Las razones de abogados y contadores para rechazar propuesta que los obligaría a reportar operaciones sospechosas

Un rechazo transversal entre abogados y contadores concitó la propuesta del director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, quien en entrevista con DF sostuvo que es partidario de que ambas profesiones pasen a integrar el catálogo de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

El presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza, indicó que el tema fue analizado esta semana en el consejo de la entidad porque “hubo mucha preocupación respecto a la propuesta de un jefe de servicio. Pero si hay una propuesta legislativa queremos tener la oportunidad de poder dirigirnos al órgano respectivo y plantear ahí nuestras observaciones y sugerencias”.

Explicó que se trata de un anhelo de la UAF, pero añadió que “los anhelos públicos no equivalen a políticas públicas y no hemos visto, ni sabido, que haya una iniciativa parlamentaria que tienda a violentar el secreto profesional, ni transformar o imponer a los abogados una carga personal nueva y distinta a las que están en la ley vigente”.

Mendoza agregó que el problema parece estar en las capacidades de fiscalización, más que en la extensión de las redes o en la obligación de declarar que tienen los sujetos en Chile frente a la UAF, “más aún cuando tiene entre sus beneficios la ruptura del secreto bancario...parece que el problema está ahí, en que no tienen una capacidad analítica real”, enjuició.

El presidente del Colegio de Contadores, Osvaldo de la Fuente, planteó que ellos se rigen por un Código de Ética internacional, “siguiendo principios fundamentales de integridad, competencia, diligencia profesional y la confiabilidad en la información que nos entrega la empresa en la que trabajamos”.

Sostuvo que, por lo mismo, no tienen autorización ética de entregar información.

Secreto profesional

La socia Recabarren & Asociados, Soledad Recabarren, dijo que esta idea no es nueva, y recordó que el Servicios de Impuestos Internos (SII) en el año 2016 intentó que los abogados entregaran información sobre los encargos realizados por clientes. “Pero hay un deber de secreto profesional que tienen los abogados junto a la obligación de reserva que de vulnerarse por el profesional puede sancionarse penalmente”, y agregó que justamente en virtud de estas disposiciones, el SII se desistió de su pretensión. “Hoy la UAF pretende que abogados y contadores violen su deber de confidencialidad, y esperamos que al igual que en el pasado, la autoridad no persista en esta pretensión ilegal”, enfatizó.

Por su parte, la abogada y socia del estudio Sarmiento & Walker, Elisa Walker, sostuvo que lo planteado por la UAF es una “propuesta inadecuada”porque genera una tensión con el secreto profesional que tienen los abogados y que de prosperar imposibilita que los abogados resguarden la necesaria confidencialidad que debe existir entre la relación profesional con el cliente. “En ese sentido, espero que esta sea una propuesta que no avance. Las labores de la UAF son importantes, pero no todo medio se justifica para el fin que ellos persiguen”.

La jurista añadió que esta idea pone en jaque el derecho de defensa que tiene toda persona. “Esta no es una buena propuesta y no me cabe duda que se pueden buscar otros mecanismos para lograr el fin que persigue la UAF, pero no puede ser a costa de las personas, menos anulando el derecho de la defensa que se resguarda con el deber de confidencialidad”.

Para el socio de BCP abogados, Juan Ignacio Piña, el gran problema está en la implementación de la medida. “Cómo se garantiza que para el cumplimiento de obligaciones de este tipo no vas a afectar la relación abogado-cliente desde la perspectiva de la confidencialidad y la reserva, o no va afectar el derecho a la defensa que está establecido en la Constitución para todo sujeto que necesita la intervención de un abogado”.

Plantea que “hay que cuidarse con salir espantado diciendo que no en todos los casos, la pregunta es otra, ¿somos capaces de articular un mecanismo que consiga el objetivo del reporte de operaciones sospechosas?, que es muy valioso, porque el lavado de activos es un delito muy complicado. Esa es la pregunta para la cual aún no tenemos una propuesta concreta”.

Precisó que la propuesta no se trata de un “invento” de la UAF, “es un correlato de obligaciones internacionales de las que tenemos que hacernos cargo, pero hagámoslo bien y no terminemos afectando otras garantías igual de fundamentales”.