aplica en caso de y durante la vigencia de un estado de excepción constitucional o alguna calamidad pública que afecte o comprometa gravemente el empleo e ingresos de la ciudadanía-, logró el 6 de julio la aprobación en general de la idea de legislar en la comisión de Hacienda.
Los 25 actores que firman la misiva -como Andrea Rudnick, Carlos Finat, Claudio Seebach, Juan Sutil, Maisa Rojas, Sara Larraín, Marcelo Mena- sostienen que ante la crisis económica es mucho más efectivo brindar ayuda al costo de vida de los primeros quintiles y tomar medidas focalizadas en las zonas extremas, mientras no haya alternativas más limpias y accesibles económicamente para movilizarse y calefaccionarse.
Reducir estos impuestos es “socialmente regresivo” y “contaminante”, dicen. Según argumentan, con una baja del impuesto, los principales beneficiados serán hogares de ingresos altos, ya que el quintil de mayor ingreso paga el 80% de la recaudación del impuesto. Agregan también implica una pérdida de recaudación al Estado del orden de US$ 1.000 millones al año, en momentos en que más fondos públicos se requieren para ir en ayuda de los más necesitados.
También se recuerda que se han asumido compromisos vinculantes ante la comunidad internacional y se está construyendo una ley marco de cambio climático que, de acuerdo a los estándares internacionales, considera entre sus principios el de progresividad y el de no regresión. En ese marco, aseguran, “esta iniciativa contradice los esfuerzos sostenidos del país y va en contra de los lineamientos internacionales para hacer frente a la crisis climática”.
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