Un total de 129 gremios empresariales firmaron una declaración pública a favor de la industria salmonera, que se ha movilizado activamente en contra de una indicación del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que removería, a futuro, las concesiones acuícolas de reservas nacionales y forestales.
Los salmoneros y sus trabajadores se han manifestado en contra, incluso con marchas y protestas en ciudades del sur del país como Puerto Montt, Aysén, Puerto Natales y Quellón, y reclaman que la iniciativa podría tener un fuerte impacto en los 70 mil empleos que otorga el sector.
El proyecto vivirá hoy su votación clave en la Comisión Mixta del Congreso y aún no está claro cuál será el resultado. La mañana de este lunes, el senador Matías Walker, que forma parte de la comisión, recibió a trabajadores salmoneros en el parlamento. "Todos ellos, preocupados por la indicación del Gobierno que afectará su trabajo. ¡Y no, no los dejaremos solos!", twitteó tras el encuentro.
Ahora, gremios de diversos rubros como la agricultura (Fedefruta, Fedeleche, Sofo), comercio, turismo y transportes se sumaron a esta presión. De parte de las salmoneras, también suscribió SalmonChile.
"Estamos de acuerdo en que exista buena regulación, sobre todo si va en la línea del cuidado del medio ambiente, pero debe ser de largo plazo y con visión de futuro. Este es un importante proyecto, pero rechazamos la indicación que modifica el Artículo 158 de la Ley General de Pesca que impactará entre un 30% y 40% de la industria del salmón, uno de los principales rubros de la economía que genera 70 mil empleos en la macrozona sur", abre la carta.
Las alertas
La declaración argumenta que un 41% de las concesiones no se podrán renovar, afectando a un 60% de la industria salmonera. Asimismo, dicen que el proyecta impacta tanto a centros de cultivos como a plantas de proceso, lo que afectaría a una cadena productiva donde participan más de 5 mil Mipyme entre Ñuble y Magallanes. Esto explicaría la participación de otros sectores en la declaración.
"Se estima que la pérdida de puestos de trabajo en caso de prosperar esta iniciativa será de un 30 a 40%, afectando sobre todo a mujeres que son las que en su gran mayoría trabajan en plantas de proceso donde se concentra más de la mitad de los trabajadores de la industria", advierte la misiva.
Así, la carta llama a rechazar la indicación. "Instamos al Gobierno a buscar una alternativa que no perjudique al tercer producto más exportado de Chile (tras el cobre y el litio), con foco regionalista y descentralizador, llegando a sectores aislados donde muchas veces el Estado no llega, como zonas postergadas de La Araucanía, territorios insulares y regiones extremas como Aysén y Magallanes", cierra la carta.
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