Por Jimena Catrón/Miguel Bermeo
Oscuro se ve el futuro de los proyectos Castilla, de MPX, propiedad de Eike Batista, y Energía Minera, de Codelco. Esto debido a que ambas iniciativas han sufrido en el último tiempo cambios que hacen peligrar las aprobaciones medioambientales que habían recibido anteriormente. Y el efecto podría no ser menor, no sólo por el inminente escenario de crisis de abastecimiento eléctrico para los próximos años, sino porque estas centrales son las dos principales iniciativas termoeléctricas del país.
En el caso del proyecto de Codelco, Energía Minera (CTEM), la semana pasada se reactivó el proceso sancionatorio que está llevando a cabo la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Valparaíso en contra del complejo termoeléctrico.
Pero, ¿a qué sanciones se expone? Desde multas de 500 UTM (poco más de $18 millones), a incluso la revocación de la aprobación del proyecto, que contempla una inversión de US$ 1.700 millones y una inyección de 1.050 MW al SIC.
Entre las razones que fundamentan este proceso se cuentan el supuesto no cumplimiento por parte de Energía Minera a la resolución de calificación ambiental (RCA), al no haberse pronunciado respecto a las observaciones realizadas por el Seremi de Salud y del SAG sobre la propuesta de verificación de compensación de emisiones de azufre de la central.
La etapa sancionatoria, que comenzó en junio del año pasado, y que a comienzos de 2012 fue suspendido a petición de Energía Minera a la espera de que la CEA de Valparaíso interpretara la RCA, comenzó a avanzar nuevamente luego de que este último organismo señalara que no se podía pronunciar respecto a la resolución debido a que, justamente, el proceso se encuentra en fase sancionatoria.
En la industria miran con recelo a la central de Codelco, considerando que se ubica en las comunas de Puchuncaví y Quintero, a aproximadamente 3 kilómetros al sureste de Ventanas, zona que ya carga con un alto rechazo de parte de la población.
En el caso de Castilla, el proyecto sufrió un duro revés la semana pasada, cuando el concejo municipal de Copiapó aprobó, por unanimidad, el cambio de uso de suelo a una zona de Punta Cachos, lugar donde se debiera emplazar la central cuya capacidad de generación es de 2.100 MW para inyectar al SIC, y que demandaría una inversión de US$ 4.000 millones. Este cambio implica que si antes se podían instalar industrias molestas, ahora sólo se pueden ubicar industrias inofensivas (no contaminantes). Aunque esta medida no tiene un efecto retroactivo, sí tiene una consecuencia importante: si la Corte Suprema falla que el proyecto debe volver a presentarse (por considerar que el cambio del proyecto de “contaminante” a “molesto” fue ilegal), en esta ocasión no podría ser aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental debido a que el uso de suelo no lo permite.
El siguiente paso es que el Serviu se pronuncie sobre la compatibilidad de esta modificación con las ordenanzas más generales de urbanismo y construcción.
Esta causa se encuentra a la espera de que se produzca la segunda reunión de avenimiento entre Castilla y sus oponentes, la que se debiera llevar a cabo el 24 de julio próximo.
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